El endurecimiento de la política migratoria estadounidense está produciendo un efecto que va más allá de las detenciones y deportaciones: numerosos residentes permanentes elegibles para convertirse en ciudadanos estarían aplazando el trámite por miedo a que una revisión profunda de sus expedientes termine exponiéndolos a problemas legales o migratorios.
La caída de las naturalizaciones se desarrolla en medio de controles más rigurosos, mayores tiempos de procesamiento, costos elevados y una sucesión de cambios administrativos que han aumentado la incertidumbre entre inmigrantes de diferentes nacionalidades.
El fenómeno resulta particularmente visible en comunidades como las de cubanos, venezolanos y haitianos, donde muchas familias siguen de cerca las nuevas medidas del Gobierno de Donald Trump y temen que incluso los procedimientos migratorios legales puedan quedar sujetos a pausas, investigaciones adicionales o revisiones más exhaustivas.
Las naturalizaciones registran un descenso pronunciado
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, conocido como USCIS, recibió a 818,500 nuevos ciudadanos durante el año fiscal 2024. Esa cifra convirtió a la naturalización en una de las principales vías de integración legal y política para inmigrantes que llevaban años residiendo en el país.
Sin embargo, datos correspondientes a meses posteriores muestran una fuerte desaceleración. En abril de 2025, USCIS completó más de 97,000 solicitudes de naturalización, mientras que en abril de 2026 la cifra descendió a 27,569.
La comparación representa una reducción aproximada del 72% entre ambos meses. También muestra que el promedio de resoluciones se alejó considerablemente de las más de 78,000 naturalizaciones mensuales registradas durante los 12 meses anteriores.
Los tiempos de procesamiento aumentaron al mismo tiempo. En abril de 2026, una solicitud de naturalización mediante el formulario N-400 tardaba un promedio de 9.5 meses, frente a los 6.4 meses registrados un año antes.
El descenso no responde necesariamente a una pérdida de interés en la ciudadanía. Organizaciones especializadas consideran que el ambiente de incertidumbre está llevando a muchos residentes a esperar, incluso cuando reúnen los requisitos básicos para comenzar el proceso.
El miedo a una revisión completa del historial migratorio
Solicitar la ciudadanía no consiste únicamente en aprobar un examen de educación cívica y demostrar conocimientos básicos de inglés. Durante la evaluación del formulario N-400, USCIS puede revisar cómo el inmigrante ingresó a Estados Unidos, de qué manera obtuvo la residencia permanente, cuánto tiempo ha permanecido fuera del país y si existen contradicciones entre sus declaraciones actuales y documentos presentados anteriormente.
Las autoridades también pueden examinar antecedentes penales, pagos de impuestos, obligaciones familiares, registros de viajes, empleos y cualquier situación relacionada con el requisito legal de demostrar buen carácter moral.
Esa revisión ha generado temor entre inmigrantes que obtuvieron su residencia hace muchos años, presentaron solicitudes con ayuda de terceros o no conservan copias completas de sus antiguos expedientes.
Una equivocación aparentemente menor, una fecha incorrecta o una respuesta incompleta puede requerir explicaciones adicionales. En situaciones más delicadas, una irregularidad relacionada con la obtención de la residencia podría poner en riesgo no solo la solicitud de ciudadanía, sino también el estatus migratorio del solicitante.
Por esa razón, abogados y organizaciones de asistencia suelen recomendar una evaluación previa cuando la persona tiene arrestos, condenas, viajes prolongados, deudas tributarias, órdenes migratorias anteriores o discrepancias en sus documentos.
Residentes permanentes temen exponerse innecesariamente
La residencia permanente permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, pero no ofrece las mismas protecciones que la ciudadanía. Un residente puede enfrentar un proceso de deportación por determinados delitos, fraude migratorio, abandono de residencia u otras causas contempladas en la ley. Un ciudadano naturalizado, en cambio, cuenta con una protección mucho mayor, aunque la ciudadanía puede ser revocada en casos excepcionales de fraude material durante el proceso.
Pese a esa diferencia, algunos residentes prefieren conservar su tarjeta de residencia y evitar cualquier contacto adicional con USCIS. La percepción de riesgo se ha extendido incluso entre personas sin antecedentes penales. El temor no siempre responde a la existencia de un problema concreto, sino a la posibilidad de que las autoridades interpreten de manera distinta una información presentada años atrás.
Esta conducta refleja uno de los efectos indirectos del endurecimiento migratorio: personas que podrían fortalecer su estatus legal mediante la ciudadanía deciden no hacerlo por miedo al propio proceso de revisión.
Otros inmigrantes aceleran la solicitud de ciudadanía
El clima migratorio también está provocando la reacción opuesta. Algunos residentes permanentes han decidido comenzar la naturalización cuanto antes, convencidos de que la ciudadanía les proporcionará mayor seguridad ante posibles cambios regulatorios.
Convertirse en ciudadano permite votar en elecciones federales, solicitar un pasaporte estadounidense, acceder a determinados empleos gubernamentales y pedir la inmigración de familiares bajo categorías reservadas para ciudadanos.
También elimina la obligación de renovar la tarjeta de residencia y reduce notablemente el riesgo de quedar sometido a un procedimiento de expulsión. Para inmigrantes que llevan décadas en Estados Unidos, la ciudadanía ha dejado de considerarse únicamente una meta simbólica. En el contexto actual, representa una forma de estabilidad frente a un sistema migratorio que atraviesa cambios constantes.
Los costos se convierten en otra barrera
La preocupación por las revisiones no es el único motivo detrás de la reducción. El costo de solicitar la ciudadanía puede resultar elevado para trabajadores con salarios bajos, adultos mayores y familias que deben presentar varias solicitudes al mismo tiempo.
Además de la tarifa oficial, muchos inmigrantes necesitan pagar traducciones, copias certificadas, obtención de antecedentes o consultas con abogados. Aunque existen exenciones y reducciones de tarifas para determinadas personas, no todos los solicitantes conocen esas alternativas o comprenden cómo demostrar que cumplen los requisitos.
El temor a perder dinero en una solicitud que podría ser rechazada lleva a algunos residentes a posponer el trámite. Esta preocupación aumenta cuando el expediente contiene antecedentes que necesitan una evaluación legal previa. Las familias también deben considerar el tiempo destinado a reunir documentos, asistir a citas biométricas, prepararse para el examen y acudir a la entrevista.
Las demoras prolongan la incertidumbre
El incremento de los tiempos de procesamiento tiene consecuencias personales y familiares. Mientras una solicitud permanece pendiente, el inmigrante puede enfrentar dificultades para planificar viajes, aceptar determinados empleos o completar peticiones familiares que dependen de la ciudadanía.
Las demoras también afectan la participación política. Una persona no puede registrarse para votar en elecciones federales hasta completar la ceremonia de naturalización y recibir el certificado correspondiente.
Por tanto, una reducción en el ritmo de aprobación puede dejar fuera de los comicios a miles de residentes que presentaron sus solicitudes con la expectativa de convertirse en ciudadanos antes de una elección.
Datos analizados por organizaciones de inmigrantes indicaron que, durante los primeros meses de 2026, las solicitudes presentadas y las aprobaciones disminuyeron, mientras que la proporción de casos rechazados registró un incremento.
Programas gratuitos intentan reducir el miedo y la desinformación
Ante esta situación, bibliotecas, centros educativos y organizaciones comunitarias están reforzando los programas de preparación para la ciudadanía. En el sur de Florida existen cursos gratuitos que enseñan historia de Estados Unidos, estructura del Gobierno, requisitos de elegibilidad y técnicas para responder durante la entrevista.
El sistema de bibliotecas públicas de Miami-Dade mantiene una academia de aprendizaje para adultos con cursos presenciales y virtuales de ciudadanía, inglés y preparación académica. La programación del verano de 2026 se desarrolló entre el 29 de junio y el 3 de septiembre.
«Nosotros trabajamos en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional, el USCIS. Ellos nos dan toda la información, nos dan la asesoría, nos entrenan para poder proveer la información correcta a los estudiantes», dijo la profesora Yalilys Pérez.
Estos programas son especialmente importantes en una región donde existe una numerosa población inmigrante y donde el inglés puede representar una barrera para adultos que llevan años trabajando y viviendo en el país.
Además de preparar para el examen, los instructores ayudan a los estudiantes a comprender el vocabulario utilizado en el formulario N-400 y las preguntas que pueden surgir durante la entrevista.
La preparación no sustituye la asesoría legal
Las clases comunitarias ofrecen herramientas educativas, pero no reemplazan el análisis individual de un abogado cuando existen situaciones complejas. Una persona puede conocer perfectamente las respuestas del examen cívico y aun así tener dificultades relacionadas con su historial migratorio o penal.
Entre los factores que requieren mayor atención se encuentran los arrestos, incluso cuando los cargos fueron retirados; las condenas antiguas; los impuestos pendientes; las ausencias prolongadas de Estados Unidos; los problemas con la manutención de menores; el uso de documentos incorrectos; y las declaraciones contradictorias en trámites anteriores.
También pueden surgir dudas cuando el residente obtuvo su estatus a través de asilo, matrimonio, refugio, ajuste cubano o una petición familiar que posteriormente fue investigada. La recomendación general es no ocultar información y evitar presentar una solicitud apresurada. Revisar el expediente antes de enviarlo puede prevenir errores que serían difíciles de corregir durante la entrevista.
El caso de una hondureña que esperó tres décadas
Entre las personas que comenzaron a prepararse para la ciudadanía se encuentra Glenda, una inmigrante hondureña que lleva aproximadamente 30 años en Estados Unidos. Su decisión refleja la preocupación de residentes que, después de décadas con una tarjeta de residencia, consideran que el entorno migratorio se ha vuelto demasiado imprevisible.
«Quiero aprovechar este tiempo y quiero tratar de ser ciudadana para prepararme, porque la situación cada día se está poniendo más complicada», afirmó la centroamericana.
Durante años, algunas personas no vieron la naturalización como una prioridad. Podían trabajar, viajar y vivir legalmente sin necesidad de participar en elecciones o solicitar un pasaporte estadounidense. El endurecimiento de los controles cambió esa percepción. Para inmigrantes como Glenda, convertirse en ciudadana significa reducir la incertidumbre y proteger una vida construida durante décadas.
Su caso también muestra la importancia de los programas comunitarios, especialmente para quienes necesitan mejorar el inglés o no pueden pagar cursos privados.
Cubanos y venezolanos, entre las comunidades más preocupadas
La incertidumbre ha afectado particularmente a nacionales de Cuba y Venezuela, países incluidos en políticas que sometieron determinados trámites migratorios a pausas o revisiones adicionales. Un juez federal anuló en junio de 2026 medidas que impedían resolver solicitudes de asilo, permisos de trabajo, residencia y ciudadanía de inmigrantes procedentes de 39 países.
El tribunal concluyó que las restricciones habían dejado en un limbo administrativo a personas que siguieron los procedimientos establecidos y que esperaban decisiones sobre sus casos. Aunque la decisión judicial permitió reactivar trámites, el impacto psicológico de las pausas continuó.
Muchos inmigrantes interpretaron las medidas como una señal de que una solicitud legal puede quedar detenida por decisiones políticas, incluso cuando el interesado ha cumplido los requisitos.
En el caso de los cubanos, las preocupaciones también están relacionadas con el aumento de los operativos migratorios, las órdenes finales de deportación y la situación de quienes ingresaron con documentos como la I-220A. No todos esos problemas afectan directamente a los residentes permanentes, pero contribuyen a crear un ambiente de inseguridad dentro de la comunidad.
La ciudadanía no elimina la necesidad de revisar el expediente
La ciudadanía ofrece importantes beneficios, pero la decisión de solicitarla debe estar acompañada de una revisión responsable. El hecho de llevar muchos años como residente no garantiza automáticamente que USCIS aprobará la naturalización.
La agencia puede volver a analizar las circunstancias bajo las cuales se concedió la residencia. Si determina que el solicitante no era elegible cuando recibió la tarjeta, puede negar la ciudadanía y abrir procedimientos adicionales. No obstante, esa posibilidad no significa que todos los residentes deban sentir temor.
La mayoría de las personas que obtuvieron legalmente la residencia, cumplieron los requisitos de presencia física, pagaron sus impuestos y no tienen antecedentes graves pueden completar el proceso sin mayores inconvenientes. El problema surge cuando el miedo generalizado sustituye la búsqueda de información confiable y lleva a una persona elegible a renunciar temporalmente a sus derechos.
Nuevas reglas sobre asilo refuerzan la percepción de endurecimiento
El descenso de las naturalizaciones coincide con cambios significativos en el sistema de asilo. Una nueva regla provisional permite que determinados casos de asilo afirmativo sean enviados directamente a los tribunales de inmigración sin que el solicitante reciba primero una entrevista con un oficial de USCIS.
La disposición fue publicada el 28 de julio de 2026 y comenzó a aplicarse de inmediato. Tradicionalmente, una persona que no se encontraba en proceso de deportación podía presentar una solicitud afirmativa y explicar su temor de regresar a su país durante una entrevista.
Con el cambio, USCIS puede remitir ciertos expedientes a la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración, donde serán evaluados por un juez. El Gobierno sostiene que la medida permitirá reducir el volumen de expedientes acumulados. Críticos de la política consideran que elimina una etapa importante para quienes esperan explicar personalmente las razones de su solicitud.
Aunque el asilo y la ciudadanía son procedimientos diferentes, la modificación contribuye a una sensación de transformación permanente del sistema migratorio.
Un sistema presionado por millones de expedientes pendientes
Las autoridades federales justifican parte de los cambios por el gran número de casos acumulados. El sistema de asilo mantiene cientos de miles de solicitudes afirmativas pendientes, mientras que los tribunales de inmigración enfrentan millones de procesos abiertos.
La administración intenta acelerar decisiones y concentrar recursos en expedientes que considera prioritarios. Sin embargo, una resolución más rápida no siempre significa un procedimiento más sencillo para el inmigrante.
Cuando los casos pasan directamente a tribunales, los solicitantes pueden necesitar representación legal, presentar pruebas bajo reglas más formales y defenderse dentro de un proceso relacionado con la deportación.
Para familias con pocos recursos, esos cambios aumentan la necesidad de conseguir asistencia jurídica en un sistema donde no existe un abogado gratuito garantizado para todos los inmigrantes.
Consecuencias familiares de posponer la ciudadanía
La decisión también puede afectar la reunificación familiar. Los ciudadanos pueden solicitar a determinados familiares bajo categorías que no están disponibles para residentes permanentes o que ofrecen condiciones diferentes.
Por ejemplo, los padres, cónyuges e hijos menores solteros de ciudadanos son considerados familiares inmediatos y no están sujetos a los mismos límites anuales de visas que otras categorías. Un residente que pospone la naturalización puede retrasar indirectamente la posibilidad de pedir a un familiar o actualizar una petición existente.
También existen diferencias en la capacidad de transmitir la ciudadanía a hijos nacidos fuera de Estados Unidos, dependiendo de factores como el tiempo de presencia física en el país y la situación legal del padre o la madre. Por ello, la naturalización no debe verse únicamente como un trámite individual. En muchos casos tiene consecuencias para toda la familia.
Qué deben considerar los residentes antes de solicitarla
Antes de presentar el formulario N-400, resulta recomendable reunir copias de trámites migratorios anteriores, revisar el historial de viajes y solicitar los documentos relacionados con cualquier arresto. También es importante comprobar que las declaraciones de impuestos estén al día y que no existan contradicciones entre las fechas proporcionadas a distintas agencias.
Quienes hayan permanecido fuera de Estados Unidos por períodos extensos deben determinar si esos viajes interrumpieron la residencia continua exigida para naturalizarse. Los hombres que vivieron en el país entre los 18 y los 26 años también pueden necesitar explicar su situación respecto al registro en el Servicio Selectivo.
Cada expediente es distinto. Una situación que no impide la ciudadanía para una persona puede tener consecuencias diferentes para otra debido a la fecha, la gravedad del hecho o la categoría migratoria utilizada.
La naturalización continúa siendo una vía de estabilidad
A pesar de las nuevas dificultades, la ciudadanía sigue representando la mayor protección migratoria disponible para un residente permanente. También marca la culminación de un proceso que puede haber comenzado años antes mediante una visa, una petición familiar, el asilo, el refugio o una ley especial.
El descenso de las solicitudes muestra que la política migratoria no afecta únicamente a quienes carecen de estatus legal. También condiciona las decisiones de personas que siguieron las vías establecidas, recibieron una residencia y construyeron una vida permanente en Estados Unidos.
El desafío para esas comunidades consiste en diferenciar entre el miedo generalizado y los riesgos reales de cada expediente. Mientras algunos residentes prefieren esperar, otros están recurriendo a clases gratuitas, organizaciones comunitarias y asesoría jurídica para completar el proceso antes de que el escenario migratorio vuelva a cambiar.
