Las autoridades migratorias de Estados Unidos iniciaron el año 2026 con una intensificación de los operativos contra inmigrantes con antecedentes criminales, una estrategia que ha tenido un impacto directo en la comunidad cubana. En los primeros días de enero, varios ciudadanos de origen cubano fueron detenidos por agentes federales tras confirmarse que contaban con condenas por delitos graves cometidos en territorio estadounidense.
Las detenciones forman parte de una política de cumplimiento migratorio que prioriza a personas consideradas una amenaza para la seguridad pública, en un contexto de endurecimiento de las acciones de control interno y ejecución de órdenes de deportación.
Detenciones focalizadas en personas con historial criminal
Según la información divulgada por las autoridades federales, los arrestos se realizaron en distintos puntos del país, con énfasis en el estado de Florida, donde reside una de las mayores concentraciones de inmigrantes cubanos. Los detenidos habían sido previamente condenados por delitos como robo con arma de fuego, agresión agravada y trata de personas, lo que los colocó en el grupo de mayor prioridad para las autoridades migratorias.
Por ejemplo, Yusney Figueroa Argüelles, ciudadano cubano con antecedentes penales por un robo cometido con arma de fuego en la ciudad de Orlando, Florida, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como parte de una serie de operativos desarrollados entre la noche de Nochevieja y las primeras horas del Año Nuevo. La detención fue confirmada mediante un comunicado oficial emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Duniesky Eugenio Delgado Gazo, con antecedentes por agresión agravada en Pensacola, Florida, fue arrestado el 5 de enero en el marco de las acciones de control migratorio llevadas a cabo por las autoridades federales.
En un operativo distinto, David Llama López, condenado en Miami por delitos vinculados a la trata de personas, quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el martes. Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ambos, junto a un tercer implicado, serán sometidos al proceso legal correspondiente para su eventual expulsión de Estados Unidos.
ICE confirmó que los operativos no fueron aleatorios, sino el resultado de investigaciones previas y del cruce de bases de datos criminales y migratorias, una práctica que se ha vuelto cada vez más común en los últimos años.
La estrategia “Lo peor de lo peor”
Las detenciones se enmarcan dentro de la campaña conocida como “Lo peor de lo peor”, impulsada por Immigration and Customs Enforcement y el Department of Homeland Security. El objetivo central de esta estrategia es concentrar recursos en inmigrantes sin estatus legal que tengan antecedentes penales graves, especialmente aquellos relacionados con delitos violentos o crimen organizado.
Funcionarios del DHS han reiterado que esta política busca reforzar la percepción de seguridad interna y enviar un mensaje disuasorio frente a la reincidencia delictiva, subrayando que la prioridad no son los inmigrantes sin récord criminal, sino quienes han violado leyes penales de forma significativa.
Incremento del personal y capacidad operativa de ICE
El aumento de las detenciones coincide con una expansión significativa del personal de ICE, que en el último año ha incorporado miles de nuevos agentes a nivel nacional. Este refuerzo ha permitido ampliar la presencia de la agencia en comunidades con alta densidad migratoria y ejecutar operativos simultáneos en varios estados.
Este fortalecimiento institucional responde a la línea dura en materia migratoria promovida por la administración del presidente Donald Trump, quien ha defendido públicamente una política de “ley y orden” enfocada en el control fronterizo y la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales.
Cifras que marcan la tendencia
De acuerdo con datos oficiales citados por las autoridades, más de 1.10 ciudadanos cubanos habrían sido detenidos o incluidos en operativos migratorios prioritarios durante 2025 bajo esta misma estrategia. Aunque no todos los casos derivan automáticamente en deportación, el historial criminal reduce significativamente las posibilidades de obtener alivios migratorios o permanecer en libertad bajo supervisión.
A nivel nacional, encuestas recientes reflejan que una amplia mayoría de los estadounidenses respalda la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, un factor que ha dado respaldo político a la continuidad de estas medidas.
¿Qué ocurre tras la detención?
Una vez bajo custodia de ICE, los detenidos pasan por un proceso de evaluación migratoria que incluye la revisión de órdenes de deportación previas, sentencias penales y posibilidades de repatriación. En el caso de los ciudadanos cubanos, el procedimiento suele ser más complejo debido a las limitaciones históricas para la repatriación directa a Cuba.
Cuando La Habana no acepta el retorno de un nacional, las autoridades estadounidenses pueden optar por traslados a terceros países, libertad supervisada o detención prolongada mientras se define una solución legal. Cada caso se analiza de manera individual, aunque las condenas por delitos graves pesan de forma determinante en las decisiones finales.
Impacto en la comunidad cubana y clima de preocupación
Aunque los operativos se centran en personas con antecedentes criminales, el aumento de la actividad de ICE ha generado preocupación entre sectores de la comunidad cubana, especialmente en el sur de Florida. Organizaciones comunitarias y abogados de inmigración señalan que muchos inmigrantes temen ser detenidos incluso por infracciones menores o errores administrativos.
Especialistas recomiendan a los inmigrantes revisar su estatus legal, conocer sus derechos y buscar asesoría profesional ante cualquier interacción con autoridades migratorias, especialmente en un contexto de aplicación más estricta de la ley.
Un inicio de año marcado por el endurecimiento migratorio
El arranque de 2026 confirma una tendencia clara: Estados Unidos mantiene y profundiza una política migratoria enfocada en la seguridad pública, con énfasis en la detención y deportación de inmigrantes con antecedentes penales graves. Para la comunidad cubana, estas acciones representan un recordatorio de que el historial criminal se ha convertido en un factor decisivo dentro del actual panorama migratorio del país.
