El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda civil por 10.000 millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusando a ambas agencias federales de no haber protegido adecuadamente su información tributaria confidencial.
La acción legal sostiene que las fallas de supervisión y seguridad dentro del IRS permitieron la filtración de datos fiscales protegidos por ley, afectando no solo al propio Trump, sino también a miembros de su familia y a su organización empresarial.
Una filtración que expuso información altamente sensible
Según la demanda, la filtración fue perpetrada por Charles “Chaz” Littlejohn, un contratista externo que trabajó para el IRS entre 2018 y 2020. Durante ese período, Littlejohn habría tenido acceso a bases de datos internas que contenían declaraciones de impuestos de Trump, de sus hijos y de la Organización Trump, entre otros contribuyentes.
El documento judicial subraya que el acceso a esta información no se limitó a un archivo aislado, sino que incluyó volúmenes significativos de datos fiscales, lo que evidencia —según los demandantes— deficiencias profundas en los controles internos del IRS.
Cómo se produjo la divulgación de los impuestos
La demanda sostiene que Littlejohn copió y divulgó la información fiscal sin autorización, aprovechando lagunas en los sistemas de monitoreo y supervisión. Estos datos terminaron siendo difundidos públicamente, lo que derivó en una amplia exposición mediática de información que la ley federal obliga a mantener en estricta reserva.
Littlejohn, que prestaba servicios para la firma de defensa y seguridad Booz Allen Hamilton, logró ingresar a sistemas del IRS y extraer información tributaria durante el período comprendido entre 2018 y 2020. Una vez confirmada su implicación en las filtraciones, el Departamento del Tesoro decidió poner fin a los contratos con la compañía, al sostener que esta falló en aplicar controles eficaces para proteger información altamente sensible, incluidos los datos privados de los contribuyentes.
Condena penal y responsabilidades administrativas
En el transcurso del juicio, Littlejohn reconoció que sus acciones estuvieron motivadas por razones políticas y afirmó que, a su juicio, Trump representaba “una amenaza para la democracia”.
En 2024, a Littlejohn lo condenaron a cinco años de prisión, tras declararse culpable de la filtración masiva de información fiscal no solo de la familia Trump sino de medios de prensa como The New York Times y ProPublica. A raíz del caso, el Departamento del Tesoro tomó medidas administrativas, entre ellas la cancelación de contratos con Booz Allen Hamilton, la empresa para la que trabajaba el contratista.
Según las autoridades federales, la firma no habría aplicado salvaguardas suficientes para impedir accesos indebidos a información sensible, un punto que refuerza el argumento central de la demanda presentada por Trump.
Las filtraciones de información fiscal salieron a la luz pública en 2020 a través de una investigación de The New York Times, que examinó parte de esos registros y expuso un patrón tributario inusual en el caso de Donald Trump. Según el reportaje, el entonces presidente abonó apenas 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2016 y 2017 y, además, evitó pagar impuestos en la mayoría de los quince años previos. Trump respondió rechazando de plano esas revelaciones, las calificó como falsas y denunció que los documentos habían sido obtenidos de manera ilícita.
En 2022, la polémica se reavivó cuando la Cámara de Representantes, entonces bajo control demócrata, hizo públicas varias de sus declaraciones fiscales. Esos documentos confirmaron que en 2020 no realizó pagos de impuestos federales y que, en otros años, sus contribuciones fueron mínimas, sustentadas en la declaración de pérdidas económicas multimillonarias.
El fundamento legal: la confidencialidad fiscal
La demanda se apoya en el artículo 6103 del Código del IRS, que establece la confidencialidad absoluta de las declaraciones de impuestos y de cualquier información fiscal identificable. El texto legal subraya que esta protección no distingue entre ciudadanos comunes y figuras públicas, y que las agencias federales tienen la obligación de resguardar esos datos bajo cualquier circunstancia.
Los abogados de Trump argumentan que el IRS y el Tesoro incumplieron ese deber al permitir que contratistas externos accedieran a información extremadamente sensible sin controles suficientes.
Daños alegados por Trump y su entorno
El documento judicial afirma que la divulgación de los impuestos provocó daños financieros, reputacionales y políticos. Entre los efectos señalados se incluyen el impacto negativo sobre la imagen pública de Trump, el perjuicio a sus intereses empresariales y la afectación a su entorno familiar.
La demanda también sostiene que la filtración influyó en la percepción de los votantes durante el proceso electoral de 2020, al exponer información fiscal en un contexto de alta polarización política.
Quiénes figuran como demandantes
Además de Donald Trump, la demanda incluye a Donald Trump Jr., Eric Trump y a la Organización Trump, todos identificados como víctimas directas de la filtración. El texto argumenta que la exposición de información tributaria privada afectó tanto a personas físicas como a una entidad corporativa.
Implicaciones más allá del caso Trump
Más allá de los nombres involucrados, la demanda vuelve a colocar bajo escrutinio el uso de contratistas privados por parte del IRS y la capacidad del gobierno federal para proteger datos altamente sensibles. El caso plantea preguntas sobre los límites de la externalización de servicios y sobre la responsabilidad última del Estado cuando se vulnera la privacidad fiscal de los contribuyentes.
El proceso judicial sigue en curso y podría sentar un precedente relevante en materia de protección de datos, responsabilidad institucional y seguridad de la información tributaria en Estados Unidos.
