Senado de EE.UU logra acuerdo para financiar las operaciones del DHS, pero deja fuera lo concerniente a ICE

El Senado de Estados Unidos alcanzó un acuerdo para poner fin al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desbloqueando el financiamiento de la mayoría de sus operaciones, pero dejando fuera —de forma deliberada— las funciones más controvertidas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La decisión marca un punto de inflexión en una crisis política que se prolongó durante semanas y que impactó de forma directa sectores críticos como la seguridad aeroportuaria, la gestión migratoria y la operatividad federal.

Un acuerdo para destrabar el gobierno sin resolver el conflicto migratorio

El consenso alcanzado en el Senado sobre las 2:40 am de este viernes responde a una fórmula intermedia: reactivar el financiamiento del DHS en casi su totalidad, mientras se excluyen o se abordan por separado las operaciones del ICE vinculadas a detenciones y deportaciones.

Con esta medida, los legisladores lograron sortear el principal obstáculo que había bloqueado el acuerdo: la profunda división entre demócratas y republicanos sobre el manejo de la inmigración.

Mientras los demócratas presionaban por limitar ciertas prácticas del ICE, los republicanos defendían mantener intactas sus funciones. El resultado ha sido una solución parcial que permite reabrir el gobierno en áreas clave sin resolver el debate de fondo.

Fin de la presión sobre la TSA y el sistema aeroportuario

Uno de los efectos inmediatos del acuerdo será la reactivación del financiamiento para la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), cuyos trabajadores llevaban semanas operando sin salario.

La crisis había generado un impacto visible en aeropuertos de todo el país, con largas filas, retrasos y un aumento en las ausencias laborales. En algunos casos, los tiempos de espera en los controles de seguridad alcanzaron niveles críticos, afectando a millones de pasajeros.

Con el restablecimiento de los fondos, se espera una normalización progresiva de las operaciones, así como el regreso del personal que había dejado de asistir o renunciado ante la incertidumbre.

El pacto en discusión contemplaría financiar prácticamente todas las funciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dejando fuera las Operaciones de Cumplimiento y Deportación de ICE y solo cubriendo de forma parcial a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), áreas que los demócratas se resisten a respaldar sin cambios profundos en las políticas de aplicación migratoria.

El cierre parcial del gobierno se remonta al 14 de febrero, cuando el Congreso no logró consensuar un presupuesto para el DHS. Desde entonces, los agentes de la TSA, considerados personal esencial, han continuado trabajando sin recibir salario en uno de los periodos de mayor tráfico aéreo. La situación ha provocado la salida de más de 400 empleados, mientras que el nivel de ausentismo alcanzó un pico del 11.76%, de acuerdo con datos oficiales del DHS.

En distintos aeropuertos del país, los pasajeros han tenido que enfrentar demoras significativas en los controles de seguridad, con tiempos de espera que en algunos casos superan las cuatro horas. Ante el deterioro operativo, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de agentes de ICE para reforzar las labores de la TSA en terminales clave, entre ellas el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York y el Aeropuerto Internacional O’Hare en Chicago.

A diferencia de otras agencias afectadas, ICE ha mantenido su operatividad gracias a una asignación presupuestaria de 75,000 millones de dólares aprobada previamente dentro del paquete legislativo impulsado por Trump, conocido como el “One Big Beautiful Bill”.

Qué queda fuera: el futuro incierto del ICE

Aunque el acuerdo representa un alivio inmediato para el funcionamiento del gobierno, deja en el aire el financiamiento de las operaciones del ICE, uno de los puntos más sensibles del debate político.

Las funciones relacionadas con la aplicación de leyes migratorias, especialmente detenciones y deportaciones, deberán ser discutidas en negociaciones posteriores, lo que anticipa nuevos enfrentamientos en el Congreso.

Este escenario refleja una tendencia creciente en Washington: resolver crisis operativas urgentes mediante acuerdos parciales, mientras los temas estructurales permanecen sin solución definitiva.

Incertidumbre en la Cámara: el futuro del acuerdo aún depende de un Congreso dividido

Aunque el acuerdo alcanzado en el Senado representa un avance significativo, su implementación definitiva dependerá ahora de lo que ocurra en la Cámara de Representantes, donde los republicanos mantienen una mayoría ajustada y no completamente alineada.

De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones, los legisladores republicanos planean recurrir al mecanismo de “reconciliación”, una vía legislativa que permite aprobar medidas presupuestarias sin enfrentar el bloqueo del filibusterismo.

A través de este proceso, buscarían garantizar financiamiento adicional para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e impulsar partes específicas de la llamada Ley SAVE America, una iniciativa electoral considerada prioritaria dentro de la agenda del expresidente Donald Trump.

Sin embargo, el camino no está completamente despejado. Algunos sectores conservadores han expresado dudas sobre el acuerdo, lo que podría complicar su aprobación. En este contexto, el eventual respaldo de Trump se perfila como un factor decisivo para consolidar el apoyo republicano necesario.

Desde la Casa Blanca, funcionarios han señalado que las conversaciones continúan y que el plan en discusión podría ser una salida viable, aunque aún requiere ajustes y consensos adicionales.

Por su parte, los demócratas han mostrado disposición a considerar la propuesta, pero mantienen cautela. Fuentes vinculadas al proceso aseguran que no respaldarán el plan hasta conocer en detalle el texto legislativo final, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas negociaciones o modificaciones.

En este escenario, el futuro del acuerdo sigue condicionado por el delicado equilibrio político en el Congreso, donde cada voto podría definir si la solución parcial se convierte en una respuesta definitiva o en una nueva fuente de tensión.

Un alivio inmediato, pero una crisis latente

El pacto en el Senado evita una escalada mayor de la crisis y restablece funciones esenciales del gobierno federal. No obstante, deja claro que el conflicto político sobre inmigración sigue sin resolverse.

En un contexto de creciente polarización, el acuerdo evidencia la dificultad de alcanzar consensos duraderos en temas clave para la seguridad y la gobernabilidad de Estados Unidos. Por ahora, el sistema respira. Pero el debate de fondo —y sus consecuencias— continúa abierto.