Trump asegura que de tener la potestad legal desnaturalizaría a determinados ciudadanos estadounidenses: “Lo haría absolutamente”

El gobierno de Donald J. Trump abrió un nuevo frente de polémica este lunes al declarar que estaría dispuesto a revocar la ciudadanía estadounidense de determinados ciudadanos naturalizados, especialmente aquellos que califica como “criminales”, si tuviera la autoridad legal para hacerlo.

Las declaraciones, publicadas por ABC News, amplían el tono agresivo que la nueva administración ha adoptado en materia migratoria y han encendido un intenso debate entre juristas, legisladores y organizaciones civiles.

Trump reconoce dudas legales, pero insiste: “Lo haría absolutamente”

En un diálogo con periodistas, el presidente admitió no estar seguro de que la Constitución le permita retirar la ciudadanía a un naturalizado sin una orden judicial o un proceso por fraude. Aun así, enfatizó que: «Tenemos criminales que entraron en nuestro país y fueron naturalizados quizá a través de [el presidente Joe] Biden o alguien que no sabía lo que hacía».

La afirmación llega en un momento en que el gobierno analiza reformas más amplias al sistema migratorio, incluida la suspensión prolongada del procesamiento de nuevas solicitudes de asilo y la intensificación de deportaciones operativas.

Un giro retórico que apunta nuevamente a comunidades inmigrantes

Trump volvió a recurrir a un lenguaje despectivo hacia determinadas comunidades migrantes. Mencionó específicamente a personas originarias de Somalia residentes en Estados Unidos, insinuando que representan un problema de seguridad interna. «No queremos a esas personas. ¿Tiene sentido? ¿Sabes por qué no los queremos? Porque muchos no han servido de nada y no deberían estar en nuestro país», dijo sobre los ciudadanos somalíes residentes en EE.UU.

Críticos señalan que este tipo de señalamiento selectivo alimenta estigmas étnicos y reproduce viejos patrones de demonización vinculados a su primera administración.

Además, según funcionarios citados por ABC News, la Casa Blanca evalúa cambios administrativos que podrían restringir programas humanitarios, revisar historiales de naturalización y ampliar el uso de herramientas de verificación de antecedentes más estrictas.

Qué dice la Constitución: una barrera difícil de cruzar

Expertos constitucionales reaccionaron rápidamente. La Decimocuarta Enmienda establece que toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos es ciudadana del país y del estado en el que reside, una garantía que ha sido interpretada por la Corte Suprema como un derecho robusto y difícil de anular.

Actualmente, la única vía legal para revocar la ciudadanía es demostrar fraude en el proceso de naturalización, lo que requiere un proceso judicial completo. Cualquier intento del Ejecutivo de revocar ciudadanías por motivos discrecionales chocaría directamente con décadas de jurisprudencia y abriría la puerta a demandas constitucionales de alto impacto.

Implicaciones para millones de naturalizados

En Estados Unidos viven más de 23 millones de ciudadanos naturalizados, según datos del Pew Research Center. Aunque las palabras de Trump no representan una orden ejecutiva ni un cambio legal inmediato, expertos advierten que este tipo de declaraciones puede generar vulnerabilidad psicológica en comunidades inmigrantes, fomentar denuncias selectivas y aumentar el temor a revisiones administrativas.

Organizaciones como la ACLU y la National Immigration Law Center han criticado el discurso, afirmando que la retórica presidencial busca “crear la percepción de que la ciudadanía es condicional”, pese a que la Constitución la protege de forma explícita.

La política exterior se mueve en paralelo: un enviado de Trump viajará a Moscú

Mientras la polémica migratoria ocupaba titulares, otro anuncio pasó casi desapercibido: Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, viajará esta semana a Moscú para reunirse con autoridades rusas. Según ABC News, la misión busca explorar terreno para un posible acuerdo que ponga fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, en una movida que podría redefinir por completo la política exterior estadounidense.

El mensaje diplomático contrasta con la retórica interna: mientras Trump aumenta la tensión migratoria doméstica, intenta posicionarse como el líder que podría alcanzar una negociación histórica en Europa del Este.

Reacciones políticas: apoyo entre conservadores, alarma entre demócratas

En el Congreso, republicanos alineados con Trump aplaudieron sus declaraciones, argumentando que las medidas de mano dura son necesarias para controlar lo que describen como una “crisis migratoria sin precedentes”. Los demócratas, por su parte, calificaron la propuesta como un “ataque frontal” a la Constitución y una amenaza a los derechos civiles de millones de residentes.

Analistas políticos consideran que la estrategia forma parte de una operación más amplia de la Casa Blanca para reforzar su imagen de gobernante inflexible frente a la inmigración, una de las piezas centrales de su agenda.

Un mensaje calculado en un país polarizado

Las nuevas declaraciones del presidente Trump parecen diseñadas para mantener activo a su bloque electoral más fiel, mientras la administración combina políticas de alta tensión migratoria con maniobras diplomáticas que podrían tener repercusiones globales.

Aunque no existe, por ahora, un marco legal que permita ejecutar la idea de revocar ciudadanías, el impacto político y social de la retórica es innegable: refuerza la narrativa de una administración dispuesta a revisar los pilares históricos del sistema migratorio estadounidense.