
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una decisión de gran alcance que podría redefinir el panorama migratorio del país: la reapertura y revisión de casos de residencia permanente aprobados desde enero de 2021. El memorando PM-602-0192, emitido el 2 de diciembre, detalla que la medida afectará tanto a expedientes pendientes como a green cards ya otorgadas, generando preocupación generalizada entre comunidades inmigrantes en todo el territorio nacional.
La agencia argumenta que este proceso responde a nuevas prioridades de seguridad nacional, impulsadas por episodios recientes de violencia protagonizados por personas admitidas bajo programas humanitarios o de asilo. La Casa Blanca habría pedido una verificación exhaustiva de los beneficiarios de ciertos países considerados de “alto riesgo”, en un esfuerzo por revisar decisiones tomadas durante los últimos cuatro años.
“Este memorando ordena una reevaluación exhaustiva de las solicitudes de beneficios ya aprobadas para extranjeros de los países listados en la Proclamación Presidencial 10949 que hayan ingresado a Estados Unidos el 20 de enero de 2021 o después”, dice el texto.
Alcance real de la medida
La reapertura incluye a inmigrantes de 19 países señalados en la Proclamación Presidencial 10949, entre ellos Cuba, Venezuela, Irán, Sudán, Somalia y Haití. Todas las personas provenientes de estas naciones que hayan entrado a Estados Unidos después del 20 de enero de 2021 podrían ver su expediente sometido nuevamente a análisis, aun cuando su residencia ya fue emitida, renovada o utilizada en trámites posteriores.
USCIS aclaró que no se trata de una revocación automática del estatus, pero sí de un procedimiento que permitirá al gobierno revisar nuevamente cada caso. La agencia analizará solicitudes de asilo, ajustes de estatus, renovaciones de green card, trámites para eliminar condiciones de residencia y permisos de viaje, junto con beneficios ya aprobados durante el periodo que se retrotrae hasta 2021.
Razones detrás de la revisión masiva
El memorando indica que la medida se justifica por “riesgos a la seguridad nacional y la seguridad pública” asociados a ciertos patrones migratorios. También explica que algunos expedientes aprobados en años recientes podrían haber sido evaluados con documentación incompleta o con verificaciones insuficientes debido al alto volumen de solicitudes registrado desde 2021.
La administración federal busca determinar si, en determinados casos, los beneficiarios omitieron información relevante, presentaron inconsistencias o tuvieron vínculos con personas u organizaciones bajo vigilancia. El análisis incluye la revisión de antecedentes penales dentro y fuera de Estados Unidos, así como la revalidación de la información biométrica de los solicitantes. Para analistas migratorios, esta medida refleja una intención explícita de reexaminar decisiones adoptadas en años de alta presión operativa y cambios administrativos continuos.
Impacto específico en comunidades latinoamericanas
La inclusión de Cuba en la lista de países sujetos a revisión ha generado preocupación en el sur de Florida, donde miles de cubanos ajustaron su estatus desde 2021 mediante la Ley de Ajuste Cubano, el Programa de Parole Humanitario, el parole de reunificación familiar o solicitudes de asilo.
Abogados de inmigración contaron al The New York Times que ya comenzaron a producirse cancelaciones inesperadas de entrevistas y ceremonias de naturalización, muchas de ellas suspendidas sin que las autoridades ofrecieran explicación alguna.
Muchos residentes permanentes que obtuvieron su green card tras cruzar la frontera, llegar por vía marítima o acogerse a programas humanitarios temen recibir una notificación inesperada de USCIS. La reapertura podría implicar entrevistas adicionales, solicitudes de evidencia suplementaria o una revisión prolongada que demore la posibilidad de solicitar la ciudadanía estadounidense, un paso fundamental para numerosas familias cubanoamericanas.
En otras comunidades, como la venezolana y la haitiana, la preocupación es igualmente intensa debido al elevado número de solicitudes aprobadas durante los últimos años y a la dependencia de programas como el parole humanitario y los ajustes por asilo.
Cómo se realizará la revisión
USCIS informó que cada caso será analizado de manera individual. Durante los próximos 90 días, la agencia elaborará una lista prioritaria de beneficiarios que deberán ser citados primero. El proceso incluirá la revisión de declaraciones juradas, evidencia entregada en trámites anteriores, registros migratorios y cualquier información adicional requerida por agencias federales de seguridad.
Los inmigrantes podrían recibir cartas solicitando documentos adicionales, actualización de datos biométricos o comparecencias a entrevistas presenciales. La no respuesta a cualquiera de estas notificaciones podría resultar en la suspensión o incluso en la negación del beneficio, lo que aumenta la preocupación entre quienes han cambiado de domicilio o no han actualizado su dirección en el sistema de USCIS.
Preocupación entre abogados y especialistas
Expertos en inmigración advierten que la reapertura masiva de casos aprobados es una medida inusual en la historia del sistema migratorio estadounidense y podría generar un impacto emocional significativo. La posibilidad de que una green card previamente otorgada entre en revisión implica un nivel de incertidumbre que afecta la estabilidad de miles de familias.
Los abogados recomiendan a los inmigrantes conservar toda documentación relevante, asegurarse de que su dirección esté actualizada en USCIS, responder puntualmente a cualquier requerimiento oficial y evitar tomar decisiones migratorias importantes sin asesoría legal especializada. También alertan que algunos casos podrían ser priorizados por factores que los solicitantes desconocen, lo que aumenta la necesidad de estar preparados para una citación repentina.
Consecuencias nacionales y presión sobre el sistema
El anuncio coincide con un momento en que USCIS ya enfrenta retrasos severos en múltiples áreas, desde solicitudes de ciudadanía hasta permisos de trabajo y renovaciones de residencia. Agregar más de un millón de expedientes reabiertos podría ralentizar aún más el sistema y generar demoras que afecten incluso a personas cuyos casos no están directamente relacionados con la medida.
Organizaciones de derechos civiles expresaron preocupación por el precedente que esta acción podría sentar. Argumentan que revisar beneficios ya aprobados afecta la confianza en la estabilidad jurídica del sistema migratorio y envía un mensaje de incertidumbre a comunidades que llevan años cumpliendo con todos los requisitos legales.
Un escenario incierto para el futuro
Para los inmigrantes que recibieron su residencia desde 2021, la medida representa un golpe inesperado que altera su planificación familiar, laboral y migratoria. Muchos habían iniciado procesos de naturalización, solicitudes de reunificación o viajes al extranjero, ahora potencialmente afectados por la reapertura de sus expedientes.
Mientras USCIS define los primeros grupos que serán citados, miles de familias observan con preocupación la posibilidad de tener que justificar nuevamente un estatus que ya consideraban seguro. Lo que inicialmente fue un cierre exitoso de un proceso migratorio se ha convertido en una etapa más de incertidumbre en un sistema cada vez más complejo y politizado.




