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Raúl Castro y ley en Florida. Imagen creada con IA. Foto: Chat GPT
La orden estatal de arresto contra Raúl Castro podría tener consecuencias si abandona Cuba, incluso para recibir tratamiento médico. Así lo advirtió este lunes 19 de octubre el fiscal general de Florida, James Uthmeier, al presentar en Miami una nueva actuación judicial por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
Durante una conferencia de prensa en la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida (FIU), Uthmeier aseguró que el procedimiento busca llevar al exgobernante cubano ante un tribunal y limitar su posibilidad de desplazarse por otros países sin exponerse a una detención.
La advertencia contempla un escenario concreto: que Castro viaje a un país dispuesto a tramitar una solicitud estadounidense de extradición. El fiscal incluyó entre esas posibles salidas los desplazamientos por motivos médicos.
La extradición, sin embargo, no sería automática. Requeriría actuaciones de las autoridades estadounidenses y una decisión del país donde fuera localizado, conforme a los acuerdos y las leyes aplicables.
Una orden de arresto sin derecho a fianza
Según la información difundida por la Fiscalía General de Florida, la orden atribuye a Castro un cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, relacionado con la muerte de Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.
El documento fue firmado por Ariana Fajardo Orshan, jueza presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, y establece que la orden se emita sin derecho a fianza.
La acusación estatal sostiene que Castro tuvo responsabilidad en la cadena de mando que autorizó el ataque contra las aeronaves civiles el 24 de febrero de 1996, cuando ocupaba los cargos de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y primer vicepresidente de Cuba.
Uthmeier rechazó que el derribo pudiera considerarse un hecho accidental y atribuyó al entonces jefe militar la decisión de ordenar la operación. Esas afirmaciones forman parte de la posición de la Fiscalía y deberán ser probadas judicialmente: la orden de arresto no equivale a una condena.
Antecedentes: el derribo que marcó al exilio cubano
El caso se remonta a la salida de tres avionetas de Hermanos al Rescate desde el aeropuerto de Opa-locka, en Miami-Dade. La organización realizaba vuelos para localizar a migrantes cubanos en peligro en el estrecho de Florida. Dos de las aeronaves fueron destruidas por misiles disparados desde cazas cubanos. Murieron sus cuatro ocupantes.
La acusación federal presentada este año sostiene que las avionetas estaban desarmadas, volaban fuera del territorio cubano y fueron atacadas sin advertencia. También señala que agentes de inteligencia infiltrados en la organización transmitieron a La Habana información sobre sus operaciones aéreas.
Tres de las víctimas eran ciudadanos estadounidenses: Costa, De la Peña y Alejandre. Morales era residente legal en Estados Unidos. Treinta años después, el derribo continúa siendo una herida abierta para sus familiares y para la comunidad cubanoamericana del sur de Florida.
La presunta conspiración desde Florida
Uno de los fundamentos del nuevo procedimiento es la supuesta participación de agentes cubanos que operaban dentro de Florida. Según la declaración jurada descrita por la Fiscalía estatal, integrantes de la Red Avispa se infiltraron en Hermanos al Rescate, recopilaron información sobre sus vuelos y enviaron datos a los servicios de inteligencia del régimen.
Las autoridades vinculan esas actividades con la denominada Operación Escorpión y con la preparación del ataque. La Fiscalía sitúa parte de las actuaciones investigadas en los condados de Miami-Dade y Monroe. Esa conexión territorial sustenta su argumento para perseguir una presunta conspiración bajo las leyes de Florida, aunque el derribo ocurriera fuera del estado. En la investigación participan la Oficina de Procesamiento Estatal y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, conocido como FDLE.
Contexto legal: qué supone la advertencia de extradición
La declaración de Uthmeier eleva la presión sobre los posibles viajes de Castro, pero una orden emitida en Florida no permite que agentes estatales lo detengan directamente en otro país.
El Departamento de Justicia explica que la extradición internacional se tramita entre el Gobierno federal estadounidense y el Gobierno extranjero correspondiente. Los fiscales estatales deben coordinar sus solicitudes con las autoridades federales, y el país requerido determina si se cumplen las condiciones para entregar al acusado.
Por ello, la advertencia sobre un eventual viaje médico describe una posibilidad de detención y posterior procedimiento de extradición. No significa que exista una entrega ya aprobada ni que cualquier salida de Cuba termine necesariamente en su traslado a Miami.
Un proceso estatal adicional a la acusación federal
La actuación de Florida se suma a la acusación federal ampliada anunciada el 20 de mayo de 2026 contra Castro y otros cinco acusados por el mismo ataque.
Ese expediente incluye siete cargos: uno de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, dos por destrucción de aeronaves y cuatro por asesinato. El Departamento de Justicia atribuye a los acusados distintos papeles en la planificación y ejecución del derribo.
Uthmeier destacó otra consecuencia de la vía estatal: un futuro presidente estadounidense no podría eliminar esos delitos mediante un indulto presidencial.
El alcance de esa facultad está delimitado. El presidente puede conceder clemencia por delitos federales, pero no por infracciones de las leyes estatales, según explica el propio Departamento de Justicia.
Reacciones e impacto en Miami
El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, respaldó la actuación estatal y destacó la colaboración entre ambos niveles de gobierno. La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, también recordó el sufrimiento de las familias y la persistencia de una comunidad que ha reclamado justicia durante tres décadas.
Para los allegados de las víctimas, la nueva orden representa otro avance judicial, aunque permanece pendiente el paso decisivo: que los acusados comparezcan ante un tribunal y respondan a las pruebas.
Próximos pasos: la investigación sigue abierta
La Fiscalía General de Florida dejó abierta la posibilidad de presentar cargos adicionales conforme avance la investigación. Por ahora, la novedad concreta es la existencia de una orden estatal que añade otra vía de persecución penal contra Castro. Su eventual ejecución dependerá de que las autoridades consigan ponerlo bajo custodia mediante los mecanismos legales correspondientes.
El anuncio refuerza un mensaje dirigido al antiguo gobernante cubano: el paso de tres décadas no ha cerrado el expediente por la muerte de los cuatro integrantes de Hermanos al Rescate.
