Por primera vez en varios años, el gobierno de Cuba ha aceptado ayuda humanitaria de Estados Unidos tras el paso devastador del huracán Melissa, que dejó a su paso destrucción masiva en la región oriental del país. La asistencia —valorada en tres millones de dólares— será canalizada a través de la organización Catholic Relief Services (CRS) y la Arquidiócesis de Miami, en coordinación con Cáritas Cuba y la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
Sin embargo, la aceptación vino acompañada de condiciones impuestas por La Habana, que ha insistido en que toda distribución de recursos deberá realizarse bajo control y supervisión estatal, lo que refleja la persistente cautela del régimen ante cualquier intervención directa de actores extranjeros, incluso con fines humanitarios.
Contexto del desastre: daños, damnificados y urgencia
El huracán Melissa, que azotó el oriente cubano a fines de octubre, causó graves inundaciones, derrumbes y cortes de energía en provincias como Granma, Holguín, Las Tunas y Santiago de Cuba. De acuerdo con datos preliminares de organismos de socorro, más de 50 000 personas resultaron desplazadas y miles de viviendas quedaron destruidas o seriamente dañadas.
El sistema eléctrico colapsó en varios municipios, la producción agrícola sufrió pérdidas cuantiosas, y el acceso a agua potable y medicinas sigue siendo limitado. En ese contexto, la ayuda internacional se convirtió en una necesidad urgente, pese a las reticencias políticas tradicionales del gobierno cubano.
La ayuda estadounidense: un gesto con condiciones
Según fuentes diplomáticas, la administración de Washington ofreció el paquete humanitario sin condicionamientos políticos, pero insistió en que los recursos debían llegar “directamente al pueblo cubano y no al régimen”, una frase repetida por el secretario de Estado, Marco Rubio en referencia a la desconfianza hacia el manejo estatal.
Estados Unidos canalizará la asistencia mediante organismos eclesiales, que han mantenido cierta autonomía operativa en la isla y cuentan con redes logísticas y experiencia previa en emergencias. Los fondos incluirán alimentos no perecederos, kits de higiene, materiales de construcción ligera y medicinas básicas.
Condiciones del gobierno cubano
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) emitió un comunicado aceptando el envío, pero aclarando que la distribución deberá hacerse “en coordinación con las instituciones nacionales competentes”, es decir, con la participación de organismos estatales y autoridades locales.
Esto significa que toda entrega o transporte de ayuda deberá ser aprobada por el gobierno, lo que limita la independencia de la Iglesia Católica y de CRS en la operación. El texto subraya además que “ninguna organización extranjera podrá actuar de forma autónoma en territorio nacional”.
Analistas consultados por medios independientes advirtieron que esta supervisión podría afectar la transparencia y velocidad de la ayuda, dado el historial del Estado cubano en el manejo de donaciones internacionales, muchas veces marcado por retrasos, falta de rendición de cuentas y desvíos hacia el mercado interno controlado.
Reacciones y preocupaciones por la transparencia
La aceptación de ayuda estadounidense fue recibida con cauteloso optimismo por parte de organizaciones humanitarias, aunque varias expresaron preocupación por las restricciones impuestas. Desde Washington, el Departamento de Estado reiteró su compromiso con los damnificados, pero dejó claro que “el monitoreo del uso de los fondos será estricto”.
En redes sociales y medios del exilio cubano, muchos usuarios celebraron el gesto humanitario, pero advirtieron que “si el Estado controla la ayuda, el pueblo podría no verla nunca”. Algunos recordaron los precedentes de los huracanes Ian (2022) y Irma (2017), cuando donaciones internacionales fueron redistribuidas a través de canales estatales sin transparencia ni auditorías independientes.
La Iglesia Católica, mediadora entre dos gobiernos
La participación de la Iglesia Católica ha sido clave para que la asistencia se materializara. Tanto la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba como la Arquidiócesis de Miami confirmaron su compromiso de garantizar que la ayuda llegue “a las familias más necesitadas”.
En una nota pastoral, los obispos cubanos describieron la situación actual como “una catástrofe humanitaria de dimensiones nacionales” y pidieron a los fieles que colaboren con donaciones y voluntariado. La Iglesia subrayó que su labor “no es política, sino pastoral y humanitaria”.
No obstante, el propio gobierno cubano remarcó que “toda coordinación con instituciones religiosas se hará en el marco de las regulaciones vigentes y con la debida supervisión de las autoridades”.
Aportes de otros países y organismos
Además de EE.UU., China, Noruega y Naciones Unidas se sumaron a la ola de ayuda internacional. La Cruz Roja China envió mil kits familiares de emergencia, Naciones Unidas activó cuatro millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) y Noruega donó 400 000 dólares para asistencia alimentaria y refugios temporales.
Estas contribuciones refuerzan la magnitud de la respuesta global, aunque su distribución en la isla también dependerá de la coordinación con el gobierno cubano.
Análisis: entre la apertura y el control
La aceptación de ayuda de EE.UU. marca un cambio relevante en la política de La Habana, pero también confirma su resistencia a ceder control sobre procesos humanitarios. Para algunos observadores, se trata de un gesto táctico: una forma de mostrar flexibilidad ante la comunidad internacional sin alterar la estructura de poder interna.
Otros interpretan el hecho como una oportunidad para abrir canales de cooperación más amplios entre las dos naciones, especialmente en temas de salud, desastres naturales y asistencia humanitaria, áreas donde podría construirse confianza sin comprometer principios políticos.
Sin embargo, el desenlace dependerá de la transparencia en la gestión de los recursos, el monitoreo independiente y la disposición del régimen a permitir que los donativos lleguen a las comunidades más golpeadas sin filtros ideológicos.
Impacto humanitario y económico
Los daños provocados por el huracán Melissa se estiman en más de 800 millones de dólares, según cálculos preliminares de expertos en desastres naturales. Miles de hectáreas de cultivos quedaron arrasadas, carreteras y puentes colapsaron, y el suministro eléctrico sigue interrumpido en gran parte del oriente cubano.
La crisis se suma a una situación económica ya precaria, con escasez de alimentos, combustible y medicinas, agravada por la caída del turismo y la falta de liquidez estatal. En este contexto, la ayuda internacional representa una válvula de alivio temporal, pero también un desafío logístico y político.
La decisión de Cuba de aceptar ayuda de Estados Unidos podría marcar un punto de inflexión en las relaciones bilaterales si logra implementarse con eficacia y transparencia. Sin embargo, las condiciones impuestas por el gobierno cubano revelan que la prioridad sigue siendo el control político interno, incluso en medio de una emergencia nacional.
Mientras tanto, miles de familias esperan que la cooperación internacional —ya sea a través de la Iglesia, de las Naciones Unidas o de gobiernos aliados— logre traducirse en alimentos, medicinas y refugios, no en discursos ni burocracia.
