“Será doloroso”: dictadura cubana admite que el país entra en una etapa crítica y acude a un «proceso de reorganización»

El gobierno de Cuba reconoció públicamente que el país se encamina hacia un “proceso de reorganización” que tendrá consecuencias difíciles para la población, en un nuevo mensaje oficial que confirma la profundidad de la crisis económica y social que atraviesa la isla. El anuncio lo realizó el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío en una entrevista a EFE donde admitió que la etapa que se avecina implicará sacrificios adicionales para los ciudadanos.

Las declaraciones se producen en un momento de extrema fragilidad económica, marcado por una escasez persistente de alimentos, combustible y medicamentos, apagones prolongados, inflación elevada y un deterioro acelerado del poder adquisitivo de la mayoría de los cubanos.

Un reconocimiento poco habitual del impacto social

Uno de los elementos más relevantes del mensaje oficial es la admisión explícita de que el proceso será “doloroso”. En el discurso del régimen, este tipo de reconocimiento no es habitual y suele aparecer únicamente cuando las condiciones económicas han alcanzado niveles críticos.

Aunque el funcionario no detalló qué medidas concretas se aplicarán, sus palabras anticipan nuevos ajustes internos que recaerán, en gran medida, sobre la población, en un contexto donde amplios sectores ya enfrentan serias dificultades para cubrir necesidades básicas.

El concepto de “reorganización” y su carga política

El término “reorganización” se presenta como un concepto amplio y deliberadamente impreciso. En el lenguaje político del régimen cubano, este tipo de formulación suele utilizarse para anticipar cambios económicos sin definir su alcance ni reconocer abiertamente fallos estructurales del modelo vigente.

Lejos de anunciar un plan de reformas con objetivos claros, plazos definidos o medidas específicas, el mensaje se limita a preparar el terreno social y político para una nueva etapa de ajustes, sin ofrecer garantías de mejora ni señales concretas de recuperación.

Una economía al límite

El anuncio ocurre en medio de una crisis que se ha profundizado en los últimos años. La economía cubana enfrenta una fuerte contracción productiva, una drástica reducción de ingresos externos y severas limitaciones financieras que afectan la capacidad del Estado para sostener servicios básicos.

La pérdida de Venezuela como principal aliado, luego de la detención de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos el 3 de enero, ha llevado a que los suministros de crudo se reduzcan prácticamente al mínimo. La falta de combustible por las posibles sanciones a países que envíen petróleo a Cuba impacta directamente en el transporte, la generación eléctrica y la producción de alimentos, mientras que la inflación ha erosionado los salarios y pensiones hasta niveles insuficientes para la subsistencia. Este escenario ha generado un creciente malestar social y una emigración sostenida.

Reorganizar la escasez: anatomía de un Estado en repliegue

El anuncio de un “doloroso proceso de reorganización” no debe leerse como una medida técnica ni como un ajuste administrativo convencional. En el contexto actual de Cuba —marcado por el colapso productivo, la descapitalización del Estado y una crisis social sin precedentes— ese lenguaje funciona como un eufemismo político. Más que anunciar soluciones, el régimen parece estar preparando a la población para una redistribución autoritaria de la escasez, en un intento por preservar el control del poder en medio del deterioro acelerado del país.

La reorganización, en este sentido, no apunta a modernizar el Estado, sino a hacerlo más pequeño, más militarizado y más defensivo. El aparato público, sobredimensionado e ineficiente, ya no es sostenible ni siquiera bajo los parámetros del propio sistema. Por ello, todo indica que el gobierno optará por concentrar recursos en un número reducido de sectores estratégicos —energía, seguridad, turismo controlado y defensa— mientras abandona de facto cualquier pretensión de bienestar general. El costo social de ese repliegue recaerá sobre los trabajadores estatales, los jubilados y las familias que dependen de subsidios que ya no pueden financiarse.

En paralelo, el proceso sugiere una transferencia silenciosa de poder desde el Estado civil hacia el complejo militar-empresarial. GAESA no aparece como un actor más, sino como el verdadero eje de la reorganización. Allí donde el Estado fracasa, el poder militar avanza, no para resolver la crisis, sino para administrarla con criterios de control y disciplina. La economía deja de ser un espacio de producción y pasa a convertirse en un territorio de seguridad nacional, donde la eficiencia se mide en capacidad de mando, no en resultados sociales.

Otro componente central de esta transformación es el endurecimiento de los mecanismos de control cotidiano. La reorganización apunta a una nueva etapa de racionamiento, no necesariamente visible en los términos clásicos de la libreta, sino más sofisticada y tecnológicamente mediada. La posible introducción de controles digitales sobre el consumo, restricciones al uso de divisas y límites más estrictos al trabajo privado no buscan corregir distorsiones económicas, sino reducir los márgenes de autonomía de la población. En un país donde el Estado ya no puede garantizar derechos, el control se convierte en su principal herramienta de gobernabilidad.

Desde esta lógica, el discurso de la “equidad” sirve para legitimar una política de empobrecimiento administrado. La escasez no se combate: se organiza, se dosifica y se vigila. Reorganizar, en la práctica, significa adaptar a la sociedad a un nivel de carencia estructural, normalizando el deterioro como condición permanente.

El frente monetario refuerza esta lectura. Cualquier intento de “ordenamiento” en el contexto actual no puede interpretarse como una reforma genuina, sino como una operación de emergencia para capturar divisas y absorber liquidez. La experiencia de 2021 dejó claro que este tipo de medidas no estabilizan la economía, pero sí permiten al Estado recomponer temporalmente su control financiero. Una nueva intervención monetaria, más dura y menos transparente, profundizaría la desigualdad y consolidaría un sistema donde el acceso a la moneda fuerte define jerarquías sociales cada vez más rígidas.

En el plano político, la reorganización funciona como una estrategia de cierre. Ante el aislamiento internacional y la presión externa, el régimen no se abre: se encapsula. La centralización económica bajo mando militar busca blindar los recursos estratégicos y reducir los riesgos internos, incluso al precio de sacrificar cualquier narrativa reformista. Menos transparencia, menos autonomía local y más vigilancia preventiva se perfilan como pilares del nuevo equilibrio.

Finalmente, el proceso sugiere una mutación más profunda del modelo cubano. Lejos de avanzar hacia una economía mixta con reglas claras, la reorganización podría estar sentando las bases de un capitalismo oligárquico controlado desde el poder, donde activos estatales se transfieren selectivamente a manos leales al aparato militar y partidista. No se trata de liberalización, sino de reconfiguración de la propiedad sin democratización del poder.

El paralelismo con otros procesos post-socialistas resulta inquietante: viejas élites que se reciclan como gestores privados del patrimonio público, manteniendo intacta la estructura autoritaria. En ese escenario, el control económico sustituye al discurso ideológico como principal mecanismo de dominación.

En síntesis, el “doloroso proceso de reorganización” no anuncia una salida de la crisis, sino una nueva fase del colapso gestionado. Un Estado que ya no promete prosperidad, sino obediencia; que no ofrece futuro, sino supervivencia; y que redefine su legitimidad no en función del bienestar ciudadano, sino de su capacidad para mantenerse en pie mientras el país se vacía.

Un país al límite y una población sin margen para más sacrificios

El anuncio de un “proceso de reorganización doloroso” no solo confirma la gravedad de la crisis que atraviesa Cuba, sino que evidencia el agotamiento de un modelo que, una y otra vez, traslada el peso de sus fracasos a la población. Bajo un lenguaje cuidadosamente calculado, el régimen reconoce que vienen tiempos aún más duros, pero evita explicar cómo, cuándo y con qué garantías se aplicarán los cambios anunciados.

Para millones de cubanos que sobreviven entre apagones, escasez y salarios sin valor real, la palabra “reorganización” no representa esperanza, sino la antesala de nuevos ajustes, más carencias y un deterioro adicional de sus condiciones de vida. El discurso oficial vuelve a apelar al sacrificio colectivo, mientras el país continúa sin una hoja de ruta clara que apunte a una recuperación real y sostenible.

En ausencia de transparencia, reformas profundas y soluciones estructurales, el llamado proceso de reorganización parece destinado a administrar la crisis y prolongar la incertidumbre, no a resolverla. Una vez más, el mensaje que llega a la ciudadanía es que el costo del colapso deberá ser asumido por quienes menos margen tienen para resistirlo, en un país donde la paciencia social se encuentra cada vez más cerca de su límite.