
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó que más de 2,5 millones de migrantes abandonaron el país a lo largo de 2025, una cifra que la agencia federal calificó como un resultado histórico dentro de sus esfuerzos de control migratorio. El anuncio, difundido a inicios de 2026 por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, ha generado un amplio debate político y social debido al alcance de las medidas implementadas y al impacto humano que conllevan.
Según las autoridades, el dato refleja una combinación de deportaciones formales, retornos voluntarios y un endurecimiento sostenido de las políticas migratorias, tanto en el interior del país como en la frontera sur.
Deportaciones y salidas voluntarias: el desglose de las cifras
De acuerdo con el balance presentado por el DHS, más de 622.000 personas fueron deportadas formalmente durante 2025 por agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. Estas expulsiones incluyeron a migrantes con órdenes finales de deportación y a personas detenidas en operativos de control migratorio.
A esa cifra se suman alrededor de 1,9 millones de migrantes que optaron por abandonar Estados Unidos de manera voluntaria, un proceso que el gobierno describe como “auto-deportación”. Este fenómeno, según analistas, suele estar asociado a un aumento de la presión migratoria, al temor a detenciones, a la falta de opciones legales de regularización y al endurecimiento de las condiciones de permanencia en el país.
Operativos focalizados y prioridad en antecedentes criminales
El DHS subrayó que gran parte de sus esfuerzos se concentraron en localizar y expulsar a migrantes con antecedentes criminales, a través de operaciones específicas desplegadas en distintas regiones del país. Entre ellas figuran campañas de gran escala como Midway Blitz en Chicago en la cual resultaron arrestados 4.500 inmigrantes, Metro Surge en Minneapolis que dejaron 670 personas detenidas y Operation Dirtbag en Florida, esta última con fuerte impacto en comunidades del sur del estado y con 150 inmigrantes tras las rejas.
El alcance de estas acciones se refleja en los números. Nueva Orleans y Los Ángeles figuran entre las ciudades con mayor cantidad de arrestos, rebasando los 10.000 casos, en tanto que en Portland, Oregón, la operación Black Rose ha marcado un punto de inflexión al facilitar la captura de más de 1.200 inmigrantes sin estatus legal.
Las autoridades federales sostienen que estos operativos permitieron aumentar los arrestos de personas con condenas previas por delitos graves, al tiempo que ampliaron la capacidad de detención y aceleraron los procesos de expulsión.
Cooperación con policías locales y expansión del programa 287(g)
Otro eje central de la estrategia migratoria fue el fortalecimiento de la cooperación entre el gobierno federal y las autoridades estatales y locales. Durante 2025, el DHS firmó más de 1.255 acuerdos bajo el programa 287(g), que autoriza a departamentos de policía y oficinas de alguaciles a colaborar directamente con ICE en la identificación de inmigrantes en situación irregular.
Este mecanismo ha sido defendido por sus promotores como una herramienta para reforzar la seguridad pública, aunque también ha sido cuestionado por organizaciones civiles que alertan sobre el riesgo de perfilamiento racial y la erosión de la confianza entre comunidades migrantes y las fuerzas del orden.
A esto se suma que, mediante iniciativas como Alligator Alcatraz en Florida y Cornhusker Clink en Nebraska, el DHS ha ampliado de forma significativa la capacidad de centros de detención destinados al procesamiento de personas arrestadas.
Caída de los cruces irregulares en la frontera sur
El informe del DHS también destaca una reducción drástica de los cruces irregulares en la frontera con México, que habría alcanzado hasta un 93 % en comparación con el año anterior. Según el gobierno, entre mayo y noviembre de 2025 se registraron niveles mínimos históricos de entradas ilegales, resultado de un mayor despliegue de agentes, barreras temporales y controles más estrictos.
Las autoridades fronterizas aseguran que estas medidas permitieron un control más efectivo del flujo migratorio, al tiempo que reforzaron las operaciones contra el tráfico de personas y el narcotráfico.
La lucha contra el narcotráfico se ha consolidado como otro de los ejes de esta administración. Solo en 2025, las autoridades confiscaron más de 539.000 libras de drogas, mientras avanzaban contratos para levantar más de 130.000 pies de barreras temporales destinadas a cerrar brechas críticas en la frontera. En paralelo, la fuerza operativa se ha reforzado con un aumento del 84 % en el número de agentes de la CBP respecto al mismo periodo de 2024.
Un balance que reabre el debate migratorio
Aunque el DHS presenta estas cifras como un éxito operativo, el balance de 2025 reabre el debate sobre el impacto social, legal y humanitario de las políticas migratorias en Estados Unidos. Expertos señalan que detrás de los números hay millones de historias personales marcadas por la incertidumbre, la separación familiar y la falta de vías claras para una regularización legal.
En un contexto electoral y político especialmente sensible, los datos divulgados por el DHS anticipan que la inmigración seguirá siendo uno de los temas centrales del debate nacional en 2026, tanto en el Congreso como en las comunidades directamente afectadas por estas decisiones.





