Batalla legal millonaria: Trump demanda por más de 4.200 millones de dólares a JPMorgan Chase y a su CEO por desbancarización

El presidente de Estados Unidos Donald Trump presentó una demanda civil contra JPMorgan Chase, la mayor entidad bancaria del país, y contra su director ejecutivo, Jamie Dimon, en la que reclama una indemnización superior a los 4.250 millones de euros. La acción legal se fundamenta en lo que Trump describe como una exclusión deliberada e injustificada del sistema financiero, motivada por razones políticas e ideológicas.

La demanda interpuesta ante un tribunal del estado de Florida se centra en la decisión del banco de poner fin a su relación comercial con Trump tras los acontecimientos del 6 de enero de 2021, cuando se produjo el asalto al Capitolio en Washington.

Decisión bancaria tras los hechos del 6 de enero

Según el texto judicial, JPMorgan Chase decidió revisar y posteriormente cancelar los servicios financieros que mantenía con Trump a raíz del clima político y social generado después del asalto al Capitolio. La demanda sostiene que el banco comunicó al expresidente que disponía de un plazo limitado para cerrar todas sus cuentas, una medida que Trump considera excepcional y carente de fundamentos financieros objetivos.

El documento subraya que la entidad no alegó incumplimientos contractuales, problemas de solvencia ni irregularidades financieras que justificaran el cierre de las cuentas, sino que la decisión se habría basado en consideraciones externas vinculadas a la imagen pública y al contexto político del momento.

Alegaciones de exclusión por motivos ideológicos

Trump sostiene que el banco incurrió en una práctica conocida como “desbancarización”, al retirarle el acceso a servicios bancarios esenciales por razones ideológicas. La demanda argumenta que esta actuación vulnera los principios de buena fe y trato justo que deben regir las relaciones entre una institución financiera y sus clientes, especialmente cuando se trata de vínculos comerciales consolidados.

El escrito judicial recalca que la exclusión del sistema bancario no solo afecta a la operatividad financiera inmediata, sino que también tiene un impacto estructural en la capacidad de una persona o empresa para desarrollar su actividad económica en un entorno altamente regulado como el estadounidense.

Responsabilidad atribuida a Jamie Dimon

La demanda incluye acusaciones directas contra Jamie Dimon, a quien Trump señala como responsable último de las decisiones adoptadas por JPMorgan Chase. Según el texto legal, el director ejecutivo habría permitido o impulsado una conducta que, en opinión de los demandantes, excede los márgenes de una gestión bancaria ordinaria.

Trump sostiene que Dimon incurrió en prácticas contrarias a la legislación del estado de Florida en materia de comercio desleal y engañoso, al avalar una actuación que habría perjudicado de forma deliberada la posición económica y reputacional del expresidente.

Daños económicos y reclamación multimillonaria

El presidente cuantifica los perjuicios derivados de la decisión del banco en más de 5.000 millones de dólares, equivalentes a más de 4.250 millones de euros. La demanda argumenta que el daño sufrido va más allá del cierre puntual de cuentas, al afectar múltiples áreas de su actividad empresarial.

Según el texto, la pérdida de acceso a servicios financieros generó dificultades operativas, afectó relaciones comerciales y provocó un deterioro significativo de su reputación como empresario, factores que Trump considera determinantes para justificar la elevada compensación económica solicitada.

Impacto reputacional y acceso al sistema financiero

El documento judicial insiste en que el daño causado no es únicamente económico, sino también reputacional. Trump sostiene que la decisión de JPMorgan Chase envió un mensaje negativo al resto del sistema financiero, dificultando el acceso a servicios bancarios en un entorno donde la reputación juega un papel clave en las relaciones comerciales.

La demanda plantea que este tipo de decisiones pueden generar un efecto disuasorio más amplio, al excluir del sistema a determinados clientes no por criterios financieros, sino por factores políticos o ideológicos.

¿Qué es la “desbancarización” y por qué tiene implicaciones legales en EE. UU.?

El término “desbancarización” se utiliza para describir la práctica mediante la cual una entidad financiera cierra cuentas, limita servicios o pone fin a relaciones comerciales con un cliente, no necesariamente por razones financieras objetivas, sino por consideraciones reputacionales, políticas, ideológicas o de riesgo percibido.

En Estados Unidos, los bancos privados tienen amplias facultades para decidir con quién mantienen relaciones comerciales, especialmente cuando alegan razones de cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero o gestión de riesgos. Sin embargo, estas decisiones no son absolutas y pueden ser cuestionadas judicialmente cuando el cliente considera que se han vulnerado principios legales básicos.

Desde el punto de vista jurídico, las demandas por “desbancarización” suelen apoyarse en varios ejes: la obligación de actuar de buena fe, el trato justo entre las partes, el respeto a los términos contractuales vigentes y, en algunos casos, la prohibición de prácticas comerciales consideradas desleales o engañosas bajo la legislación estatal.

Un caso con implicaciones estructurales

Aunque la demanda se centra en una disputa concreta entre Trump y JPMorgan Chase, el texto subraya que el caso abre un debate más amplio sobre los límites de la discrecionalidad bancaria en Estados Unidos. La acción legal cuestiona hasta qué punto las grandes entidades financieras pueden decidir con quién mantener relaciones comerciales cuando entran en juego consideraciones políticas o de imagen pública.

Si bien JPMorgan Chase ha señalado en otras ocasiones que no cierra cuentas por motivos políticos o ideológicos, el proceso judicial podría convertirse en un referente sobre el acceso equitativo al sistema financiero en contextos de alta polarización.

Por el momento, el banco no ha emitido una respuesta detallada en el marco de este procedimiento específico, mientras la demanda continúa su curso en los tribunales del estado de Florida.