Condenan con diez años de cárcel al excongresista de Florida David Rivera por una operación encubierta vinculada a Venezuela

El excongresista republicano por Florida David Rivera fue sentenciado este viernes 2 de octubre a diez años de prisión en Miami por su participación en una operación de cabildeo encubierto vinculada al gobierno de Nicolás Maduro. La jueza federal Melissa Damian impuso la pena en un proceso relacionado con un contrato de 50 millones de dólares.

La sentencia llega cinco meses después del veredicto de culpabilidad y marca un nuevo capítulo en un caso que expuso el uso de contactos políticos estadounidenses para promover intereses extranjeros sin revelar quién financiaba las gestiones.

El contrato millonario detrás de la operación

Según el Departamento de Justicia, Rivera y la consultora política Esther Nuhfer obtuvieron un contrato con una subsidiaria de Petróleos de Venezuela, la petrolera estatal conocida como PDVSA.

Las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que ambos realizaron gestiones para favorecer los intereses del gobierno venezolano en Estados Unidos sin registrarse como agentes extranjeros.

Entre los funcionarios contactados figuraron Marco Rubio, entonces senador federal, y el representante Pete Sessions. La operación también incluyó la organización de encuentros con altos responsables venezolanos, entre ellos Maduro y Delcy Rodríguez. Los investigadores documentaron mensajes con lenguaje en clave para describir las actividades.

Siete cargos y dinero destinado a una campaña política

El jurado declaró culpable a Rivera el 1 de mayo de conspiración para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, violación de esa legislación, conspiración para lavar dinero y cuatro cargos por transacciones con bienes procedentes de actividades delictivas. Nuhfer también fue declarada culpable de delitos relacionados con la operación.

El juicio examinó tanto las gestiones políticas como el destino de los fondos. De acuerdo con el Departamento de Justicia, Rivera utilizó aproximadamente 600.000 dólares provenientes del contrato para financiar su campaña a la legislatura de Florida, además de otros usos personales. La evidencia también vinculó unos 455.000 dólares empleados por Nuhfer con la compra de una vivienda en Key Colony Beach.

La defensa sostuvo que se trataba de una consultoría comercial

Los abogados de Rivera defendieron que el contrato buscaba atraer nuevamente a ExxonMobil a Venezuela y que el exlegislador entendía que esas actividades no requerían registrarse como agente extranjero.

Durante la audiencia, su abogado Ed Shohat insistió en que no había pruebas de que Rivera hubiera actuado para apoyar personalmente a Maduro. La jueza rechazó la interpretación de la defensa sobre el manejo de los fondos y describió el expediente como un caso de lavado de dinero.

La defensa había solicitado una pena de ocho años y presentado como factores para pedir clemencia el diagnóstico de cáncer de próstata de Rivera y su situación familiar, como padre de dos hijos gemelos pequeños.

La jueza ya había rechazado una fianza de siete millones

Rivera permanecía bajo custodia desde el veredicto. En junio, sus abogados intentaron obtener su libertad mientras esperaba la sentencia mediante una propuesta de fianza de siete millones de dólares, respaldada por personas dispuestas a comprometer dinero y propiedades.

Damian rechazó esa solicitud al concluir que Rivera no había demostrado suficientemente que no representaba un riesgo de fuga. La decisión lo mantuvo detenido hasta la audiencia de este viernes.

La defensa anuncia una apelación

Los abogados anunciaron que apelarán. También habían solicitado un indulto presidencial en junio, una vía distinta del recurso judicial contra la condena.

La sentencia establece una pena de diez años para un exlegislador que construyó su trayectoria en la política de Florida. El centro del caso fue la relación que mantuvo oculta con el gobierno venezolano y el manejo de los millones vinculados a esa operación.