Cuando la política afecta el plato: millones verán reducidos sus beneficios del SNAP este mes tras fallo de la Corte Suprema a favor de la administración Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este martes la decisión del gobierno federal de reducir temporalmente los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido como Food Stamps, que beneficia a más de 42 millones de personas en todo el país.

La medida, que extiende una suspensión administrativa impuesta previamente por la jueza Ketanji Brown Jackson, estará vigente hasta el 13 de noviembre de 2025 a las 11:59 p.m. (hora del Este), y permitirá que el gobierno no pague el 100 % de los fondos correspondientes al mes de noviembre apoyando la iniciativa de la administración republicana.

Un recorte que afecta directamente a millones de familias

Con la decisión del máximo tribunal, los beneficiarios del programa recibirán solo alrededor del 65 % del monto habitual, una reducción significativa que golpea especialmente a los hogares de bajos ingresos. El impacto será desigual en todo el país: mientras estados como Hawái y Nueva Jersey lograron desembolsar los pagos completos antes del fallo, otros, como Nebraska y Virginia Occidental, aún no han podido entregar los beneficios.

El Departamento de Agricultura (USDA), encargado de supervisar el SNAP, afirmó que la medida es temporal y que la prioridad del gobierno es evitar interrupciones mayores, aunque reconoció que la falta de recursos compromete la distribución uniforme del programa.

Contexto: un cierre de gobierno que agrava la crisis

El fallo se produce en medio del cierre parcial del gobierno federal, que ha paralizado parcialmente el funcionamiento de varias agencias y programas sociales. La parálisis presupuestaria, producto de la falta de acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo sobre los fondos adicionales para programas de asistencia, ha afectado la continuidad del SNAP, considerado el pilar central de la red de seguridad alimentaria en Estados Unidos.

El litigio ante la Corte Suprema surgió luego de que un tribunal inferior ordenara el pago completo de los beneficios, decisión que el gobierno apeló argumentando que no contaba con fondos suficientes ni con la autoridad legal para desembolsar el dinero sin una asignación aprobada por el Congreso.

Reacciones y preocupación social

La decisión judicial generó reacciones encontradas. Organizaciones de lucha contra el hambre calificaron el fallo como un duro golpe para millones de familias trabajadoras que dependen del SNAP para cubrir necesidades básicas. “Este recorte llega en el peor momento posible, cuando la inflación y el costo de los alimentos siguen en aumento”, señaló el Centro de Investigación de Políticas Alimentarias de Nueva York, advirtiendo que el impacto será especialmente severo en comunidades rurales y urbanas de bajos ingresos.

En varias ciudades, redes de bancos de comida y organizaciones comunitarias han incrementado sus esfuerzos para suplir la falta temporal de recursos, mientras líderes locales piden al Congreso una solución inmediata que restaure la financiación completa.

Una batalla política de fondo

El caso refleja un conflicto más amplio sobre la administración del gasto público en tiempos de parálisis política. Mientras sectores del Congreso insisten en limitar el gasto federal, la Casa Blanca ha defendido la necesidad de mantener el SNAP plenamente operativo como herramienta de estabilidad social.

El fallo de la Corte Suprema no resuelve el fondo del litigio, pero concede al Ejecutivo un margen de maniobra temporal mientras se negocian nuevos acuerdos de presupuesto.

Antecedentes y posibles escenarios futuros

El SNAP, creado en la década de 1960, nunca había enfrentado una interrupción de esta magnitud en su historia moderna. Durante el cierre de gobierno de 2019, el programa logró sostener los pagos gracias a reservas presupuestarias de emergencia, algo que no ocurrió esta vez debido al estancamiento legislativo y al aumento del número de beneficiarios tras la pandemia.

Economistas advierten que si el bloqueo político continúa, el recorte podría prolongarse y convertirse en un precedente preocupante para otros programas sociales federales. Además, los gobiernos estatales podrían verse obligados a asumir mayores responsabilidades financieras para garantizar la distribución de los beneficios.

Impacto humano y dimensión social

Más allá de la disputa legal, la decisión afecta directamente la vida cotidiana de millones de familias estadounidenses. Para muchos hogares monoparentales, jubilados y trabajadores de bajos ingresos, los Food Stamps representan la diferencia entre comer o pasar hambre. En estados como Florida, Texas y California, la reducción de fondos podría dejar a decenas de miles de niños y adultos mayores con acceso limitado a alimentos nutritivos durante el mes.

Algunos estados, como Hawái y Nueva Jersey, lograron distribuir la totalidad de los beneficios correspondientes a noviembre antes de que se emitiera el fallo judicial. En cambio, otros —como Nebraska y Virginia Occidental— aún no han entregado ningún pago.

Voluntarios y organizaciones de base han comenzado campañas locales de emergencia para distribuir alimentos y donaciones, mientras aumenta la presión pública sobre los legisladores para desbloquear los recursos federales.

La historia de Jim Malliard, un hombre de 41 años que vive en Franklin, Pensilvania, refleja con crudeza el lado humano de la crisis. Día tras día, Malliard cuida de su esposa, una mujer ciega que ha sobrevivido a varios derrames cerebrales, y de su hija adolescente, que todavía arrastra complicaciones médicas tras una cirugía difícil.

En medio de esa rutina de cuidados y sacrificio, el golpe económico llegó con fuerza: hace más de una semana y media que no recibe su asignación mensual de 350 dólares del programa SNAP, el dinero con el que suele garantizar la comida de su familia. Cada día que pasa sin ese apoyo, la incertidumbre crece en su hogar.

Un alivio judicial que no resuelve la urgencia

La decisión de la Corte Suprema brinda al gobierno un respiro legal, pero no soluciona la crisis de fondo. El SNAP sigue siendo un salvavidas esencial para millones de personas, y su reducción pone de relieve la fragilidad de la protección social estadounidense frente a las disputas políticas en Washington. Mientras el Congreso continúa dividido, la incertidumbre persiste: las familias esperan respuestas concretas, no fallos temporales.

Esta semana, el Senado dio luz verde a un proyecto de ley destinado a reabrir el gobierno federal y asegurar la financiación total del programa SNAP hasta el cierre del actual año fiscal. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes instó a sus compatriotas a reunirse nuevamente para llegar a un entendimiento. No obstante, el presidente Donald Trump aún no ha confirmado si aprobará la ley.

“La respuesta a esta crisis no es que los tribunales federales reasignen recursos sin autoridad legal”, escribió en un documento enviado a la Corte, el procurador D. John Sauer. “La única manera de poner fin a esta crisis, que el Ejecutivo está decidido a terminar, es que el Congreso reabra el gobierno”, agregó.

La crisis también ha despertado gestos solidarios desde la sociedad civil. En Carthage, Nueva York, la maestra Ashley Oxenford decidió instalar una pequeña despensa comunitaria en el jardín de su casa, con el propósito de brindar alimentos a los vecinos más afectados y vulnerables de su comunidad.

Incluso si el Congreso aprueba una ley para restaurar los fondos y Trump la firma, la reactivación total de los beneficios podría demorar varios días o, en algunos casos, extenderse por semanas. Mientras tanto, millones de personas permanecen en la incertidumbre, aguardando soluciones en un panorama en el que la Corte Suprema ha decidido otorgar mayor flexibilidad al gobierno antes de exigirle una respuesta definitiva.