Después de las protestas por el hambre, el presidente Maduro dio a los generales todo el poder sobre la comida. «Si Venezuela pagara los precios del mercado, podríamos importar el doble y fácilmente satisfacer las necesidades de nuestra población», manifestó Werner Gutiérrez, profesor de agronomía en la universidad de Zulia.
«El Estado también está obligado a evitar que la corrupción ande campeando en todos los niveles de la administración pública», afirmó el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López.
El director de operaciones de Premier Foods, con sede en Caracas, Luis Peña aseveró: «Es una cadena continua de corrupción desde que los alimentos llegan en barco llega hasta que los transportan en camiones. Al final es el cliente el que paga».
Daniel Arteaga, un operador de grúas en Puerto Cabello, dice haber observado a funcionarios estatales enterrando centenares de contenedores de carne, pollo y granos podridos, «Enterraron tantos contenedores de pollo y de carne mientras uno tiene que hacer su cola todas las semanas, y solo te dan un pollo», dijo, «Me hizo sentir triste, porque el gobierno preferiría perder esta comida en vez de regalarla o venderla», continuó diciendo Arteaga.
Pedro Contreras, de 74 años, barría en medio del tráfico en Puerto Cabello granos de maíz que caían de los vehículos, «El ejército está engordando mientras mis nietos enflacan», sentenció, «Toda la comida venezolana pasa por aquí, pero poca llega a nosotros».
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