María Elvira Salazar asegura que Trump firmará una ley para regularizar a ciertos inmigrantes antes de dejar la Casa Blanca

María Elvira Salazar afirmó que Donald Trump respaldará una reforma para permitir que determinados inmigrantes indocumentados permanezcan legalmente en Estados Unidos, una declaración que vuelve a colocar la Ley Dignidad en el centro del debate migratorio y electoral en el sur de Florida.

La congresista republicana hizo las declaraciones este jueves 15 de octubre en Miami, cuando faltan menos de tres semanas para las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Su planteamiento apunta a una regularización con condiciones, sin acceso a la ciudadanía a través del programa Dignidad.

Según el reporte sobre sus declaraciones a la agencia EFE, Salazar expresó su confianza en que el presidente impulsará una solución antes de finalizar su mandato.

“Si alguien lo puede hacer es Trump, ustedes lo conocen”, afirmó la legisladora durante un evento de Miami’s Community News celebrado en Casa Cuba.

La declaración constituye una previsión de Salazar sobre lo que hará el mandatario. El material divulgado no incluye un anuncio de Trump confirmando que firmará el proyecto ni un acuerdo que garantice su aprobación en el Congreso.

Salazar sostuvo que existen conversaciones sobre una reforma migratoria y anticipó que durante los próximos dos años podría resolverse un problema que, en sus palabras, lleva cuatro décadas pendiente.

La propuesta que promueve junto a la congresista demócrata Veronica Escobar fue presentada en su versión actual en julio de 2025. Identificada como H.R. 4393, combina medidas de control fronterizo con mecanismos para que ciertos inmigrantes que llevan años en el país puedan obtener un estatus legal.

Al explicar su iniciativa, Salazar la describió como una alternativa que permitiría permanecer en Estados Unidos sin conceder ciudadanía mediante el programa Dignidad.

“Hay una legislación, que es la Ley Dignidad, que es la que yo estoy presentando, que es salomónica, no les da ciudadanía, pero a la misma vez permite que se queden con una visa ‘Dignidad’”, señaló, de acuerdo con el texto divulgado por CiberCuba.

El resumen oficial publicado por su oficina establece que el programa estaría dirigido a inmigrantes indocumentados presentes en Estados Unidos desde antes del 31 de diciembre de 2020. Contempla un período de siete años, autorización para trabajar y pagos de restitución por un total de 7.000 dólares.

Los solicitantes tendrían que superar verificaciones de antecedentes, cumplir las leyes y atender sus obligaciones tributarias. También deberían presentarse periódicamente ante el Departamento de Seguridad Nacional. Tras completar el programa, podrían solicitar un estatus Dignidad renovable, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas. Ese mecanismo no ofrecería una vía hacia la residencia permanente ni hacia la ciudadanía.

Esa limitación corresponde específicamente al programa Dignidad. El proyecto incluye disposiciones diferentes para ciertos jóvenes conocidos como dreamers, para quienes sí plantea mecanismos de acceso a la residencia permanente bajo requisitos propios.

Durante su intervención, Salazar defendió la importancia económica de los trabajadores inmigrantes y mencionó sectores como construcción, agricultura, salud, hospitalidad y alimentos. Su argumento es que Estados Unidos necesita una solución para personas que trabajan y contribuyen a esas actividades, pero carecen de un estatus migratorio estable.

Sin embargo, trabajar en uno de esos sectores no bastaría por sí solo para acceder al programa propuesto. La fecha de presencia en el país y los demás requisitos de elegibilidad seguirían siendo determinantes.

La apuesta de la congresista también enfrenta resistencia dentro de su propio partido. En mayo, Fox News documentó diferencias entre legisladores republicanos: algunos defendían la regularización de inmigrantes con años de permanencia y sin antecedentes criminales, mientras otros consideraban la iniciativa incompatible con la política de deportaciones. En aquella ocasión, un funcionario de la Casa Blanca manifestó disposición a revisar legislación, pero subrayó que la prioridad del Gobierno era aplicar las leyes migratorias existentes.

Las nuevas declaraciones llegan, además, después de las tensiones descritas en septiembre entre Salazar y Trump por la política migratoria. Según el reporte compartido, la legisladora había cuestionado el alcance de las deportaciones y advertido del malestar entre votantes hispanos. Ahora presenta al presidente como la figura capaz de lograr un acuerdo.

El mensaje tiene especial relevancia en Miami, donde numerosas familias siguen pendientes de posibles cambios que permitan estabilizar su situación migratoria. También forma parte de una campaña electoral en la que Salazar busca conservar el Distrito 27 de Florida frente al demócrata Eliott Rodríguez.

Por ahora, sus palabras expresan una expectativa política: no anuncian la apertura de un trámite migratorio ni conceden beneficios inmediatos. Para que la regularización propuesta se convierta en una opción real, tendrá que superar el proceso legislativo y convertirse en ley.