La ciudad de Hialeah atraviesa una creciente controversia tras la decisión de la alcaldesa interina Jacqueline García-Roves de aprobar un bono navideño de 1.000 dólares para 1.492 empleados municipales, incluyendo trabajadores a medio tiempo.
Aunque la medida fue presentada como un gesto de reconocimiento al esfuerzo y compromiso del personal, su aprobación sin pasar por el concejo municipal y el momento político en que se tomó han generado críticas, dudas legales y sospechas de motivación electoral.
Un bono masivo financiado con excedentes y que no alcanza a todos
El bono quedó formalizado en un memorando fechado el 18 de noviembre de 2025. La alcaldía asegura que los 1,5 millones de dólares destinados a financiar el pago provienen de excedentes presupuestarios. La medida cubre a la amplia mayoría del personal del ayuntamiento, entre ellos trabajadores de servicios públicos, áreas administrativas, bibliotecas, recreación y otras dependencias municipales, tanto a tiempo completo como parcial.
Sin embargo, varios grupos quedan excluidos de la bonificación: los funcionarios electos —como la propia alcaldesa, los concejales y otros cargos políticos—, los empleados del concejo municipal que operan como contratistas y el personal de limpieza y seguridad subcontratado por empresas externas. Esta exclusión ha generado preguntas sobre los criterios utilizados para determinar quién recibe el beneficio y quién no.
Legalidad cuestionada y advertencias sobre posibles violaciones a la carta municipal
Uno de los elementos más sensibles del caso es el debate sobre la legalidad del bono. Según la carta municipal de Hialeah, cualquier gasto que supere los 25.000 dólares debe ser aprobado por el concejo. En este caso, la cifra total del desembolso —casi 1,5 millones— sobrepasa ampliamente ese límite.
No obstante, la administración saliente sostiene que la medida no requiere aprobación legislativa porque no se trata de un gasto hacia un proveedor, sino de una compensación directa a los empleados municipales. Esa interpretación ha sido firmemente rechazada por William Grodnick, exabogado de la ciudad entre 1998 y 2014, quien señala que la carta municipal obliga a someter a votación cualquier desembolso significativo de fondos públicos, independientemente de su destino.
“Es doblemente sospechoso. Antes, las bonificaciones navideñas eran habituales o parte de la negociación colectiva con los sindicatos, y las suspendimos durante 25 años. Y de repente, vuelven a presentar la bonificación navideña. ¿No negociaron con los sindicatos ni acudieron al concejo? Es sospechoso”, destacó Grodnick.
Cualquier suma que vaya más allá de ese tope solo puede avanzar con el visto bueno del concejo municipal. Esta visión quedó respaldada en un dictamen jurídico emitido el 7 de octubre de 2025 por el abogado de la ciudad, Rafael Suárez-Rivas, quien reafirmó cómo debe interpretarse la disposición.
“La aprobación del Concejo Municipal es obligatoria legalmente para cualquier gasto que razonablemente supere los $25,000”, explicó el letrado.
Sin embargo, desde la oficina de García-Roves insisten en que esta regla no encaja con el escenario planteado, porque el dinero no se estaría entregando a un contratista o proveedor, sino depositándose de manera directa en manos de los empleados. “Bajo nuestro sistema de alcalde fuerte, no se requiere la aprobación del concejo para estos pagos”, señalaron.
Un anuncio en plena transición de poder alimenta sospechas políticas
El contexto político en el que se realizó el anuncio ha profundizado la controversia. García-Roves tomó la decisión semanas después de perder las elecciones del 4 de noviembre, comicios que dieron como ganador al próximo alcalde Bryan Calvo, quien asumirá funciones el 12 de enero.
Para algunos analistas y opositores, el bono parece un gesto final de despedida que compromete al nuevo gobierno con un gasto no planificado. Mientras tanto, la administración saliente defiende que se trata de un reconocimiento legítimo al personal municipal tras un año de alta demanda de servicios. Incluso dentro de quienes ven el bono como positivo, hay voces que consideran que el momento elegido es inoportuno y que su aprobación sin consenso legislativo ha creado una nube innecesaria de duda y tensión institucional.
Repercusiones fiscales y el desafío que enfrentará la nueva administración
Aunque el gobierno interino insiste en que existen excedentes suficientes para cubrir el desembolso, varios expertos sostienen que Hialeah debe manejar con cautela los fondos sobrantes, especialmente si no se cuenta con un plan de sostenibilidad a largo plazo. Un bono de esta magnitud puede ser viable en un año, pero su repetición podría generar presiones fiscales en los próximos ciclos presupuestarios.
“La cantidad es tan alta que algunos empleados podrían estar recibiendo el 20% o el 30% de su salario. No es solo un pequeño incentivo navideño; parece una bonificación enorme e ilegal, algo que no se debe hacer”, añade Grodnick.
El alcalde entrante Bryan Calvo enfrentará un escenario complejo: si mantiene el precedente, podría verse obligado a justificar nuevos desembolsos similares en los próximos años; si decide revertir o cuestionar la medida, podría generar tensiones con los empleados y sindicatos, además de enfrentar un posible costo político.
“Los empleados municipales son muy trabajadores y merecen esta bonificación, especialmente durante las fiestas. Sin embargo, las cosas deben hacerse correctamente y deben notarse, presupuestarse y rendirse cuentas adecuadamente”, dijo el alcalde electo.
Un gesto navideño que podría terminar en una disputa jurídica
Aunque miles de trabajadores celebran un bono que aliviará sus gastos de fin de año, el proceso utilizado para aprobarlo ha convertido la medida en una posible disputa legal y política. Las dudas sobre la legalidad, las tensiones entre administraciones y el contexto electoral han transformado un gesto de gratitud en un tema que podría terminar analizado en tribunales o revisado por la nueva gestión.
Por ahora, los trabajadores recibirán el dinero antes de las fiestas, pero el debate sobre el manejo del dinero público promete acompañar a Hialeah durante varios meses más, justo cuando el gobierno local se prepara para un cambio de mando que ya empieza bajo presión.
