La administración del presidente Donald Trump volvió a colocar a Cuba en el centro de su estrategia hemisférica con una combinación de sanciones económicas, presión diplomática y mensajes políticos dirigidos al futuro de la isla.
En ese contexto, Edward Robert Martin Jr., abogado de Indultos de Estados Unidos y funcionario del Departamento de Justicia, publicó en la red social X una frase que rápidamente ganó notoriedad entre el exilio cubano y los observadores de la política estadounidense hacia La Habana.
“Una Cuba libre será una Cuba grande. Haz que Cuba sea grande otra vez”, escribió Martin, utilizando una adaptación del conocido lema político de Trump.
Aunque el funcionario no tiene autoridad sobre la política exterior ni participa en la implementación de sanciones internacionales, el hecho de que utilizara una cuenta institucional vinculada al Departamento de Justicia fue interpretado como una muestra de apoyo a la línea política que impulsa la Casa Blanca hacia Cuba.
La publicación no ocurrió en un vacío político. Llegó apenas horas después de que el secretario de Estado Marco Rubio anunciara nuevas sanciones contra la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET), una decisión que marca un nuevo escalón en la estrategia de presión contra las principales fuentes de ingresos del régimen cubano.
Para muchos analistas, el mensaje de Martin busca reforzar la narrativa de que Washington no solo pretende castigar económicamente al gobierno cubano, sino también proyectar una visión de cambio político y económico para la isla.
CUPET entra en la lista negra de Washington
La inclusión de CUPET en el régimen de sanciones estadounidenses representa uno de los golpes más significativos contra el sector energético cubano en décadas. CUPET es la entidad estatal encargada de gestionar la importación, refinación, almacenamiento y distribución de combustibles en Cuba. Además, actúa como socio principal de compañías extranjeras interesadas en participar en proyectos energéticos dentro del país.
La decisión del Departamento de Estado implica el bloqueo de todos los bienes e intereses de la empresa que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense. Asimismo, prohíbe a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con la entidad.
Sin embargo, el alcance real de la medida va más allá del sistema financiero estadounidense. Las sanciones contemplan la posibilidad de aplicar penalidades secundarias a compañías extranjeras que continúen haciendo negocios con CUPET en sectores considerados estratégicos por Washington.
Esto incluye empresas vinculadas a la producción y comercialización de petróleo, transporte marítimo de combustibles, servicios financieros, infraestructura energética, defensa y seguridad y comercio de metales y materias primas.
La amenaza de sanciones secundarias suele tener un efecto multiplicador, ya que muchas compañías internacionales prefieren retirarse de operaciones con entidades sancionadas antes que arriesgar su acceso al sistema financiero estadounidense.
Marco Rubio acusa al régimen de convertir la energía en un mecanismo de control
El anuncio estuvo acompañado por un discurso particularmente duro de Marco Rubio, quien responsabilizó directamente al gobierno cubano por el deterioro de las condiciones de vida de la población. El secretario de Estado aseguró que durante años las autoridades utilizaron los recursos energéticos del país para sostener privilegios políticos y económicos mientras millones de cubanos sufrían escasez.
Rubio afirmó que el combustible disponible fue priorizó para garantizar el funcionamiento de los aparatos represivos del Estado, proteger intereses de la élite gobernante y sostener instalaciones turísticas consideradas estratégicas para la captación de divisas.
Según el jefe de la diplomacia estadounidense, la población cubana quedó relegada a un segundo plano, enfrentando largas filas para adquirir combustible, restricciones al transporte y apagones cada vez más prolongados. “La energía ha sido utilizada como una herramienta de control social y lucro cleptocrático”, denunció Rubio.
La acusación forma parte de una narrativa impulsada por Washington según la cual el régimen utiliza recursos estratégicos para fortalecer su capacidad de control político mientras limita el acceso de la población a bienes esenciales.
La ofensiva contra CUPET forma parte de una estrategia más amplia
Las sanciones anunciadas esta semana no constituyen una acción aislada. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la política hacia Cuba ha experimentado un endurecimiento progresivo que busca afectar los centros de poder económico del régimen. La acción contra CUPET es la segunda gran medida aplicada bajo la Orden Ejecutiva 14404 en menos de cinco semanas.
El 7 de mayo, Washington sancionó al conglomerado militar GAESA, considerado el principal brazo económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y uno de los actores más poderosos de la economía cubana. GAESA controla sectores clave como el turismo, infraestructura aeroportuaria, comercio minorista, puertos, servicios financieros y bienes raíces.
La ofensiva también se ha extendido a instituciones vinculadas al aparato de seguridad del Estado, entre ellas el Ministerio del Interior (MININT), la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).
El objetivo declarado por Washington es limitar la capacidad financiera de organismos que considera responsables de la represión política y de la violación sistemática de derechos fundamentales.
El fracaso del acuerdo que prometía llevar combustible estadounidense a Cuba
Uno de los efectos más inmediatos de las sanciones ha sido la cancelación definitiva de un ambicioso proyecto energético impulsado desde Florida. La empresa Vanguard Energy, con sede en Coral Gables, había negociado un acuerdo para utilizar instalaciones pertenecientes a CUPET y exportar grandes volúmenes de combustible hacia la isla.
El plan contemplaba envíos superiores a 250.000 barriles de gasolina y diésel por cada operación. De haberse concretado, habría representado el mayor suministro de combustible estadounidense hacia Cuba desde la administración de Dwight D. Eisenhower, antes de la ruptura de relaciones entre ambos países.
Sin embargo, el Departamento de Estado aclaró el pasado 10 de junio que nunca había otorgado autorización formal para el proyecto. La posterior sanción contra CUPET eliminó cualquier posibilidad de ejecución del acuerdo.
La controversia se amplificó cuando el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció la revocación del recibo de impuesto comercial local de Vanguard Energy al considerar que la empresa carecía de los permisos federales necesarios.
Cuba enfrenta la peor crisis energética en décadas
Las nuevas sanciones llegan cuando el sistema energético cubano atraviesa una situación crítica que muchos especialistas comparan con los peores momentos del llamado Período Especial. Desde comienzos de 2026, la isla ha enfrentado crecientes dificultades para garantizar el suministro de combustible necesario para sostener la generación eléctrica.
La situación se agravó tras la interrupción de los envíos venezolanos, que durante años representaron una de las principales fuentes de abastecimiento energético para Cuba.
Antes de la crisis, Venezuela suministraba aproximadamente 70.000 barriles diarios de petróleo, una cifra esencial para el funcionamiento de termoeléctricas, industrias y sistemas de transporte. La reducción de esos envíos provocó un efecto dominó sobre toda la economía nacional.
Déficits históricos y apagones que paralizan la vida cotidiana
Las consecuencias de la crisis energética son visibles en prácticamente todos los sectores del país. El 13 de mayo Cuba registró un déficit de generación de 2.153 megavatios, el más alto reportado en la historia reciente del Sistema Eléctrico Nacional.
La cifra refleja la incapacidad de las centrales termoeléctricas para satisfacer la demanda existente. Como resultado, millones de cubanos han experimentado apagones diarios que en algunas provincias superan las 20 horas. Los cortes eléctricos afectan el suministro de agua potable, la conservación de alimentos, las telecomunicaciones, el transporte público, la producción industrial, los servicios hospitalarios, así como el funcionamiento de pequeños negocios privados. Incluso municipios de La Habana, tradicionalmente protegidos de las interrupciones más severas, han comenzado a sufrir apagones prolongados.
El gobierno reconoce que no tiene combustible suficiente
La gravedad de la situación quedó expuesta cuando el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió públicamente la falta de recursos para sostener la generación eléctrica. “No tenemos absolutamente nada de fuel, de diésel”, declaró el funcionario. La afirmación fue interpretada como una admisión sin precedentes del nivel de escasez que enfrenta el país.
Expertos consideran que la falta de combustible no solo compromete la producción eléctrica, sino también la distribución de alimentos, medicamentos y bienes básicos en todo el territorio nacional. La situación amenaza además con profundizar la inflación, agravar el desabastecimiento y aumentar el malestar social.
Washington promete mantener la presión hasta provocar cambios estructurales
Lejos de mostrar señales de flexibilización, la administración Trump ha reiterado que continuará ampliando las medidas dirigidas contra los principales pilares económicos del régimen.
Rubio aseguró que el objetivo es impedir que las estructuras estatales utilicen el comercio energético como fuente de financiamiento para sostener actividades represivas y mantener privilegios políticos.
“Continuaremos atacando la capacidad del régimen comunista para utilizar su comercio de energía para promover su agenda corrupta y reprimir violentamente al pueblo cubano”, afirmó.
La declaración refuerza la percepción de que Washington está dispuesto a sostener una estrategia de presión prolongada que combine sanciones económicas, aislamiento financiero y restricciones comerciales.
Un nuevo escenario para las relaciones entre Washington y La Habana
Las sanciones contra CUPET, el colapso del acuerdo con Vanguard Energy, la crisis energética interna y el mensaje político difundido por Edward Martin forman parte de un mismo escenario: una creciente confrontación entre Estados Unidos y el régimen cubano.
Mientras la administración Trump insiste en que busca abrir el camino hacia una Cuba con mayores libertades económicas y políticas, el gobierno de La Habana enfrenta una combinación de dificultades económicas, escasez energética y aislamiento internacional que limita cada vez más sus márgenes de maniobra.
En medio de apagones récord, falta de combustible y nuevas restricciones financieras, la isla entra en una etapa de incertidumbre en la que las decisiones tomadas en Washington podrían tener un impacto directo sobre la economía cubana y sobre la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
