La administración Trump está impulsando una iniciativa para volver a entrevistar a refugiados que fueron entraron a Estados Unidos, en una señal clara de que el nuevo gobierno está desmantelando buena parte de las políticas migratorias implementadas durante la presidencia de Joe Biden. La medida, impulsada bajo el argumento de “reforzar la seguridad nacional”, se centra en personas que ingresaron durante un periodo en el que el país experimentó el mayor crecimiento de reasentamientos humanitarios desde 2016.
Este paso forma parte de un programa más amplio de revisión que Donald Trump quiere utilizar como base para justificar un rediseño completo de las admisiones, una política que contrasta de manera frontal con el incremento de refugiados y solicitantes aprobado bajo la administración Biden. Durante esos años, el gobierno demócrata amplió la capacidad operativa del sistema, elevó el límite anual a 125.000 admisiones y permitió la entrada de decenas de miles de personas procedentes de zonas de conflicto.
La nueva doctrina Trump: endurecimiento extremo del sistema
La revisión de entrevistas no es un gesto aislado. Forma parte de una estrategia más agresiva que Trump ha presentado como una “segunda revolución migratoria”, que incluiría límites mucho más estrictos, suspensión temporal de nuevas admisiones y la reinstauración de programas de exclusión basados en nacionalidad, religión o región geopolítica.
El presidente sostiene que Biden “abrió las puertas” y que es necesario “corregir errores” mediante un sistema de entrevistas profundas, ampliadas y obligatorias para solicitantes y para refugiados que ya se encuentran en territorio estadounidense. La medida no solo busca frenar nuevas admisiones, sino también revisar las decisiones de los últimos cuatro años, una práctica que expertos describen como políticamente excepcional y legalmente compleja.
El documento, fechado el 21 de noviembre, señala que será el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos quien asumirá la tarea de revisar nuevamente los casos y conducir nuevas entrevistas a ciertos refugiados. Según el memorando, esta decisión responde a la necesidad de reforzar los controles y asegurarse de que quienes recibieron admisión no representen ningún riesgo para la seguridad nacional ni para la seguridad pública.
La medida se enmarca en un contexto en el que, entre los años fiscales 2021 y 2025, cerca de 235.000 refugiados fueron admitidos en el país tras superar el proceso de evaluación y selección, una cifra que ahora vuelve a examinarse bajo el prisma de las nuevas políticas migratorias.
«El enfoque imprudente de la administración Biden socavó la integridad de nuestro sistema migratorio y puso en peligro la seguridad y protección del pueblo estadounidense. Ahora se están tomando medidas correctivas para garantizar que quienes están presentes en Estados Unidos merezcan estar aquí», detalló la vocera del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.
Durante décadas, Estados Unidos se posicionó por encima de cualquier otra nación en la acogida de refugiados, abriendo sus puertas a millones de personas desde la aprobación de la Ley de Refugiados en 1980. Sin embargo, ese liderazgo se vio interrumpido durante el primer mandato de Donald Trump, cuando su administración redujo de forma drástica el cupo de refugiados autorizados a ingresar al país. A ello se sumó la llegada de la pandemia de coronavirus, que paralizó temporalmente los procesos de reasentamiento y dejó al programa en uno de sus puntos más bajos.
Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, comenzaron los esfuerzos por reconstruir la estructura dañada y reactivar los mecanismos de protección. Como parte de ese intento de recuperación, el presidente fijó un tope anual de 125.000 admisiones, con el objetivo de devolverle al sistema su capacidad histórica de respuesta humanitaria.
En ese sentido el presidente de HIAS, Mark Hetfield dijo: «Solo la amenaza de esto es indescriptiblemente cruel. … Amenazar a los refugiados con quitarles su estatus sería más traumatizante y un gasto del dinero de los contribuyentes».
Por otro lado, Jeremy Konyndyk presidente de Refugees International, que los inmigrantes que entran al país mediante el programa de admisión son los que más controles pasan. «Pasan revisiones exhaustivas de su estatus de refugiado, verificaciones de antecedentes y controles de seguridad. La administración Trump lo sabe muy bien», dijo Konyndyk.
El incremento bajo Biden: cifras que ahora están bajo escrutinio
Entre 2021 y 2024, Estados Unidos registró un aumento significativo en la entrada de refugiados. Tras la reducción histórica impuesta por Trump en su primer mandato —con techos que cayeron hasta 15.000 admisiones anuales—, la administración Biden se propuso reconstruir el sistema, enviar más oficiales al extranjero, acelerar procesos y desbloquear casos atrasados. Como resultado, el país superó los 60.000 reasentamientos en algunos ciclos y recuperó programas suspendidos, como los de reunificación familiar o los de protección para afganos y sirios.
Ahora, los asesores de Trump han señalado que estas cifras representan “un riesgo operativo”, y buscan revisar expediente por expediente para determinar si quienes fueron admitidos durante la administración pasada cumplieron “estándares de seguridad adecuados”. Funcionarios actuales reconocen que esta revisión sería sin precedentes en su alcance, ya que podría incluir entrevistas adicionales para miles de personas que ya han sido procesadas, verificadas y asentadas legalmente.
La defensa de Biden: un sistema reconstruido tras años de parálisis
Frente a los anuncios de Trump, funcionarios de la administración Biden defienden que el aumento de admisiones respondió a una combinación de factores humanitarios y estratégicos. Tras años con el sistema casi paralizado, el gobierno demócrata argumentó que era necesario reactivar equipos consulares, modernizar controles biométricos, ampliar verificaciones internacionales y responder a crisis globales como la de Afganistán, Ucrania o Sudán.
Según el Departamento de Estado, los refugiados admitidos bajo Biden pasaron por múltiples capas de verificación, algunas más avanzadas que las existentes durante la era Trump. Por ello consideran que la revisión masiva anunciada por el expresidente implica un giro político más que técnico.
En septiembre, durante conversaciones informales en el marco de la Asamblea General de la ONU, el subsecretario de Estado Chris Landau sostuvo que tanto el sistema vigente como los marcos internacionales de asilo —incluida la Convención sobre los Refugiados— se han quedado atrás frente a la realidad actual. Según Landau, estos instrumentos han sido utilizados de manera indebida, hasta el punto de permitir que lo que describió como “migración ilegal masiva” termine encajando dentro de procedimientos considerados legales.
«El sistema de asilo se ha convertido en una gran laguna legal en nuestras leyes migratorias, y solo tenemos que ser realistas al respecto», dijo Landau en un evento internacional sobre el tema.
El choque de visiones: dos modelos migratorios irreconciliables
El país vuelve a enfrentar un choque directo entre dos visiones que definen el futuro de la política migratoria estadounidense. Mientras Biden priorizó la reconstrucción de un sistema humanitario debilitado, Trump pretende regresar a un modelo rígido, restrictivo y con amplias facultades discrecionales para suspender admisiones.
El aumento de refugiados durante la administración Biden se ha convertido en el eje central del debate, ahora transformado en uno de los argumentos principales para justificar las políticas radicales que Trump busca aplicar. El resultado tendrá consecuencias profundas para miles de familias ya asentadas y para quienes esperan protección en medio de conflictos globales que continúan intensificándose.
