La administración del presidente Donald Trump prorrogó por un año más la emergencia nacional relacionada con Cuba, manteniendo vigente la autoridad del Gobierno de Estados Unidos para regular, inspeccionar e incluso detener embarcaciones que se dirijan a la isla. La decisión, formalizada este 18 de febrero de 2026, consolida un mecanismo legal que ha sido renovado de manera consecutiva durante casi tres décadas y que sigue ocupando un lugar central dentro de la política estadounidense hacia La Habana.
La medida no constituye una prohibición automática de navegación hacia Cuba, pero sí preserva la base jurídica que permite a las autoridades federales intervenir cuando consideren que existen riesgos para la seguridad nacional o para la política exterior del país. En términos prácticos, esto significa que determinadas embarcaciones, tanto estadounidenses como extranjeras, pueden ser objeto de inspección, regulación de movimiento o detención preventiva si se estima que su viaje podría derivar en incidentes diplomáticos o en situaciones de desestabilización regional.
Alcance legal y facultades del Ejecutivo
La orden extendida por la Casa Blanca se apoya en las facultades que otorga la declaración de emergencia nacional, instrumento que permite al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias ante circunstancias consideradas amenazantes. En el ámbito marítimo, estas facultades abarcan la regulación del fondeo, la navegación en aguas jurisdiccionales y la supervisión de actividades que puedan involucrar a Cuba en un contexto de alta sensibilidad política.
En este escenario, la Guardia Costera de Estados Unidos adquiere un papel clave como brazo operativo de la política de control marítimo. La autoridad para detener o redirigir embarcaciones no se aplica de forma indiscriminada, pero permanece disponible como herramienta disuasiva frente a iniciativas que, según Washington, puedan provocar confrontaciones, facilitar migración irregular o vulnerar disposiciones federales.
El antecedente histórico de 1996
El origen de esta emergencia nacional se remonta a 1996, tras el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate por parte de la Fuerza Aérea cubana. Aquel episodio marcó un punto de inflexión en la relación bilateral y dio paso a un marco más estricto de control sobre actividades marítimas vinculadas a la isla.
Desde entonces, administraciones de distintos signos políticos han renovado la medida año tras año. La continuidad del instrumento refleja que, pese a cambios en el tono diplomático en diferentes periodos, la estructura legal que permite la supervisión marítima se ha mantenido como un componente estable de la política estadounidense hacia Cuba.
Seguridad nacional y riesgos migratorios
En su justificación oficial, la Casa Blanca argumenta que el Gobierno cubano no ha ofrecido garantías suficientes de que evitará el uso excesivo de la fuerza en eventuales escenarios de confrontación en el mar. Asimismo, sostiene que la entrada no regulada de embarcaciones podría facilitar una migración masiva desde la isla, en un momento en que Cuba enfrenta una profunda crisis económica y energética.
El Ejecutivo estadounidense enmarca la situación dentro de la categoría jurídica de “amenaza inusual y extraordinaria”, expresión utilizada en el derecho federal para respaldar la continuidad de emergencias nacionales. Bajo esa premisa, la renovación anual se presenta como una medida preventiva destinada a evitar escenarios de descontrol migratorio o incidentes que puedan escalar tensiones diplomáticas.
La orden ejecutiva del 29 de enero: nueva declaración de emergencia y ampliación del marco de presión
El pasado 29 de enero de 2026, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que volvió a declarar una emergencia nacional vinculada a la situación en Cuba, reforzando así el andamiaje legal que sustenta las acciones adoptadas semanas después en materia marítima.
La orden establece que las acciones y políticas del Gobierno cubano constituyen una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, fórmula jurídica que permite activar facultades extraordinarias contempladas en la legislación federal, particularmente bajo la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).
En el documento, la Casa Blanca argumenta que la persistencia de restricciones políticas internas, el manejo de la crisis económica y energética y la posibilidad de escenarios de inestabilidad regional justifican la necesidad de mantener herramientas ejecutivas ampliadas. La declaración no solo reafirma la continuidad del embargo, sino que también abre la puerta a nuevas medidas de presión financiera y comercial.
Uno de los elementos más relevantes de la orden del 29 de enero es la advertencia de posibles acciones contra terceros países o entidades que contribuyan de forma significativa al sostenimiento energético del Gobierno cubano. En particular, se menciona la posibilidad de imponer sanciones o aranceles a actores que suministren petróleo u otros recursos estratégicos a la isla, en el contexto de la severa escasez de combustible que atraviesa el país caribeño.
La orden ejecutiva también sirve como base política y jurídica para reforzar el control sobre actividades marítimas vinculadas a Cuba, incluyendo la supervisión de embarcaciones y la regulación de operaciones consideradas sensibles. De este modo, el decreto del 29 de enero no opera de manera aislada, sino que se integra dentro de una estrategia más amplia que combina presión económica, instrumentos de seguridad nacional y control de flujos migratorios.
Contexto 2026: crisis energética y presión política
La extensión de la orden ocurre en un año particularmente complejo para Cuba, marcado por escasez de combustible, apagones prolongados y restricciones en sectores estratégicos como el transporte y la aviación. En declaraciones recientes, Trump ha calificado la situación en la isla como una “amenaza humanitaria” y ha reiterado que el embargo estadounidense continúa en vigor.
Además, el mandatario ha advertido sobre posibles sanciones o aranceles dirigidos a países que suministren petróleo al Gobierno cubano, ampliando así el espectro de presión económica. Estas acciones se inscriben dentro de una estrategia más amplia orientada a condicionar el comportamiento del Ejecutivo cubano mediante instrumentos financieros, comerciales y de seguridad.
Impacto potencial en operadores y tráfico marítimo
Aunque la prórroga no implica la suspensión general del comercio marítimo hacia Cuba, sí introduce un elemento de cautela para operadores privados, organizadores de flotillas con fines políticos o conmemorativos, y compañías involucradas en transporte hacia la isla. La permanencia de la autoridad de detención refuerza el mensaje de que cualquier actividad considerada sensible será objeto de supervisión estricta.
En un contexto regional donde la migración, la seguridad energética y las tensiones diplomáticas ocupan un lugar central en la agenda política, la renovación de esta emergencia nacional confirma que la dimensión marítima continúa siendo un componente estratégico de la relación entre Washington y La Habana.
La decisión de 2026, al mantener vigente una medida adoptada hace casi treinta años, subraya la persistencia de un enfoque de vigilancia y control en la política estadounidense hacia Cuba, en medio de un escenario bilateral que sigue marcado por desconfianza, presión económica y una crisis interna profunda en la isla.
