María Elvira Salazar critica el trato dado a los cubanos con I-220A: “Les dieron un papel que no servía”

La congresista republicana María Elvira Salazar volvió a cuestionar el tratamiento migratorio recibido por miles de cubanos que ingresaron a Estados Unidos y fueron liberados con un formulario I-220A, documento que no les permite acogerse automáticamente a la Ley de Ajuste Cubano.

Durante una entrevista en el programa El Mañanero, Salazar responsabilizó a la Administración de Joe Biden por la incertidumbre que actualmente enfrentan numerosas familias cubanas.

“¿Cómo tú le vas a dar un papel de basura a los cubanos? Dales parole para que puedan entonces acogerse al ajuste”, recordó haberle reclamado al entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

La legisladora aseguró que abordó el problema en repetidas ocasiones con Mayorkas y que su oficina reunió ejemplos de familias que, pese a haber llegado juntas, recibieron documentos migratorios diferentes.

Documentos distintos dentro de una misma familia

Salazar describió casos en los que uno de los integrantes de una familia recibió parole, mientras otro fue liberado con una I-220A. Esta diferencia resultó determinante porque el parole puede facilitar el cumplimiento del requisito de admisión o libertad condicional exigido para solicitar la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.

“Hemos tenido miles y miles de casos donde entraba el padre y la madre. Al padre le daban parole y a la madre le daban I-220A”, señaló la congresista.

La representante explicó que llevó algunos de esos ejemplos ante las autoridades federales para demostrar que no se trataba de situaciones aisladas.

Según relató, cuando Mayorkas le respondió que esas inconsistencias no podían estar ocurriendo, su oficina comenzó a recopilar correos y testimonios de cubanos residentes en diferentes estados.

“Le dije: ‘Yo te lo voy a probar’. Empezaron a llegar correos de Oklahoma y de Louisville”, recordó Salazar.

La congresista afirmó que entregó evidencias al Departamento de Seguridad Nacional y pidió que determinados casos fueran revisados para recibir un posible parole. Sin embargo, no indicó cuántos expedientes habrían sido reconsiderados ni cuál fue el resultado de esas gestiones.

Salazar pide diferenciar a los cubanos

Durante la entrevista, Salazar también sostuvo que las autoridades estadounidenses deberían considerar las circunstancias particulares de los cubanos y la existencia de una comunidad establecida que puede recibirlos e integrarlos.

“He hablado con Marco y con todo el mundo diciéndoles: ‘Entiendan a los cubanos’”, expresó la legisladora.

Salazar argumentó que muchos de los afectados tienen familiares en Estados Unidos, trabajan, pagan impuestos y no cuentan con antecedentes criminales. Por esa razón, considera que no deberían ser tratados de la misma manera que personas vinculadas con delitos.

La congresista reconoció que algunos inmigrantes pueden estar sujetos a órdenes de deportación o haber permanecido durante años sin resolver su situación legal. No obstante, insistió en que las autoridades deben distinguir entre delincuentes y personas que han construido una vida productiva en el país.

“No puedes mezclar al pandillero con el que lleva años trabajando”, afirmó al cuestionar una aplicación de las leyes migratorias que, a su juicio, coloca situaciones muy diferentes dentro de una misma categoría.

Críticas a la Administración Biden

Salazar acusó a la Administración Biden de haber generado buena parte del problema al entregar la I-220A a cubanos que esperaban regularizarse posteriormente mediante la Ley de Ajuste Cubano.

La congresista describió el documento como un “papelito que no sirve para nada”, en referencia a que no equivale a un parole y no proporciona por sí solo una vía directa para conseguir la residencia.

También rechazó que el Gobierno demócrata desconociera las consecuencias que esa decisión podía tener sobre los recién llegados. Según Salazar, ella había advertido personalmente a Mayorkas sobre la incertidumbre que se estaba creando.

“Yo hablé con Mayorkas muchas veces y tengo la prueba empírica”, aseguró.

Las palabras de la congresista se producen en un momento de preocupación para numerosos cubanos con I-220A, especialmente ante el endurecimiento de la política migratoria, el aumento de las detenciones y el temor a posibles deportaciones.

Una defensa que todavía no cambia la situación legal

Aunque Salazar aseguró que ha conversado sobre el tema con funcionarios y dirigentes republicanos, sus declaraciones no representan una nueva decisión del Gobierno ni modifican automáticamente la situación de quienes poseen una I-220A.

La congresista tampoco anunció la aprobación de una medida administrativa o legislativa que otorgue parole o residencia a todos los cubanos afectados.

Cualquier solución general dependería de una decisión del Poder Ejecutivo, una interpretación favorable de los tribunales o una legislación aprobada por el Congreso y firmada por el presidente.

Salazar ha defendido además su proyecto de Ley Dignidad, que busca establecer un estatus legal para determinados inmigrantes que llevan años en Estados Unidos, trabajan, pagan impuestos y no tienen antecedentes criminales.

Durante la entrevista, explicó que su propuesta permitiría a los beneficiarios continuar viviendo y trabajando legalmente en el país, aunque sin ofrecerles una vía especial hacia la ciudadanía estadounidense.

Persisten la incertidumbre y los procesos individuales

Mientras no se produz una solución general, los cubanos con I-220A continúan dependiendo de las circunstancias particulares de sus expedientes, de los procesos ante las cortes de inmigración y de las decisiones adoptadas por las agencias federales.

Salazar prometió continuar defendiendo a las personas que han cumplido las leyes y contribuido a la economía, pero también dejó claro que no respaldará a quienes hayan cometido delitos o presentado documentos fraudulentos.

Su mensaje central fue que los cubanos con I-220A no deberían ser tratados de manera indiscriminada ni responsabilizados por una decisión documental adoptada al momento de su ingreso.

Sin embargo, pese a sus gestiones y sus críticas públicas, miles de familias todavía esperan una respuesta definitiva que les permita salir del limbo migratorio y determinar si podrán acogerse algún día a la Ley de Ajuste Cubano.