El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, expresó su respaldo a las nuevas sanciones impuestas por la Administración del presidente Donald Trump contra funcionarios y entidades vinculadas al Gobierno cubano.
Fernández afirmó que las medidas buscan enfrentar las redes políticas, económicas y de influencia que, según Washington, La Habana ha utilizado durante décadas para promover sus intereses en Estados Unidos y otros países.
“Estas acciones no son contra el pueblo cubano. Son contra la dictadura comunista, sus operadores y las redes que mantienen en el poder a un sistema opresor”, manifestó el funcionario de Miami-Dade.
Estados Unidos sanciona a funcionarios del ICAP
Las medidas fueron anunciadas el 20 de agosto por el secretario de Estado Marco Rubio y alcanzan a tres dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), así como a nueve entidades estatales relacionadas con sectores estratégicos de la economía cubana.
De acuerdo con la información publicada por el Departamento del Tesoro, los funcionarios sancionados son:
- Fernando González Llort, presidente del ICAP.
- Noemí Ramona Rabaza Fernández, primera vicepresidenta.
- Leima Martínez Freire, directora para América del Norte.
González Llort cumplió una condena de 15 años en Estados Unidos por su participación en la Red Avispa, una operación de inteligencia cubana desarticulada en Florida durante la década de 1990.
El Gobierno estadounidense sostiene que el ICAP funciona como una institución del Estado cubano y que utiliza intercambios culturales, educativos y programas de solidaridad internacional para ampliar la influencia política de La Habana fuera de la isla.
También fueron identificadas como propiedades sancionadas varias instalaciones utilizadas por el ICAP para recibir delegaciones extranjeras, entre ellas el Campamento Internacional Julio Antonio Mella, la Casa Memorial Salvador Allende y la Casa de la Amistad.
Dariel Fernández advierte sobre la experiencia del sur de Florida
En su declaración oficial, Fernández destacó que el sur de Florida conoce de cerca las consecuencias de las actividades de inteligencia cubanas en territorio estadounidense.
“Generaciones de cubanos llegaron a Estados Unidos buscando la libertad que el comunismo les arrebató”, señaló el funcionario.
Fernández sostuvo que el Gobierno cubano ha empleado propaganda, redes de inteligencia, instituciones estatales y organizaciones presentadas como culturales o educativas para impulsar su agenda en el extranjero.
A su juicio, la designación de los dirigentes del ICAP deja en evidencia la conexión entre esas organizaciones y el aparato político y de inteligencia de La Habana.
El recaudador de impuestos elogió directamente al presidente Trump y al secretario Rubio por continuar aumentando la presión sobre el régimen cubano y exigir responsabilidades a quienes contribuyen a sostenerlo.
Sanciones contra sectores económicos controlados por el Estado
Además de los tres funcionarios, Washington incorporó a su lista de sanciones nueve entidades cubanas vinculadas a la construcción, la minería, los metales, el comercio exterior y la contratación laboral.
Entre las entidades designadas aparecen el Ministerio de la Construcción, la empresa MetalCuba y la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara.
Según Reuters, Rubio acusó al ICAP de promover una red de influencia dentro de Estados Unidos bajo la apariencia de intercambios culturales y educativos.
Las sanciones fueron adoptadas al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo de 2026. La disposición permite bloquear propiedades e intereses financieros bajo jurisdicción estadounidense y restringir determinadas transacciones con personas o entidades incluidas en la lista.
“No son contra el pueblo cubano”
Fernández insistió en diferenciar entre el Gobierno de La Habana y la población de la isla, afectada por una prolongada crisis económica, apagones, escasez y represión política.
“Estas sanciones no están dirigidas contra el pueblo cubano”, aseguró. “Están dirigidas contra los individuos, instituciones y redes que sostienen a la dictadura”.
El funcionario pidió además mantener la presión para lograr la liberación de los presos políticos y respaldar las aspiraciones democráticas de los cubanos.
El canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó las medidas y acusó a Washington de intentar dañar deliberadamente la economía de la isla. Según su postura, las restricciones podrían obstaculizar la compra de alimentos, medicamentos y equipos médicos.
La Administración Trump, por su parte, sostiene que las sanciones apuntan contra las estructuras estatales que financian la represión y contra las operaciones que considera una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.
Fernández afirmó que Estados Unidos debe continuar protegiéndose de la influencia de gobiernos hostiles, exigir responsabilidades a sus operadores y mantenerse junto al pueblo cubano en su lucha por “la libertad, la democracia, la libertad económica y el Estado de derecho”.
