
La administración del presidente Donald Trump anunció nuevas medidas para reforzar el combate contra el fraude en solicitudes de asilo en Estados Unidos, en una decisión que podría impactar miles de casos migratorios pendientes en todo el país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó este lunes que ha emitido nuevas directrices dirigidas a intensificar las investigaciones relacionadas con posibles solicitudes fraudulentas de asilo y ampliar las acciones de control migratorio.
Según el comunicado oficial del DHS, las medidas buscan “proteger la integridad del sistema migratorio” y evitar que personas utilicen el proceso de asilo de manera fraudulenta para obtener permisos de trabajo o permanecer en Estados Unidos.
De acuerdo con documentos revelados por CBS News, las nuevas instrucciones ordenan a abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentar los esfuerzos para detectar patrones sospechosos y perseguir posibles esquemas de fraude relacionados con casos de asilo.
Uno de los puntos que más atención ha generado es que las autoridades también podrían centrar investigaciones en abogados y representantes migratorios acusados de presentar solicitudes falsas o inconsistentes para sus clientes.
La ofensiva llega en medio de un endurecimiento general de las políticas migratorias bajo la actual administración, que en los últimos meses ha impulsado mayores revisiones de antecedentes, nuevas medidas de verificación y propuestas para limitar beneficios migratorios vinculados a solicitudes pendientes de asilo.
Expertos en inmigración han advertido que, aunque el gobierno argumenta que las medidas buscan combatir el fraude, existe preocupación de que personas con casos legítimos puedan verse afectadas por retrasos adicionales o investigaciones más agresivas.
Actualmente, USCIS enfrenta un enorme atraso de solicitudes de asilo y permisos de trabajo relacionados con estos procesos. El propio DHS ha señalado que existen más de un millón de casos pendientes en el sistema migratorio.
Las nuevas medidas podrían traducirse en revisiones más estrictas de documentos, entrevistas adicionales y un mayor intercambio de información entre agencias federales encargadas de inmigración y seguridad nacional.




