María Victoria Gil, hermana del exministro de Economía de Cuba, ha denunciado públicamente lo que considera un “irrespeto total” del régimen hacia el pueblo cubano tras el hermético y controvertido juicio celebrado contra Alejandro Gil. La mujer asegura que la ciudadanía tiene derecho a conocer no solo los detalles del proceso, sino también las responsabilidades reales detrás de la profunda crisis económica de la Isla, que marcó los años de gestión del exministro.
Su denuncia surge en un momento de gran sensibilidad política, cuando el gobierno enfrenta una inflación descontrolada, apagones severos y un creciente malestar social. Para ella, el secretismo alrededor del juicio no solo es una ofensa a la familia, sino una estrategia para manipular la narrativa pública.
Un proceso judicial oculto al país
El juicio, realizado recientemente en el Tribunal de Marianao, pasó inadvertido para la prensa estatal y para la mayoría de los ciudadanos. No hubo cobertura televisiva, notas de prensa ni declaraciones oficiales. Solo se supo que se juzgó a Alejandro Gil por supuestos delitos de malversación, evasión fiscal, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y lavado de activos. Sin embargo, ningún dato sobre pruebas, argumentos o sentencia ha sido divulgado.
“Hablo porque yo tengo la verdad en la mano y porque me parece increíble que priven al pueblo del derecho absoluto que le asiste de conocer las interioridades de un juicio que se sigue por delitos económicos, por corrupción, por lavado de activos, por tráfico de influencias, entre otros delitos”, denunció la exconductora y abogada que actualmente reside en España en una entrevista virtual con el periodista cubano Mario J. Pentón.
María Victoria enfatizó que incluso los procesos judiciales de España, aun cuando comprometen a figuras de alto rango, se desarrollan a la vista de todos. “El pueblo de Cuba tiene derecho. Yo vivo en España, me entero día a día de todos los pormenores de los juicios que se celebran aquí, el fiscal general fue inhabilitado por dos años, y todo se hizo público y es el fiscal general… de España”, explicó indignada.
Preguntó además por qué se trata con tanta falta de respeto a un pueblo sacrificado que enfrenta penurias a diario. También cuestionó por qué se le niega a la ciudadanía el derecho legítimo de conocer los detalles de un caso tan mediático como este y las posibles conductas corruptas de uno de los ministros más relevantes del país.
Según María Victoria, todo se manejó bajo un esquema de “secreto de Estado”. Incluso los propios hijos del acusado fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad, un requisito que muestra, asegura la hermana, el interés del gobierno en que nada salga a la luz.
La comparecencia de Díaz-Canel: un gesto político que desata indignación
Una de las revelaciones más polémicas de la hermana fue que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, habría comparecido como testigo de cargo en el juicio. Este hecho, nunca confirmado ni negado por las autoridades, habría generado un profundo dolor familiar y un fuerte cuestionamiento político.
“El presidente de la República de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel, ha comparecido al juicio contra mi hermano como testigo de cargo. Testigo de cargo es testigo de la acusación”, señaló Gil.
Para María Victoria, esta comparecencia sería una clara señal de que el Estado intenta culpar directamente a Gil del colapso económico nacional. Pero también, dice, representa una traición política sin precedentes: durante años, Alejandro Gil fue uno de los funcionarios más cercanos a Díaz-Canel y portavoz de las reformas económicas más impopulares del país, desde la unificación monetaria hasta los recortes al presupuesto estatal.
“Eran uno, eran uno. Mi cuñada me decía ‘es que se adoran, no pueden vivir el uno sin el otro. Y ahora, simplemente por limpiar su imagen tan dañada nacional e internacionalmente, es capaz de comparecer contra mi hermano como testigo de cargo en un juicio por corrupción. Me parece vergonzoso”, agregó la fémina.
Recordó que, aun tras su destitución en febrero de 2024, Díaz-Canel lo elogió públicamente por el “excelente trabajo” realizado y lo animó a continuar aportando a la revolución.
¿Chivo expiatorio del colapso económico?
La narrativa que se dibuja alrededor del proceso sugiere que el gobierno estaría utilizando a Gil como figura sacrificial para descargar sobre él la responsabilidad de la debacle económica que vive Cuba desde 2020. Para la familia, es evidente que las decisiones económicas fueron diseñadas, aprobadas y ejecutadas por el más alto nivel del Partido Comunista, no por un único ministro.
“Sé que mi hermano cometió delitos de índole económica… El poder corrompe, y cuando estás en un círculo corrupto, el medio te va llevando sin darte cuenta. Es imposible que toda esta corrupción haya ocurrido y solo caiga Gil… Los importantes han ido desapareciendo por el camino y solo quedan pequeños niveles. Aquí el único que está pagando por todo es Alejandro Miguel Gil Fernández”, afirmó María Victoria.
Su postura coincide con la opinión de varios economistas críticos, quienes subrayan que la crisis en Cuba responde a fallos estructurales acumulados durante décadas, agravados por la ineficiencia estatal y la falta de reformas profundas.
Presiones contra la familia y riesgo de perder su vivienda
La hermana también denunció que han sido víctimas de presiones indirectas para que guarden silencio. “Mi sobrina me rogó: ‘tía, por favor, no hables más, que eso en lugar de ayudar perjudica a mi padre’. El pueblo de Cuba tiene derecho”, enfatizó.
Uno de los elementos más sensibles mencionados es la posible confiscación de la vivienda familiar, una propiedad adquirida mediante permuta estatal y que, según dijo, fue presentada como objeto de investigación durante el juicio.
“Se ha manejado en el juicio la confiscación de la casa donde ahora vive la familia. Esa casa se la dieron a mi hermano a través de una permuta estatal”. Para la familia, esta amenaza constituye un acto de intimidación destinado a frenar cualquier reclamo público o intento de exponer irregularidades del proceso judicial. “No es una casa mal habida (…) No le pueden quitar la casa”, añadió molesta.
A pesar del marcado hermetismo de las instituciones, María Victoria ha resuelto que no guardará silencio y continuará exigiendo justicia. “Anuncio que llevaré este caso hasta las últimas consecuencias, incluso a la Corte Internacional de Justicia. Y si se prueban delitos económicos, que caigan con él todos los que tengan que caer”, advirtió María Victoria.
Un juicio sin precedente reciente en la élite gobernante
El caso de Alejandro Gil adquiere relevancia no solo por su posición de alto nivel, sino por el contexto político en que ocurre. En las últimas décadas, pocos ministros o figuras del Consejo de Estado han enfrentado procesos judiciales tan visibles —aunque ocultos— sin que antes existiera un conflicto interno o una pugna dentro de la cúpula.
El deterioro de la economía, el descontento popular y las presiones internas dentro del Partido podrían haber acelerado la caída del exministro, quien pasó de ser uno de los hombres más influyentes del gabinete a convertirse en un acusado cuyo juicio el gobierno intenta minimizar públicamente.
El silencio oficial alimenta el desconcierto
Hasta el momento, no existe ni un solo comunicado oficial sobre lo ocurrido en el tribunal. El hermetismo contrasta con la magnitud del impacto político que generó la salida de Gil del ministerio, así como con su legado —positivo o negativo— en decisiones trascendentales como el ordenamiento monetario, la reforma salarial, el desbalance presupuestario, la crisis del MLC y el auge de la inflación más alta en la historia reciente del país.
La falta de información ha generado un clima de rumores, filtraciones no verificadas y especulación dentro de Cuba y en el exilio.
Una denuncia que puede escalar a nivel internacional
María Victoria aseveró que continuará denunciando irregularidades y que está dispuesta a llevar el caso ante instancias internacionales, en busca de visibilidad y transparencia. Su determinación contrasta con el silencio de la mayoría de los familiares de altos funcionarios sancionados, que suelen mantenerse al margen por miedo a represalias.
¿Qué representa este caso para el futuro político de Cuba?
La caída de Alejandro Gil podría marcar un precedente dentro de la élite cubana, enviando un mensaje: ningún funcionario está a salvo cuando el gobierno necesita descargar culpas o reacomodar fuerzas internas. También expone la fragilidad jurídica del sistema, la manipulación política de los tribunales y el uso estratégico de la información pública.
Para analistas del exilio, el tratamiento de este caso sugiere un esfuerzo por reorganizar el aparato económico y político sin reconocer las fallas estructurales que llevaron al país a una de las peores crisis en décadas.
Mientras tanto, la población sigue sin respuestas, el proceso continúa envuelto en silencio y la familia del exministro denuncia que se está utilizando la justicia como un instrumento para fabricar culpables y proteger al poder.
