La Corte Suprema de Estados Unidos celebra este lunes una audiencia clave para determinar el alcance del Título III de la Ley Helms-Burton, la controvertida norma que permite a ciudadanos y empresas estadounidenses demandar en tribunales federales a quienes “trafiquen” con propiedades confiscadas en Cuba tras la llegada al poder de los hermanos Castro en 1959.
El fallo, que se espera en los próximos meses, podría redefinir los límites legales de una herramienta que durante décadas permaneció en suspenso y que se reactivó plenamente en 2019 bajo la administración de Donald Trump. En juego no solo están reclamaciones millonarias, sino también el mensaje que recibirán empresas internacionales que mantienen operaciones o vínculos comerciales con la isla.
El caso Exxon: ¿puede una empresa estatal cubana alegar inmunidad?
Uno de los procesos analizados por el alto tribunal enfrenta a Exxon Mobil contra la estatal cubana Corporación CIMEX perteneciente al Grupo de Administración Empresarial de las FAR (GAESA).
Exxon reclama más de 1.000 millones de dólares por refinerías y otros activos petroleros confiscados en 1960. La cuestión central es si CIMEX, como entidad vinculada al Estado cubano, puede acogerse a la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras para evitar la demanda en cortes estadounidenses, en 2024 un tribunal inferior indicó que las empresas cubanas podrían acogerse a esta inmunidad.
Sin embargo, la petrolera sostiene que el Congreso diseñó el Título III precisamente para superar ese tipo de barreras y permitir que las víctimas de confiscaciones puedan litigar en Estados Unidos.
La decisión que adopte la Corte podría aclarar si las empresas estatales extranjeras quedan efectivamente blindadas frente a este tipo de demandas o si el Título III crea una excepción específica en el contexto cubano.
Cruceros y “tráfico” de propiedad confiscada
El segundo caso examinado involucra a Havana Docks Corp. contra varias navieras internacionales, entre ellas Royal Caribbean Cruises Ltd., Norwegian Cruise Line, Carnival Corporation y MSC Cruises.
La empresa demandante sostiene que estas compañías utilizaron una terminal portuaria en La Habana que había sido confiscada sin compensación y sobre la cual mantiene derechos históricos. Durante el período de apertura de viajes a Cuba entre 2016 y 2019, miles de pasajeros estadounidenses llegaron a la isla en cruceros que operaron desde ese puerto.
Una jueza federal en Miami determinó inicialmente que las navieras habían “traficado” con propiedad confiscada y ordenó indemnizaciones por 440 millones de dólares. Posteriormente, una corte de apelaciones revocó esa decisión al considerar que la concesión original había expirado formalmente antes de las operaciones.
Ahora, la Corte Suprema debe definir si el derecho a demandar depende de la vigencia técnica de la concesión o si basta con que la propiedad se haya confiscado sin compensación, independientemente de su estatus contractual posterior.
El Título III: de norma suspendida a herramienta activa
El Título III de la Ley Helms-Burton se aprobó en 1996, pero durante más de dos décadas su aplicación estuvo suspendida por sucesivas administraciones estadounidenses, tanto republicanas como demócratas, en parte para evitar tensiones con aliados europeos y canadienses cuyas empresas operaban en Cuba.
En 2019, la activación total del mecanismo abrió la puerta a demandas contra compañías extranjeras que se beneficiaran directa o indirectamente de bienes nacionalizados. Desde entonces se han presentado 40 demandas, aunque muchos han enfrentado obstáculos procesales y debates sobre jurisdicción. La decisión actual del Supremo podría consolidar o limitar ese marco legal.
Impacto potencial: inversión extranjera y presión económica
Un fallo que amplíe el alcance del Título III podría reactivar miles de reclamaciones certificadas por confiscaciones realizadas tras la revolución cubana, dígase centrales azucareros, puertos o fábricas, lo que a su vez incrementaría la exposición legal de empresas internacionales con operaciones o vínculos comerciales en la isla.
Este escenario podría desincentivar nuevas inversiones en sectores estratégicos de Cuba, al elevar los riesgos jurídicos y financieros asociados, y reforzar la dimensión judicial del embargo estadounidense como mecanismo de presión económica. Por el contrario, una interpretación restrictiva por parte del tribunal podría acotar de manera significativa la capacidad de los demandantes para litigar estos casos y reducir el efecto disuasorio de la norma sobre compañías extranjeras.
Un punto de inflexión en la disputa histórica
Más de seis décadas después de las nacionalizaciones masivas de 1959 y 1960, el conflicto por las propiedades confiscadas sigue proyectándose en tribunales estadounidenses. La audiencia ante la Corte Suprema no resuelve la disputa histórica de fondo, pero sí podría redefinir el alcance práctico de una de las herramientas legales más polémicas de la política de Estados Unidos hacia Cuba.
El fallo marcará un precedente con implicaciones que trascienden a las partes involucradas y podrían influir en futuras estrategias empresariales, litigios internacionales y dinámicas diplomáticas.
