La legislatura de Florida ha dado un paso significativo en el debate sobre el impuesto a la propiedad, uno de los temas fiscales más relevantes para millones de residentes del estado. Varias propuestas de enmienda constitucional avanzaron en la Cámara de Representantes y, si completan el proceso legislativo, podrían ser sometidas a votación popular en noviembre de 2026.
El movimiento refleja una creciente presión política para ofrecer alivio tributario en un contexto marcado por el aumento del valor de las viviendas, el encarecimiento de los seguros y el incremento general del costo de vida.
¿Qué propone exactamente la legislatura?
Las iniciativas que avanzan en la Cámara buscan modificar la Constitución estatal para reducir progresivamente la carga fiscal sobre las viviendas principales amparadas bajo la exención “homestead”. Una de las propuestas plantea eliminar gradualmente los impuestos no destinados a educación sobre las residencias principales mediante un aumento progresivo de la exención durante un período de diez años.
Otra medida contempla ampliar beneficios fiscales para propietarios que cuenten con seguro contra daños, en un intento por compensar el impacto de las altas primas que han afectado especialmente a residentes en zonas costeras y de alto riesgo climático. Asimismo, una tercera propuesta apunta a limitar el crecimiento anual del valor imponible de las propiedades, modificando la fórmula que determina cuánto puede aumentar la base sobre la cual se calcula el impuesto.
Aunque el debate ha incluido voces que han planteado la eliminación total del impuesto a la propiedad, las propuestas actualmente en trámite no contemplan eliminar los tributos destinados a financiar el sistema de escuelas públicas. Las propuestas que están tomando forma en el ámbito legislativo buscan aliviar la carga tributaria de los dueños de vivienda desde distintos ángulos.
Proyectos que impulsan
En ese contexto, la iniciativa HJR 203 es la que se encuentra en una fase más adelantada. El plan plantea desmantelar de manera escalonada los impuestos a la propiedad que no estén vinculados al sistema educativo. Para lograrlo, establece un aumento anual de 100.000 dólares en la exención de la vivienda principal durante una década, comenzando en 2027. Si se cumple el cronograma previsto, para 2037 las propiedades residenciales quedarían liberadas por completo de los gravámenes ad valorem que no correspondan al financiamiento escolar.
Quienes respaldan la medida argumentan que este esquema gradual no solo reduce progresivamente la presión fiscal sobre los propietarios, sino que también ofrece a los gobiernos locales un margen de tiempo suficiente para reorganizar sus presupuestos y compensar la disminución de ingresos.
Por su parte, la iniciativa HJR 209 propone ampliar los beneficios fiscales para los propietarios que cuentan con seguro de vivienda. En concreto, contempla elevar en 200.000 dólares la exención aplicable a los impuestos sobre la propiedad que no estén destinados al sistema escolar, siempre que la vivienda esté asegurada.
El proyecto ya superó su paso por el comité de Ways and Means y ahora figura en el calendario de segunda lectura de la Cámara. En esta etapa, los legisladores tienen la posibilidad de presentar enmiendas, plantear interrogantes y debatir directamente con los patrocinadores de la medida antes de que continúe su trámite legislativo.
La propuesta HJR 213 plantea una modificación estructural en los límites de crecimiento de las valoraciones fiscales en Florida. El proyecto busca reformular el esquema vigente bajo el programa “Save Our Homes”, estableciendo que el valor imponible de las viviendas principales de bajo valor no pueda incrementarse más de un 3% acumulado en un período de tres años, en lugar del límite actual de hasta un 3% anual.
Al mismo tiempo, la iniciativa propone ajustar el tratamiento de las propiedades no ocupadas como residencia habitual —por ejemplo, segundas viviendas— permitiendo que su valor imponible aumente hasta un 15% en un lapso de tres años, frente al tope vigente del 10% por año.
Al igual que otras propuestas relacionadas con el sistema tributario inmobiliario, HJR 213 ya superó el comité de Ways and Means y se encuentra ahora en el Calendario de Segunda Lectura, etapa en la que puede ser objeto de debate y enmiendas antes de avanzar en el proceso legislativo.
¿Qué falta para que sea una realidad?
Para que estas reformas entren en vigor, deben superar varias etapas. Primero, deben ser aprobadas por la Cámara de Representantes y luego por el Senado estatal. Posteriormente, al tratarse de enmiendas constitucionales, deberán ser sometidas a referendo y alcanzar al menos el 60 % de aprobación por parte de los votantes en noviembre de 2026.
Este umbral elevado convierte el proceso en un desafío político significativo, ya que requerirá consenso amplio entre los electores.
El impacto económico: debate sobre servicios y financiamiento local
El posible recorte del impuesto a la propiedad ha abierto un debate sobre sus implicaciones fiscales. En Florida, este tributo constituye una de las principales fuentes de ingresos para condados y municipios, financiando servicios esenciales como seguridad pública, infraestructura, mantenimiento urbano, bibliotecas y programas comunitarios.
Estimaciones preliminares citadas en el análisis legislativo sugieren que algunas de las propuestas más ambiciosas podrían representar pérdidas de miles de millones de dólares anuales en ingresos locales. Autoridades municipales han advertido que, de concretarse estos recortes sin una fuente alternativa de financiamiento, podrían producirse ajustes presupuestarios o reestructuraciones en la prestación de servicios.
Contexto económico y presión fiscal sobre los propietarios
El impulso de estas reformas coincide con un período de fuerte valorización inmobiliaria en Florida. Si bien el aumento del valor de mercado ha fortalecido el patrimonio de muchos propietarios, también ha elevado las tasaciones fiscales, incrementando la factura anual del impuesto.
A esto se suma el impacto del mercado de seguros, donde el encarecimiento de las pólizas ha intensificado la presión financiera sobre las familias. Legisladores que respaldan las propuestas sostienen que la reforma busca equilibrar esa carga y ofrecer mayor previsibilidad en un entorno económico volátil.
Un debate que marcará la agenda de 2026
La discusión sobre el impuesto a la propiedad perfila convertirse en uno de los temas centrales del ciclo electoral de 2026 en Florida. De avanzar las propuestas, los votantes decidirán si el estado implementa uno de los cambios fiscales más relevantes de las últimas décadas.
Mientras el proceso legislativo continúa, el debate ya ha comenzado a definir posiciones entre quienes priorizan el alivio tributario inmediato y quienes advierten sobre el impacto estructural que podría tener en el financiamiento de los gobiernos locales.
