Luego de permanecer dos años en una lista de vigilancia, Cuba debía haber sido bajada de nuevo al nivel tres ─el peor─ en el Informe anual sobre el tráfico de personas de EE.UU., pero en el reporte 2017 publicado este martes por el Departamento de Estado decidió mantener a ese país un año más en observación, considerando que ha hecho esfuerzos significativos, al menos en el área de la trata sexual.
El informe anual sobre trata de personas del Departamento de Estado incluye cuatro categorías: Nivel 1, para las naciones que cumplen con las normas mínimas de Estados Unidos; Nivel 2, que incluye a aquellos que están haciendo esfuerzos significativos para lograrlo; «Lista de vigilancia» del Nivel 2, para aquellos que merecen un escrutinio especial; y Nivel 3 para los países que no cumplen plenamente con las normas mínimas de Estados Unidos y no están haciendo esfuerzos significativos para lograrlo.
Los países del Nivel 3 pueden enfrentar sanciones, entre ellas la pérdida de la asistencia de Estados Unidos y del apoyo de Washington para recibir préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, hasta que haya una profunda revisión.
En el informe 2017, el apartado correspondiente por países señala que Cuba no reúne todas las normas mínimas para la eliminación de la trata sexual, pero se le reconocen “esfuerzos significativos” en el período reportado, en cuanto a procesar y sentenciar a traficantes sexuales; ofrecer servicios a las víctimas; publicar un reporte sobre las medidas tomadas por el Estado y coordinarlas entre los diferentes ministerios.
Cuba no asciende de la lista de observación hacia el nivel 2 sin asterisco, entre otras razones, porque el código penal no criminaliza todas las formas de la trata de personas; no se prohíbe, persigue y ni siquiera se admite la posibilidad de que el trabajo forzado afecte a sus nacionales en misiones médicas en el exterior, y tampoco se observó un mayor esfuerzo que en el período previo.
Luego de mantenerla desde 2011 hasta 2014 en el nivel 3 de la clasificación, la administración Obama ubicó a La Habana a partir de 2015 en la relación de países del nivel 2 pero bajo escrutinio (2WL), que incluye a aquellos cuyos gobiernos no cumplen estrictamente con las normas mínimas de la Ley de protección a las víctimas del tráfico (TVPA) de EE.UU., pero están haciendo esfuerzos significativos para ajustarse a esos estándares.
La imparcialidad del informe 2015 fue cuestionada en un extenso reportaje de la agencia Reuters, en el cual 12 fuentes amparadas en el anonimato opinaron que las conclusiones relativas a 14 países, entre ellos Cuba, Malasia, China, India, Uzbekistán y México, fueron alteradas debido a presiones ejercidas por altos funcionarios de Estados Unidos.
En el caso de Cuba, en el reporte publicado a cuatro meses del inicio del deshielo habría predominado la valoración del Departamento de Asuntos del Hemisferio Occidental de la cancillería por sobre la Oficina para Monitorear y Combatir el Tráfico de Personas, con “un número de recomendaciones rechazadas que sugiere ─ escribió Reuters─ un nivel de intervención nunca antes visto por diplomáticos en un informe que puede conducir a sanciones y es la base de las políticas antitráfico de muchos países».
Acerca del trabajo forzado, el informe 2017 incluye por primera vez el trabajo no remunerado en la agricultura de los estudiantes de preuniversitario.
Sobre las denuncias de trabajo forzado en la labor de los cooperantes cubanos de la salud enviados a misiones en el exterior, expone diversos puntos de vista acerca de las presuntas amenazas de represalias a la familia, restricción de movimiento, amenazas de revocación de licencia, vigilancia después del trabajo, etc.
El documento afirma que el gobierno es el principal empleador en la economía cubana incluso para los participantes en misiones en el extranjero que, dice, comprenden a 84.000 cooperantes en 67 países y constituyen una fuente significativa de ingresos para el gobierno.
En el informe 2017 Estados Unidos recomienda a Cuba:
*Promulgar una ley integral de lucha contra la trata que prohíba y castigue con rigor todos los modos de trata de personas, incluido el trabajo forzado, el tráfico sexual de niños de 16 y 17 años y toda la gama de actos de trata, que incluyen el reclutamiento, transportación, hospedaje o recibiemiento de las víctimas.
*Investigar y enjuiciar enérgicamente el tráfico sexual y los delitos de trabajo forzado.
*Proporcionar capacitación especializada a los gerentes de empresas estatales para identificar y referir a las víctimas del trabajo forzado.
*Implementar políticas para prohibir la fuerza, el fraude o la coerción en la contratación y retención de empleados en dichas empresas.
*Capacitar a los responsables de hacer cumplir el código laboral en la detección de indicadores de formas de trata y educar a los trabajadores sobre los indicadores de la trata y dónde denunciar las violaciones relacionadas con el tráfico.
*Aplicar un plan de acción nacional contra la trata en el período 2017-2020, en colaboración con organizaciones internacionales.
*Aplicar políticas y procedimientos formales sobre la identificación de todas las víctimas de la trata y su remisión a los servicios apropiados y capacitar a funcionarios.
*Adoptar políticas que proporcionen asistencia especializada específica para las víctimas de la trata de mujeres y hombres, incluidas medidas para garantizar que las víctimas no sean castigadas por actos ilícitos cometidos como resultado directo de ser víctimas de trata sexual o trabajo forzado.
(Con información de Martí Noticias)
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