El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) presentó un balance ampliamente favorable de su gestión durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, asegurando que ha sentado las bases para otro año “histórico y de récords” en materia de seguridad nacional y control migratorio. El comunicado, difundido el 20 de enero de 2026, no solo repasa lo que la agencia considera logros sin precedentes, sino que también adelanta un mensaje claro: la estrategia actual no será revisada ni suavizada, sino consolidada y ampliada.
El texto funciona tanto como informe institucional como pieza política, al alinearse de manera explícita con la narrativa presidencial que sitúa la inmigración irregular y la seguridad fronteriza en el centro de la agenda nacional.
Un año que el DHS califica como “sin precedentes”
Desde la óptica del DHS y bajo la supervisión de la secretaria Kristi Noem, 2025 representó un punto de inflexión. El organismo describe este período como uno de recuperación del control estatal, luego de lo que considera años de aplicación laxa de la ley migratoria. En su balance, la agencia sostiene que logró avances estructurales que no solo impactaron las cifras inmediatas, sino que redefinieron la forma en que el gobierno federal aborda la inmigración y la seguridad.
El comunicado insiste en que estos resultados no fueron circunstanciales, sino el producto de decisiones políticas deliberadas, una reorientación interna del DHS y un respaldo directo desde la Casa Blanca para ejecutar medidas que anteriormente enfrentaban mayores restricciones administrativas o políticas.
Reducción de cruces irregulares en la frontera sur
Uno de los mensajes centrales del documento es la afirmación de que los cruces irregulares por la frontera sur disminuyeron de manera significativa. El DHS atribuye este descenso a un enfoque integral que combina disuasión, presencia física y aplicación inmediata de consecuencias legales.
«En el primer año de regreso del presidente Trump en el cargo, casi 3 millones de inmigrantes ilegales han abandonado Estados Unidos debido a la represión de la administración Trump contra la inmigración ilegal, incluyendo un estimado de 2,2 millones de autodeportaciones y más de 675.000 deportaciones», explicó Noem.
Más allá de las cifras, que no son detalladas en el comunicado, el énfasis está puesto en el cambio de dinámica. Según la agencia, el mensaje transmitido a potenciales migrantes fue inequívoco: el ingreso irregular ya no sería tolerado ni gestionado de forma flexible, sino enfrentado con medidas firmes y rápidas. Para el DHS, este cambio de percepción fue tan relevante como las acciones operativas en el terreno.
Deportaciones y aplicación estricta de la ley migratoria
El aumento de deportaciones ocupa un lugar destacado en el balance oficial. El DHS presenta estas cifras como una demostración de que el sistema migratorio volvió a funcionar conforme a la ley, ejecutando órdenes pendientes y acelerando procesos de remoción.
El comunicado subraya que esta política busca restablecer la credibilidad del marco legal estadounidense y enviar una señal tanto dentro como fuera del país. En la narrativa oficial, la aplicación estricta de la ley no se plantea como una medida excepcional, sino como el estándar que regirá durante todo el segundo mandato.
Las cifras oficiales reflejan que una amplia mayoría de las personas arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) presenta antecedentes penales relevantes. Según los datos disponibles, el 70 % de los detenidos han sido condenados previamente o enfrentan cargos criminales pendientes.
Durante el primer año del presidente Donald Trump, las operaciones de ICE se concentraron de manera prioritaria en individuos considerados de alto riesgo. En ese periodo, la agencia arrestó a 43.305 personas clasificadas como posibles amenazas para la seguridad nacional, en el marco de una estrategia orientada a la identificación y neutralización de perfiles considerados peligrosos.
Dentro de ese balance, las autoridades reportaron la detención de 1.416 terroristas conocidos o sospechosos (KST, por sus siglas en inglés), así como la expulsión del país de otros 1.392 individuos incluidos en esa misma categoría. A estas cifras se suman más de 7.000 arrestos relacionados con actividades de pandillas, lo que, según ICE, evidencia el énfasis puesto en el combate a estructuras criminales organizadas y redes consideradas una amenaza para la seguridad pública.
El papel de ICE y CBP en los resultados reportados
El DHS reconoce de forma explícita el rol central de Immigration and Customs Enforcement (ICE) y Customs and Border Protection (CBP) en la consecución de estos resultados. Ambas agencias son presentadas como pilares operativos de la estrategia gubernamental y han llevado las deportaciones a cifras históricas.
Los datos oficiales muestran una reducción significativa en las detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) a lo largo de la frontera suroeste. Durante el primer año de la administración actual, los agentes registraron un total de 90.084 detenciones, una cifra considerablemente menor si se compara con el promedio mensual observado durante la administración de Joe Biden, que superaba las 155.000 detenciones al mes.
Esta caída no solo marca una diferencia frente a periodos anteriores, sino que también sitúa los últimos 12 meses como el lapso con menos detenciones en la historia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). El descenso se mantiene consistente independientemente del método de medición utilizado, ya sea considerando el período comprendido entre el 20 de enero de un año y el 20 de enero del siguiente, o el intervalo tradicional de enero a diciembre.
El contraste entre ambos periodos subraya un cambio notable en la dinámica de los cruces fronterizos y en los registros de aprehensiones, reflejando uno de los niveles más bajos de actividad migratoria documentados por la agencia en décadas.
ICE es descrita como el brazo ejecutor de las políticas internas de control migratorio, mientras que CBP aparece como la primera línea de defensa en la frontera y los puntos de entrada. El comunicado deja claro que estas agencias no solo contaron con mayores recursos, sino también con un margen de acción más amplio para cumplir sus objetivos.
Infraestructura fronteriza y uso de recursos federales
La expansión de la infraestructura fronteriza constituye otro eje clave del balance. El DHS destaca avances sostenidos en la construcción y refuerzo de barreras físicas, presentándolas como una herramienta esencial para garantizar el control territorial.
Más allá de su función práctica, el comunicado sugiere que estas obras tienen un valor estratégico y simbólico. Para la administración, las barreras representan una manifestación tangible de soberanía y determinación política, elementos que refuerzan el discurso de seguridad y control promovido desde la Casa Blanca.
Las estadísticas fronterizas reflejan un cambio profundo en el ritmo de los encuentros diarios a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos durante el primer año del presidente Donald Trump. En ese periodo, la Patrulla Fronteriza (USBP) reportó una reducción cercana al 95 % en el promedio diario de encuentros en comparación con los niveles registrados durante la administración de Joe Biden.
La diferencia entre ambos momentos resulta especialmente marcada al observar los promedios diarios. Mientras que bajo la administración actual las cifras se mantuvieron en mínimos históricos, durante la etapa anterior el volumen de encuentros en la frontera suroeste fue sustancialmente mayor: el promedio diario registrado durante el gobierno de Biden superó en un 1.936 % al observado en el primer año de la administración Trump.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) continuará ocupando una posición estratégica en la aplicación de la política arancelaria del presidente, ejerciendo sus funciones como principal autoridad en materia de control del comercio internacional y recaudación de ingresos federales. Este rol se verá reforzado por una coordinación permanente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y con otras agencias federales, estatales y locales involucradas en la gestión de grandes eventos internacionales.
En el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Copa Mundial de la FIFA 2026), la CBP tendrá la responsabilidad de garantizar que millones de viajeros, delegaciones oficiales y participantes experimenten procesos de ingreso y tránsito seguros, ágiles y eficientes. Para ello, la agencia implementará un enfoque integral que combine estrictas medidas de seguridad con mecanismos de facilitación diseñados para evitar retrasos y congestiones en aeropuertos, puertos marítimos y cruces terrestres.
Estos esfuerzos incluirán el despliegue de tecnologías avanzadas de inspección y verificación, el fortalecimiento de alianzas estratégicas entre agencias nacionales e internacionales, así como una planificación operativa exhaustiva adaptada a las necesidades específicas de cada ciudad anfitriona en Estados Unidos y de los principales puntos de entrada al país. El objetivo declarado es equilibrar la protección de la seguridad nacional con una experiencia fluida y de alto nivel para todos los visitantes durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.
Impacto en las comunidades migrantes
Aunque el comunicado del DHS no aborda este punto de manera directa, el alcance de las políticas descritas tiene un impacto profundo en las comunidades migrantes dentro de Estados Unidos. El aumento de deportaciones, los operativos intensificados y el mensaje de “cero tolerancia” han generado un clima de mayor incertidumbre entre millones de personas en situación migratoria irregular o con procesos pendientes.
Organizaciones comunitarias y defensores de derechos civiles han señalado que este entorno ha incrementado el temor a interactuar con instituciones públicas, acudir a servicios básicos o denunciar delitos. Familias mixtas, en las que algunos miembros son ciudadanos o residentes legales y otros no, se encuentran entre las más afectadas por la intensificación de las medidas.
En muchas comunidades, especialmente en estados con alta población migrante, el endurecimiento de la política migratoria ha tenido efectos sociales y económicos, desde la separación de familias hasta la reducción de la participación laboral por miedo a detenciones. Estos efectos, aunque no mencionados en el balance oficial, forman parte del contexto en el que se aplican las políticas que el DHS presenta como exitosas.
Sin embargo, el balance presentado por las autoridades, este amplio despliegue de acciones de aplicación de la ley ha tenido efectos que trascienden el ámbito de la seguridad pública. Entre los impactos señalados se incluye un fortalecimiento de la seguridad en numerosas ciudades, acompañado de una caída pronunciada en las muertes por sobredosis de fentanilo, uno de los principales problemas de salud pública en el país.
A estos resultados se suman efectos de carácter socioeconómico, como una moderación en los precios de los alquileres, una mejora en los niveles salariales y un incremento general en los indicadores de calidad de vida. En conjunto, estos factores —según el argumento oficial— habrían beneficiado a millones de estadounidenses, al combinar mayores niveles de seguridad con condiciones económicas más favorables en distintas comunidades del país.
Impacto en los infantes
Durante la presidencia de Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en coordinación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (Departamento de Salud y Servicios Humanos), informó haber localizado a 132.720 menores migrantes no acompañados cuyo paradero no había sido plenamente identificado durante la administración anterior. Según las autoridades, este esfuerzo formó parte de una estrategia más amplia orientada a restablecer el seguimiento institucional de niños que ingresaron al país sin un adulto responsable.
Los reportes oficiales advierten que un número significativo de estos menores estuvo expuesto a situaciones de alta vulnerabilidad. De acuerdo con el balance presentado, muchos habrían sido víctimas de explotación, abuso o negligencia en distintas fases del proceso migratorio, incluyendo el tránsito hacia Estados Unidos, el cruce fronterizo y el período posterior a su ingreso al país. Estas condiciones, sostienen las autoridades, evidencian fallas graves en los mecanismos de protección y supervisión aplicados en años previos.
En términos más amplios, funcionarios del actual gobierno aseguran que durante la administración de Joe Biden se perdió el rastro de más de 450.000 menores no acompañados, una situación que atribuyen a políticas fronterizas menos estrictas y a deficiencias en los sistemas de control y seguimiento. Frente a este panorama, el DHS reiteró su compromiso de intensificar las labores de localización y verificación, subrayando que los esfuerzos continuarán sin interrupción hasta esclarecer la situación de cada menor y garantizar su protección.
El ciudadano americano como eje principal
USCIS han iniciado un proceso de revisión y ajuste de las políticas migratorias con el objetivo declarado de reforzar la integridad del sistema. Según la agencia, estos cambios introducen criterios más estrictos y mecanismos actualizados destinados a regular el acceso a los beneficios migratorios, priorizando perfiles que, de acuerdo con el enfoque oficial, se alineen con la cultura cívica del país y compartan sus valores fundamentales.
En este marco, la secretaria de Seguridad Nacional y el presidente han subrayado que la inmigración legal debe gestionarse de manera que aporte beneficios directos a los ciudadanos estadounidenses. Las autoridades sostienen que el rediseño de las políticas busca evitar impactos negativos sobre el bienestar general y el modo de vida del país, al tiempo que preserva un sistema migratorio que consideran ordenado, seguro y coherente con los intereses nacionales.
Papel de la Guardia Costera
En el primer año de Trump, la Guardia Costera de Estados Unidos fue presentada por la administración como un actor clave en la seguridad nacional, al interceptar cargamentos de drogas antes de que llegaran a las costas, impedir la entrada de inmigrantes por vías marítimas y participar en operaciones de rescate. El balance oficial también vincula su labor con la protección de la actividad económica marítima y destaca un aumento en el reclutamiento, interpretado como un fortalecimiento institucional y respaldo a su misión.
La Guardia Costera de Estados Unidos reportó resultados históricos desde el 20 de enero de 2025, destacando la incautación de casi 470.000 libras de cocaína, el aumento del 44 % en las interdicciones de inmigrantes irregulares mediante operaciones marítimas especializadas y el aseguramiento de extensas zonas fronterizas y accesos marítimos con apoyo de tecnología avanzada.
Paralelamente, facilitó el movimiento seguro de 1.800 millones de toneladas de carga, fortaleciendo el comercio y la economía, y llevó a cabo miles de misiones de búsqueda y rescate que permitieron salvar cerca de 5.000 vidas y proteger importantes activos. En el plano interno, la agencia registró niveles récord de reclutamiento gracias a su plan de modernización de la fuerza, con la meta de ampliar su personal en 15.000 miembros, mientras avanza en reformas estructurales y en la incorporación de capacidades de nueva generación de cara a 2026.
Proyecciones y metas para 2026
De cara a 2026, el DHS adopta un tono de continuidad y ambición. El comunicado anticipa que el nuevo año servirá para profundizar las medidas ya implementadas, con la expectativa de alcanzar cifras aún mayores en materia de control fronterizo y aplicación de la ley migratoria.
Gracias a la financiación aprobada mediante el proyecto de ley One Big Beautiful impulsado por el presidente Donald Trump y a la visión de la secretaria Kristi Noem, los Centros Federales de Formación de las Fuerzas de Seguridad (FLETC) recibieron 750 millones de dólares, más del doble de su presupuesto anual habitual. Esta inversión permitió reforzar de forma sustancial la capacitación y la preparación del personal de la Patrulla Fronteriza, Customs and Border Protection (CBP) y Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Como resultado de este aumento de recursos, FLETC amplió su capacidad para dotar a las fuerzas federales de habilidades operativas, liderazgo y entrenamiento avanzado, con el objetivo de enfrentar amenazas emergentes y mantener la seguridad interna. El primer año del mandato se caracterizó por una expansión sostenida de los programas de formación y por un enfoque en la interoperabilidad entre agencias.
Uno de los ejes fue el fortalecimiento de la cooperación nacional mediante el programa de capacitación 287(g) de ICE, que permitió a agencias estatales y locales integrarse a esfuerzos federales. Hasta la fecha, alrededor de 18.500 agentes de los 50 estados y cinco territorios se registraron en el programa y más de 12.500 completaron la formación, consolidando alianzas entre fuerzas federales y jurisdicciones locales.
En términos de volumen, FLETC formó a más de 73.000 agentes del orden, la segunda cifra más alta en sus 55 años de historia. Este total incluyó a miles de efectivos estatales, locales, tribales, territoriales y de campus universitarios de 51 estados y cinco territorios, reflejando una ampliación del alcance y la demanda del entrenamiento federal.
La agencia también alcanzó niveles récord de asistencia, los más altos desde 2007, apoyando diariamente a más de 1.000 becarios de la Patrulla Fronteriza en el centro de Artesia, Nuevo México. Además, mantuvo operaciones críticas durante 43 días de incumplimiento de asignaciones presupuestarias, el periodo más largo en la historia del país, garantizando continuidad operativa en un momento clave para la seguridad nacional.
En el ámbito marítimo, FLETC mejoró la formación especializada mediante el desarrollo y pilotaje del Programa de Buques de Fuerza Opuesta de la Guardia Costera de Estados Unidos, reforzando capacidades para escenarios complejos en el dominio marítimo.
De cara al segundo año del mandato, FLETC proyecta formar aproximadamente a 90.000 agentes, con el objetivo de cumplir los requerimientos operativos y las expectativas de sus socios dentro del DHS y en otras agencias federales, consolidando una expansión sostenida de la capacitación en seguridad pública.
Edad de Oro de los Viajes
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) presentó un balance positivo de su gestión durante el primer año del segundo mandato del presidente señalando el inicio de lo que denomina una “Edad de Oro de los Viajes”, con proyecciones de continuidad y crecimiento para el segundo año de gobierno, bajo el liderazgo del Ejecutivo y de la secretaria Kristi Noem.
Entre las principales medidas adoptadas, la TSA puso fin al programa “Quiet Skies”, implementado durante la era Obama, al que la actual administración atribuye prácticas de vigilancia indebida sobre ciudadanos estadounidenses, incluidos funcionarios públicos. Al mismo tiempo, la agencia impulsó cambios orientados a agilizar la experiencia de los pasajeros, como la campaña “Shoes On”, que permite a los viajeros mantener los zapatos puestos durante los controles de seguridad.
En materia de identificación, la TSA implementó con éxito el requisito REAL ID el 7 de mayo, alcanzando un 94 % de cumplimiento, porcentaje que, según la agencia, continúa aumentando de forma sostenida. Asimismo, lanzó campañas dirigidas a públicos específicos, como “Sirve con honor, viaja con facilidad” y “Familias en la marcha”, además de introducir promociones inéditas en el programa TSA PreCheck®.
El balance operativo también refleja un aumento significativo del volumen de viajeros y equipaje. La TSA registró un récord de 3,1 millones de personas evaluadas en un solo día, el 30 de noviembre, y destacó que ocho de los diez días con mayor tráfico de su historia ocurrieron en 2025. Durante el primer año del mandato, la agencia inspeccionó aproximadamente 2.500 millones de equipajes facturados y de mano, cifras que, según el informe, respaldan la narrativa de expansión y fortalecimiento del sistema de seguridad aérea.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) presentó un balance de reformas profundas en la respuesta federal ante desastres durante 2025, bajo la dirección de Noem. Según la narrativa oficial, la agencia inició un proceso de transformación orientado a reducir desperdicios, fraudes y abusos, y a fortalecer un modelo de respuesta con apoyo federal, liderazgo estatal y ejecución local.
Como parte de este enfoque, FEMA realizó una revisión integral de sus programas y subvenciones para reforzar la rendición de cuentas. Estas evaluaciones derivaron en la cancelación de 118 contratos, con 31,2 millones de dólares en ahorros directos y 82 millones en costos evitados, además de la recuperación histórica de 8.000 millones de dólares en fondos excedentes, la cifra más alta registrada por la agencia, redirigida a operaciones consideradas prioritarias.
En materia de control y prevención del fraude, FEMA reportó 2.092 investigaciones, con la protección de hasta 1.200 millones de dólares frente a fraudes externos y la identificación de irregularidades internas por 250.000 dólares. Paralelamente, la agencia aceleró la financiación de proyectos liderados por los estados, aprobando 106 iniciativas de Asistencia Pública en nueve estados y desembolsando 762 millones de dólares en fondos iniciales para agilizar los procesos de recuperación.
El balance también destaca el impacto directo en comunidades y personas afectadas por desastres. FEMA aprobó casi 2.200 millones de dólares en asistencia individual a hogares y comprometió 15.300 millones de dólares en asistencia pública para comunidades e infraestructuras críticas. Además, modernizó sus herramientas de atención a sobrevivientes mediante plataformas digitales, lo que permitió reducir los tiempos de entrega de ayuda de varias semanas a entre uno y dos días.
De cara al segundo año del mandato, la agencia proyecta profundizar este modelo, otorgando mayor protagonismo a los estados en la respuesta y recuperación ante desastres, mientras refuerza el control fiscal y la eficiencia operativa. El objetivo declarado es fortalecer la resiliencia local y garantizar un apoyo rápido, transparente y responsable cuando ocurran emergencias en cualquier punto del país.
Por su parte el Servicio Secreto de Estados Unidos destacó por su excelencia operativa, el reclutamiento y la formación, lo que se reflejó en un aumento aproximado del 46 % en las solicitudes, con más de 91.000 aspirantes registrados entre enero y diciembre de 2025.
El informe resalta el papel del Centro Nacional de Evaluación de Amenazas (NTAC), que impartió un número récord de formaciones e informes, alcanzando a más de 56.000 participantes de agencias de seguridad, instituciones educativas, entidades de salud mental, organizaciones religiosas y el sector privado. Estas acciones se enmarcan en un enfoque preventivo frente a amenazas complejas y emergentes.
En el ámbito operativo, el Servicio Secreto aseguró la protección de grandes eventos nacionales e internacionales, incluyendo ceremonias presidenciales, sesiones del Congreso, encuentros multilaterales y eventos deportivos de alto perfil. Asimismo, llevó a cabo operaciones contra el fraude y el desvío de beneficios electrónicos, que, según el balance oficial, evitaron pérdidas estimadas en 428 millones de dólares.
De cara al segundo año del mandato, la agencia anunció la ampliación de estas operaciones de prevención del fraude y una estrategia de reclutamiento intensivo con el objetivo de incorporar 4.000 nuevos empleados para 2028. Además, prevé diseñar y ejecutar planes de seguridad para futuros eventos de relevancia nacional e internacional, como el Estado de la Unión, la Asamblea General de la ONU, la Cumbre del G20 y el apoyo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Desarrollo de drones
El DHS anunció el 12 de enero la creación de una nueva oficina encargada de adquirir y desplegar con rapidez tecnologías de drones y antidrones, como parte de la estrategia de la actual administración para reforzar la soberanía del espacio aéreo estadounidense.
Esta oficina supervisará inversiones estratégicas destinadas a enfrentar el uso malicioso de drones, una amenaza en crecimiento, y ya gestiona una inversión de 115 millones de dólares en tecnologías antidrones. Dichos recursos serán clave para la seguridad de eventos de alto perfil como America250 y la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El DHS recordó que desde 2018 cuenta con autoridad legal para detectar y mitigar drones hostiles y que, desde entonces, ha realizado más de 1.500 misiones relacionadas con esta amenaza. Con la nueva oficina, el objetivo es fortalecer la capacidad tecnológica y operativa del Departamento tanto para neutralizar riesgos aéreos como para aprovechar el uso de drones en tareas de protección y seguridad nacional.
Ampliación de la Ciberseguridad
La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) reafirmó su misión principal de proteger los sistemas críticos utilizados diariamente por los estadounidenses.
De cara al 250.º aniversario de Estados Unidos y a la Copa Mundial de la FIFA 2026, CISA emitió nuevas guías para reforzar la seguridad y la preparación de estadios y recintos, incluyendo orientaciones específicas para mitigar riesgos asociados al uso de drones y apoyar ejercicios de seguridad en las ciudades anfitrionas.
En 2026, la agencia retiró diez Directivas de Emergencia tras considerar cumplidas o integradas sus medidas, lo que representó un hito en la ciberseguridad federal. Además, CISA confirmó 38 avisos conjuntos de ciberseguridad, reforzando la cooperación interinstitucional y el intercambio de inteligencia para mejorar la resiliencia y la seguridad colectiva.
La Inteligencia para proteger a los estadounidenses
DHS también ha reforzado de manera significativa el uso de su Oficina de Inteligencia y Análisis (I&A) para fortalecer la defensa interna del país.
En 2025, I&A nominó a más de 4.600 personas a la lista de vigilancia antiterrorista, en coordinación con otros componentes del DHS, agencias federales y fuerzas del orden estatales y locales, con el objetivo de identificar y neutralizar amenazas de alto riesgo.
Asimismo, tras operativos conjuntos con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la oficina logró identificar información negativa en el 80 % de los dispositivos pertenecientes a personas de interés que intentaban ingresar a Estados Unidos, lo que respaldó decisiones de inadmisión y revocación de visados en casos específicos.
Finalmente, en colaboración con centros de fusión y fuerzas de seguridad, I&A contribuyó a la identificación e inclusión en listas de vigilancia de miembros de organizaciones criminales transnacionales, lo que derivó en arrestos relevantes durante 2025 como parte de las operaciones de seguridad nacional.
Transparencia en la comunicación al país
El gobierno también intensificó su labor de comunicación durante el primer año de Trump, difundiendo información oficial de forma constante a través de medios tradicionales y plataformas digitales. En ese periodo, emitió cerca de 650 comunicados y más de 2.550 publicaciones para atender miles de consultas de prensa.
La estrategia priorizó el uso de redes sociales para comunicarse directamente con la ciudadanía. En X, la cuenta @DHSGov alcanzó alrededor de 1.900 millones de impresiones y la cuenta de Noem superó los 527 millones. En Facebook e Instagram, las cuentas oficiales del DHS y del secretario acumularon más de 800 millones de visualizaciones combinadas.
Además, el DHS lanzó la plataforma “Worst of the Worst”, un sitio web destinado a mostrar información sobre cientos de miles de inmigrantes detenidos durante operativos de aplicación de la ley desde el inicio de la administración Trump.
Un mensaje alineado con la narrativa presidencial
El balance del DHS se integra plenamente en la narrativa del presidente Trump, que presenta la inmigración como un asunto de seguridad nacional y de orden interno. El comunicado funciona, en ese sentido, como una validación institucional de la estrategia presidencial.
Al centrarse exclusivamente en los logros y omitir las críticas, el texto refuerza una visión unidireccional de la política migratoria, orientada a destacar resultados operativos y a proyectar una imagen de control y firmeza. Para la administración, este mensaje es clave de cara a la opinión pública y al debate político que seguirá marcando el rumbo de la inmigración en Estados Unidos durante el resto del mandato.
