Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos determinó que fue ilegal la decisión de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, al concluir que la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se excedió en sus facultades legales al intentar poner fin al programa antes de su fecha oficial de expiración.
El fallo fue emitido por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que revisó la legalidad de la medida adoptada por el gobierno federal en el marco de su política migratoria.
Qué determinó la corte
Según la decisión judicial, la legislación que regula el TPS no autoriza a la secretaria de Seguridad Nacional a cancelar una designación vigente antes de que expire, salvo que se sigan los procedimientos y plazos establecidos por el Congreso. Los magistrados señalaron que el Ejecutivo no tiene discreción absoluta para revocar una protección temporal ya concedida.
En su razonamiento, el tribunal subrayó que el TPS es un mecanismo creado por ley para responder a crisis humanitarias, conflictos armados o desastres naturales, y que su vigencia está sujeta a períodos claramente definidos, no a decisiones administrativas unilaterales.
“El expediente está lleno de ejemplos de miembros de la sociedad trabajadores y contribuyentes —que son madres, padres, esposas, esposos y parejas de ciudadanos estadounidenses, pagan impuestos y no tienen antecedentes penales— que han sido deportados o detenidos después de perder su TPS”, dijo Kim Wardlaw juez del Noveno Circuito quien estuvo acompañado por sus colegas Anthony Johnstone y Salvador Mendoza
Ratificación de un fallo previo
La Corte de Apelaciones ratificó una decisión anterior de un tribunal inferior, que ya había concluido que la secretaria de Seguridad Nacional carecía de autoridad legal para terminar anticipadamente el TPS para venezolanos. Este nuevo fallo refuerza ese criterio y establece un precedente relevante sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria.
Sin efectos inmediatos para los beneficiarios
A pesar de que la corte declaró ilegal la eliminación del TPS, la decisión no cambia de inmediato la situación migratoria de los venezolanos afectados. Esto se debe a que la Corte Suprema de Estados Unidos permitió previamente que la cancelación del programa entrara en vigor de forma provisional, mientras el litigio continúa su curso judicial.
En términos prácticos, la eliminación del TPS sigue aplicándose temporalmente, a la espera de una resolución definitiva por parte del máximo tribunal del país.
Un fallo que también afecta a haitianos
El dictamen judicial no se limita al caso venezolano, los jueces concluyeron que la secretaria de Seguridad Nacional también se excedió en sus atribuciones al intentar poner fin anticipadamente al TPS para ciudadanos haitianos, lo que amplía el alcance del fallo y refuerza la interpretación legal sobre cómo debe administrarse este programa.
«Está claro que las medidas de la secretaria no estaban realmente fundamentadas en consideraciones de política significativas o diferencias genuinas con respecto a los procedimientos de TPS del gobierno anterior, sino que estaban enraizadas en un diagnóstico estereotipado de los migrantes de Venezuela y Haití como criminales peligrosos o mentalmente inestables», dijo el juez Mendoza.
El impacto humano detrás de la decisión
En su análisis, la corte destacó las consecuencias reales de la eliminación del TPS para miles de personas que habían construido sus vidas en Estados Unidos bajo esta protección. El fallo menciona que muchos beneficiarios son trabajadores activos, contribuyentes y padres de familia, y que algunos enfrentaron detenciones o procesos de deportación tras perder su estatus legal.
Estas consideraciones humanas formaron parte del contexto evaluado por los jueces al analizar la legalidad de la medida y sus efectos prácticos.
Un debate legal que sigue abierto
Aunque el fallo representa un revés significativo para la política migratoria que buscó eliminar el TPS, el futuro del programa aún no está definido. La decisión final recaerá en la Corte Suprema, que deberá pronunciarse sobre el alcance de la autoridad del Ejecutivo y la vigencia de las protecciones otorgadas a venezolanos y otros grupos beneficiarios.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste para cientos de miles de migrantes que dependen del TPS como única vía para residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
