La Ley de Memoria Democrática (LMD), aprobada en 2022 y vigente hasta el 22 de octubre de 2025, abrió una vía excepcional para que hijos y nietos de españoles nacidos en el extranjero solicitaran la nacionalidad. Desde su entrada en vigor, la normativa generó un interés sin precedentes: cerca de 2,3 millones de personas iniciaron el proceso, según estimaciones divulgadas por organizaciones de descendientes y cálculos basados en cifras consulares.
Sin embargo, el sistema solo pudo absorber alrededor de 1 millón de expedientes completos, mientras que más de 1,3 millones quedaron en una especie de limbo administrativo debido a demoras, falta de citas y una saturación sin precedentes en la red consular española.
Un volumen de solicitudes multiplicado por cuatro respecto a la ley anterior
El crecimiento de la demanda se explica también por la comparación con la ley previa, conocida como “Ley de Nietos”, aprobada en 2007. Aquella normativa generó cerca de medio millón de expedientes en total, mientras que la LMD multiplicó esa cifra por más de cuatro. El salto cuantitativo sorprendió incluso a las autoridades consulares, que han reconocido que la red diplomática no estaba preparada para un proceso de tal magnitud.
La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) señaló que, por primera vez, España podría pasar de tener unos 3 millones de ciudadanos residiendo fuera del país a más de 5 millones. Este crecimiento demográfico externo, afirmó, exige un replanteamiento profundo de los recursos y modelos de atención consular.
Cuba, uno de los países más golpeados por el colapso
Entre todos los países afectados, Cuba destaca por su situación particularmente crítica. Con una de las comunidades de descendientes de españoles más importantes del continente, la demanda de trámites superó rápidamente la capacidad del Consulado General de España en La Habana.
Se estima que alrededor de 350.000 cubanos podrían quedar fuera de la ley pese a cumplir con los requisitos, simplemente porque no consiguieron entregar la documentación a tiempo o no accedieron a una cita por los fallos recurrentes del sistema de turnos.
Las denuncias de los propios usuarios muestran un panorama de esperas interminables, retrasos de meses en la entrega de credenciales, caída constante de la plataforma de citas, cancelaciones inesperadas y dificultades añadidas para quienes viven fuera de La Habana y dependen de una conexión a internet inestable.
El resultado es un cuello de botella que ha dejado a miles de familias sin la posibilidad real de completar un trámite que, en teoría, estaba garantizado por la ley.
El panorama más desbordado se encuentra en Argentina, donde cerca de un millón de personas han iniciado el proceso —el 40% del total—, con una concentración notable de 650.000 solicitudes en Buenos Aires y otras 125.000 en la provincia de Córdoba. Detrás aparece el consulado de La Habana y le sigue Ciudad de México (165.000), São Paulo (150.000), Miami (120.000) y Caracas (40.000).
Según Alonso, la Administración simplemente no cuenta con la infraestructura ni el personal necesarios para procesar semejante avalancha, lo que termina paralizando también muchos de los demás servicios consulares.
Una red consular sin crecimiento real en dos décadas
El problema, sin embargo, no radica solo en la alta demanda. Durante los últimos veinte años, la red consular española prácticamente no aumentó su plantilla ni modernizó a fondo sus procesos, pese a que la diáspora española creció de manera sostenida. La falta de digitalización total, la dependencia de sistemas presenciales y los trámites que requieren múltiples visitas a las oficinas han agravado la situación.
Aunque el Gobierno español anunció un plan de modernización valorado en 115 millones de euros, que incluye la creación de un Número de Identidad Consular y el refuerzo de plantillas en sedes saturadas, diversas organizaciones han insistido en que estas medidas resultan insuficientes para enfrentar un volumen tan extraordinario como el generado por la Ley de Memoria Democrática.
Alonso tiene previsto reunirse con el presidente Pedro Sánchez para reclamar un refuerzo urgente de personal y recursos, además de la eliminación de trámites que considera innecesarios, como el procedimiento de conservación de la nacionalidad. También planea exigir una mejora integral de las instalaciones consulares, muchas de las cuales presentan un deterioro creciente.
Un informe de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) expuso una realidad preocupante: 28 oficinas operan al límite de su capacidad, 68 tienen dificultades de accesibilidad, 14 no cuentan con sistemas contra incendios y al menos 17 se encuentran en condiciones deficientes.
La fecha límite que dejó a miles sin opción
El cierre de la LMD el 22 de octubre de 2025 marcó un punto de inflexión. A partir de ese día, solo quienes lograron entregar su expediente completo o recibir número oficial de registro quedaron dentro del proceso. Sin embargo, miles de solicitantes en Cuba y otros países latinoamericanos, aun habiendo demostrado intención de tramitar, quedaron excluidos debido a la imposibilidad de acceder al sistema consular en un periodo tan limitado.
Colectivos de descendientes argumentan que la responsabilidad no debe recaer en los ciudadanos, sino en un sistema que no tuvo la capacidad de gestionar el volumen esperado. Por ello, varias organizaciones han comenzado a preparar solicitudes formales para pedir una ampliación del plazo o la habilitación de mecanismos extraordinarios para quienes quedaron varados por razones administrativas ajenas a su voluntad.
Impacto emocional, familiar y social en la comunidad cubana
La posibilidad de obtener la nacionalidad española representa para miles de familias cubanas una oportunidad significativa. No solo implica un reencuentro simbólico con sus raíces, sino también una vía de movilidad internacional, un instrumento para la reunificación familiar y un acceso a opciones laborales o educativas que en muchos casos son inalcanzables desde Cuba.
La frustración generada por el colapso consular ha provocado preocupación y sentimientos de injusticia entre quienes invirtieron tiempo y recursos en legalizaciones, certificaciones y documentos que podrían quedar sin efecto.
Un debate abierto sobre el futuro de la ciudadanía española en el exterior
El cierre de la Ley de Memoria Democrática no solo deja interrogantes sobre el futuro de los solicitantes que no lograron completar el proceso, sino que reabre el debate sobre la relación del Estado español con su diáspora. Especialistas coinciden en que el país deberá replantear cómo garantiza el acceso a la nacionalidad en un mundo donde la movilidad y la identidad familiar transnacional se han vuelto cada vez más complejas.
Por ahora, no existen señales de que el Gobierno español considere reabrir la vía o extender el plazo. No obstante, colectivos de descendientes en Cuba, América Latina y Europa preparan nuevas iniciativas jurídicas y sociales para evitar que cientos de miles de familias queden desamparadas por limitaciones administrativas que, según sostienen, pudieron haberse prevenido.
