Un nuevo proyecto presentado en el Congreso de Estados Unidos, conocido como Exclusive Citizenship Act of 2025, ha generado preocupación entre ciudadanos naturalizados, comunidades migrantes y millones de estadounidenses que viven en el exterior.
La propuesta apunta a prohibir la doble ciudadanía y obligar a quienes la poseen a decidir entre conservar la nacionalidad estadounidense o renunciar a ella. Aunque su alcance es profundo y sus implicaciones serían transformadoras, especialistas coinciden en que la iniciativa enfrenta obstáculos constitucionales, logísticos y políticos que dificultan su aprobación.
Una propuesta que transformaría la relación entre Estados Unidos y su diáspora
El proyecto plantea que todas las personas con doble nacionalidad tendrían un plazo de un año para renunciar voluntariamente a una de las dos ciudadanías. En caso de no hacerlo, quienes escogieran conservar un pasaporte extranjero perderían automáticamente la ciudadanía estadounidense y serían reclasificados como “extranjeros”. Asimismo, cualquier ciudadano estadounidense que en adelante obtenga una ciudadanía extranjera perdería de manera inmediata su nacionalidad.
La iniciativa también contempla la creación de un registro federal de personas con doble ciudadanía, una herramienta inédita en la política migratoria del país. Esta estructura legislativa impactaría directamente a millones de ciudadanos que viven en contextos binacionales, ya sea por residencia en el exterior, matrimonios mixtos, actividad profesional internacional o vínculos familiares.
Las implicaciones personales, económicas y legales
Las consecuencias de una prohibición de la doble ciudadanía serían significativas tanto en la vida cotidiana como en la estabilidad jurídica y económica de los afectados. Una persona que decida conservar su ciudadanía estadounidense podría quedar sin derechos fundamentales en el país de su otra nacionalidad, como residencia permanente, propiedad de bienes, acceso a servicios de salud, educación, pensiones o beneficios familiares.
En el escenario contrario, quienes opten por mantener únicamente la ciudadanía extranjera perderían derechos esenciales dentro de Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de votar, ocupar ciertos cargos públicos, entrar libremente al país, acceder a beneficios federales y recibir protección consular en el extranjero.
A nivel fiscal, la renuncia voluntaria a la ciudadanía estadounidense puede activar el denominado “Exit Tax”, un impuesto que afecta a expatriados con altos patrimonios o ingresos, lo que convierte cualquier decisión en un proceso complejo y costoso. Para países con importantes comunidades estadounidenses, como México, Canadá, Israel o diversas naciones de América Latina y Europa, una prohibición podría alterar dinámicas económicas sensibles vinculadas a remesas, inversiones inmobiliarias, movilidad laboral y relaciones bilaterales.
El precedente histórico: cómo Estados Unidos llegó a aceptar la doble ciudadanía
Durante gran parte del siglo XX, Estados Unidos observó la doble ciudadanía con desconfianza, interpretándola como un posible conflicto de lealtades. Ese criterio cambió progresivamente a partir de decisiones fundamentales de la Corte Suprema, particularmente Afroyim v. Rusk (1967) y Vance v. Terrazas (1980), en las que se determinó que el gobierno federal no puede revocar la ciudadanía de un individuo sin una renuncia clara, voluntaria y consciente.
Estas decisiones jurídicas consolidaron el marco contemporáneo que reconoce la doble ciudadanía como compatible con la identidad y lealtad estadounidenses. Desde entonces, ambos partidos han mantenido una postura pragmática, entendiendo que la movilidad internacional, el comercio exterior, el intercambio académico y el dinamismo migratorio requieren un enfoque flexible y adaptado a un mundo globalizado.
Obstáculos políticos y constitucionales
Aunque el proyecto ha captado atención mediática, su avance legislativo es muy improbable. La iniciativa fue presentada por un único legislador y carece de apoyo bipartidista, un requisito esencial en el actual Congreso polarizado. Además, expertos en derecho constitucional señalan que la propuesta confronta de manera directa precedentes de la Corte Suprema que protegen la ciudadanía frente a intentos de revocación no voluntaria, lo que convierte al texto en un posible blanco de litigios inmediatos.
A ello se suma la inviabilidad operativa, ya que el Departamento de Estado y los consulados extranjeros no tendrían la capacidad de procesar millones de renuncias en el plazo establecido por la ley. La implementación logística sería caótica y afectaría a sistemas institucionales en ambos lados de las fronteras.
Por qué la propuesta preocupa a millones aunque no tenga futuro inmediato
La mera introducción del proyecto ha encendido alarmas entre familias binacionales, profesionales globales y ciudadanos naturalizados que dependen de la doble ciudadanía para mantener estabilidad personal, laboral y patrimonial. Aunque los expertos sostienen que el proyecto carece de futuro legislativo, su existencia refleja un clima político más rígido en materia migratoria y un resurgimiento de discursos que cuestionan la identidad dual.
Para muchas comunidades en el exterior, la doble ciudadanía no es un privilegio accesorio, sino un puente imprescindible para sostener vínculos familiares, ejercer profesiones, acceder a servicios esenciales o participar en economías transnacionales.
Por ahora, ningún cambio: la doble ciudadanía sigue siendo legal
Pese a la preocupación generada en sectores de la población, la realidad jurídica permanece intacta. La doble ciudadanía continúa siendo completamente legal en Estados Unidos y no existe obligación alguna de renunciar a otra nacionalidad. No se han impuesto plazos, no se han creado registros ni se ha modificado ningún derecho vigente. Los especialistas recomiendan no tomar decisiones precipitadas y, en caso de futuras modificaciones, buscar asesoría legal y fiscal antes de considerar cualquier renuncia.
Un debate que revela tensiones más amplias
El proyecto, aunque poco viable, reabre una conversación más profunda sobre cómo Estados Unidos se relaciona con un país cada vez más globalizado y con una diáspora que juega un papel creciente en la economía, la cultura y la política internacional.
La propuesta parece more un gesto simbólico dentro de un clima político hiperpolarizado que una reforma capaz de avanzar, pero deja al descubierto tensiones persistentes entre visiones nacionalistas tradicionales y una realidad en la que las identidades múltiples, la movilidad y los vínculos transfronterizos son la norma más que la excepción.
