
La decisión del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito sobre el I‑220A podría tener consecuencias para cubanos cuyos casos todavía están pendientes. La abogada de inmigración Claudia Cañizares advirtió que el fallo crea un precedente que dificulta los argumentos utilizados en otras demandas para obtener la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano, incluida la demanda Bello‑Rubio.
Durante una transmisión con Cuba en Miami, Cañizares explicó que el impacto trasciende a la familia que presentó el recurso. Según su evaluación, los abogados con litigios sujetos al precedente del Undécimo Circuito deberán revisar sus estrategias frente a una resolución que rechaza equiparar la liberación con I‑220A al parole necesario para el ajuste.
“Los casos de Miami, los casos que están en Tampa, desafortunadamente sí”, respondió al ser consultada sobre el alcance de la decisión en otras demandas.
Su advertencia no significa que esos procesos hayan sido desestimados automáticamente. Lo que cambia es el marco jurídico en el que tendrán que defenderse los argumentos: ahora existe una opinión publicada del tribunal de apelaciones que aborda directamente una cuestión central de esos litigios.
El fallo, emitido el 17 de noviembre de 2026 en el caso Aguiar‑Fernandez contra el fiscal general de Estados Unidos, rechazó la petición de una familia cubana que buscaba ajustar su estatus. La familia argumentaba que su liberación de custodia debía considerarse parole por aplicación de la ley, aunque las autoridades le hubieran entregado formularios I‑220A.
Los jueces concluyeron que la liberación condicional bajo la sección 1226 no equivale al parole bajo la sección 1182(d)(5)(A). También determinaron que cuestionar la autoridad legal utilizada por DHS no transforma automáticamente una liberación condicional en ese parole.
Para Cañizares, el carácter de precedente es uno de los aspectos más preocupantes. El Undécimo Circuito establece que sus opiniones publicadas son vinculantes dentro de su ámbito judicial, lo que obliga a considerar esta interpretación en otros casos donde resulte aplicable.
Al abordar la demanda Bello‑Rubio, la abogada reconoció que sería difícil presentar el caso de una manera que permitiera distinguirlo de la cuestión ya resuelta. Aun así, sostuvo que los equipos legales necesitan estudiar las opciones antes de definir sus próximos pasos.
Cañizares aclaró que su análisis era inicial. Había leído la resolución, pero todavía no había escuchado la audiencia oral ni revisado todos los argumentos presentados en el expediente. La decisión acababa de publicarse y, según explicó, también era necesario conversar con los clientes involucrados en las demandas pendientes.
Una de sus críticas se centró en la relación entre la detención obligatoria y la autoridad para liberar a una persona. La abogada considera que el fallo no desarrolla suficientemente el razonamiento que permite tratar determinadas liberaciones como parole condicional cuando, bajo la interpretación que ella defiende, correspondía utilizar otra disposición legal.
El tribunal, por su parte, enfocó su análisis en lo que DHS realmente concedió a la familia. Señaló que sus documentos identificaban una liberación condicional y que la agencia había rechazado expresamente una solicitud de parole humanitario.
Ante ese escenario, la recomendación de Cañizares fue revisar la estrategia de cada expediente con el abogado que lo lleva. Explicó que algunas personas podrían mantener el argumento para preservarlo ante futuras revisiones, mientras otras podrían concentrar sus esfuerzos en el asilo, según las circunstancias particulares de su caso.
La abogada también mencionó la posibilidad de que otro circuito federal adopte una interpretación favorable. Se refirió a una apelación en el Segundo Circuito y planteó que una decisión contraria sobre la misma cuestión podría generar un conflicto entre tribunales.
Una discrepancia de ese tipo podría fortalecer una solicitud de revisión ante la Corte Suprema, aunque no obligaría al máximo tribunal a aceptar el caso. Sus reglas establecen que esa revisión es discrecional.
Otra posibilidad que mencionó fue una solución legislativa que incluyera a los cubanos con I‑220A. Sin embargo, la presentó como una alternativa futura, no como un beneficio aprobado ni como una respuesta inmediata al fallo.
La resolución no elimina la Ley de Ajuste Cubano ni ordena deportaciones colectivas contra quienes tienen I‑220A. Sí establece un obstáculo para quienes pretenden demostrar el requisito de parole únicamente mediante esa liberación condicional.
Aunque calificó la decisión como “devastadora”, Cañizares afirmó que continuará evaluando alternativas: “Si podemos seguir luchando por ustedes, lo vamos a seguir haciendo”.





