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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó la deportación de un ciudadano cubano residente en Miami que posee un extenso historial de delitos violentos, en el marco del programa federal “Lo peor de lo peor” (Worst of the Worst), enfocado en inmigrantes que representan una amenaza para la seguridad pública.
El detenido fue identificado como Jorge Muñiz García, actualmente recluido en el centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, en los Everglades. Según el comunicado del ICE, su proceso de expulsión está en curso, aunque enfrenta obstáculos diplomáticos debido a la política del gobierno cubano de no recibir a nacionales con antecedentes penales graves.
Muñiz García cuenta con un historial que incluye intento de homicidio, agresión agravada, porte de arma oculta, robo con violencia, allanamiento de morada, hurto y conducta desordenada. Las autoridades estadounidenses sostienen que su permanencia en el país “representa un riesgo significativo para la comunidad”.
El ICE destacó que la captura forma parte de su esfuerzo por “preservar la seguridad pública y reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias”, priorizando la detención de extranjeros con antecedentes criminales graves o reincidentes.
“Lo peor de lo peor”: una estrategia bajo escrutinio
El programa “Lo peor de lo peor”, lanzado por el ICE a nivel nacional, busca identificar y remover a los inmigrantes con historial delictivo más peligroso. Se centra en casos de homicidio, agresión sexual, tráfico de drogas, robo a mano armada y delitos con armas de fuego.
Sin embargo, críticos y organizaciones proinmigrantes han cuestionado la falta de transparencia en los criterios de selección y el impacto colateral sobre familias que podrían quedar separadas.
El ICE, por su parte, defiende la iniciativa como “una herramienta esencial para mantener seguras las comunidades estadounidenses”, recordando que su mandato principal es aplicar la ley de inmigración de manera selectiva y basada en riesgo.
Cuba, el gran obstáculo diplomático
El destino final de Muñiz García aún es incierto. El gobierno de Cuba mantiene una política restrictiva para aceptar deportados, especialmente aquellos con condenas penales o que emigraron antes de los acuerdos bilaterales firmados el 12 de enero de 2017, cuando Washington eliminó la política de “pies secos, pies mojados”.
Esa falta de cooperación ha generado una acumulación de casos sin resolver: según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 42,000 cubanos tienen órdenes de deportación definitiva en EE.UU., pero la mayoría no puede ser devuelta a la isla.
En algunos casos, las autoridades estadounidenses han explorado la opción de enviar a los deportados a terceros países, aunque esa medida requiere acuerdos específicos y suele enfrentarse a obstáculos legales y humanitarios.
Reacciones en la comunidad cubana
La noticia ha despertado reacciones diversas en el sur de la Florida. Sectores conservadores y defensores de la ley celebran la deportación como una acción necesaria para proteger a los residentes de Miami-Dade y Broward. “Nadie con antecedentes tan graves debería estar libre en nuestras calles”, expresó un portavoz local del ICE citado por medios de Miami.
Por otro lado, activistas proinmigrantes y abogados de derechos humanos advierten que este tipo de casos pueden endurecer la percepción pública hacia los migrantes cubanos, generando temor incluso entre quienes no tienen antecedentes penales.
El abogado de inmigración Willy Allen recordó recientemente que muchos detenidos “no se logran deportar, pero tampoco pueden regularizar su estatus, quedando en un limbo migratorio que puede durar años”.
Un dilema sin solución clara
La situación de los cubanos con órdenes de deportación refleja un vacío legal y diplomático que persiste desde hace más de una década. Pese a la reanudación parcial de los vuelos de deportación entre La Habana y Miami en 2023, las autoridades cubanas continúan limitando el número de repatriaciones.
Washington, por su parte, insiste en que Cuba debe cumplir sus compromisos internacionales de readmisión de ciudadanos, argumentando que la negativa genera riesgos de seguridad interna.
Analistas consideran que este tipo de tensiones complican el intento de ambas partes por mantener una relación diplomática estable. “Cada caso de deportación de alto perfil se convierte en un recordatorio de la fragilidad del diálogo migratorio entre los dos países”, señaló un experto en política hemisférica del Florida International University.
Implicaciones políticas y sociales
El caso de Jorge Muñiz García no solo pone en relieve el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses, sino también el debate sobre la reinserción y la responsabilidad compartida entre los países de origen y destino.
Además, la medida podría tener impacto simbólico en la comunidad cubana de Miami, donde la seguridad pública, la migración y la cooperación con Cuba son temas sensibles y recurrentes en la agenda local.
La incertidumbre sobre el destino de miles de cubanos con órdenes de deportación plantea preguntas de fondo:
¿Debe EE.UU. mantener bajo custodia indefinida a quienes no se pueden devolver?
¿Hasta qué punto es posible exigir a Cuba la readmisión de sus ciudadanos?
¿Y qué consecuencias sociales podrían derivarse si aumentan las deportaciones hacia terceros países?
El caso de Muñiz García sintetiza el conflicto entre la política migratoria estadounidense y los límites de la cooperación cubana, exponiendo una realidad que afecta a decenas de miles de personas en situación de incertidumbre legal.
Mientras Washington insiste en aplicar su política de “tolerancia cero” contra inmigrantes con antecedentes violentos, La Habana mantiene su resistencia a recibirlos, perpetuando un limbo migratorio que parece no tener fin.
