
La administración del presidente de EE.UU Donald Trump anunció que cumplirá con la orden de los jueces federales que le exige mantener los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), pese al prolongado cierre del gobierno que de mantenerse se convertirá en el más prolongado de la historia del país.
La semana pasada, líderes demócratas de 25 estados presentaron una demanda contra el Departamento de Agricultura, con el objetivo de obligar a la agencia a recurrir a los fondos de contingencia y así mantener operativo el programa mientras persista el cierre gubernamental.
La medida, dictada por tribunales en Rhode Island y Massachusetts la semana anterior, obliga al Departamento de Agricultura a utilizar fondos de contingencia para garantizar la continuidad de los beneficios a más de 42 millones de estadounidenses que dependen de esta ayuda para alimentarse.
“El gobierno acatará las disposiciones judiciales y continuará distribuyendo parcialmente los fondos mientras se revisan las implicaciones legales y presupuestarias del fallo”, indicaron portavoces federales en un comunicado divulgado este fin de semana.
La administración explicó que, para garantizar que todos los beneficiarios reciban la ayuda del programa SNAP sin interrupciones, sería necesario contar con al menos 4.000 millones de dólares adicionales en fondos federales. Según precisaron, ese monto permitiría sostener plenamente la entrega de alimentos a millones de familias que dependen de este apoyo.
La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, advirtió el domingo, durante una entrevista en el programa “Fox & Friends Weekend”, que el fondo de contingencia disponible resulta insuficiente, ya que “ni siquiera alcanzará para cubrir la mitad de los gastos previstos para noviembre”.
“Estamos trabajando y analizando todas las opciones. El presidente ha sido muy claro: quiere que hagamos todo lo posible para garantizar la continuidad de estos beneficios”, comentó Rollins.
Una victoria judicial
Las decisiones judiciales llegaron luego de días de creciente alarma entre familias de bajos ingresos, adultos mayores y comunidades vulnerables, ante el aviso de que el programa podría quedarse sin recursos el 1 de noviembre por la falta de un presupuesto aprobado en el Congreso.
Los jueces consideraron que interrumpir la ayuda alimentaria en medio de un cierre gubernamental prolongado constituiría una emergencia humanitaria y una violación del deber del Estado de proteger el bienestar público.
“No cabe duda de que los fondos de contingencia aprobados por el Congreso deben utilizarse ahora debido al cierre del gobierno; de hecho, durante su primer mandato, el presidente emitió directrices que indicaban que estos fondos de contingencia estaban disponibles si los fondos del SNAP se agotaban debido a un cierre del gobierno”, dijo el juez John McConnell de Rhode Island.
Este mismo magistrado estableció además un plazo estricto: la administración debía informar antes del lunes al mediodía cómo cumpliría la orden y qué recursos financieros serían utilizados para mantener el programa operativo.
El argumento del gobierno: “los fondos son solo para emergencias”
La Casa Blanca ha sostenido que los fondos de contingencia están destinados exclusivamente a responder ante desastres naturales o emergencias nacionales, como huracanes o pandemias, y no a sostener programas sociales durante disputas presupuestarias.
Sin embargo, los jueces federales consideraron que la inseguridad alimentaria a gran escala que provocaría el cierre del SNAP cumple con los criterios de una emergencia, por lo que el uso de esos fondos resulta “necesario y justificado”.
El SNAP: una red de apoyo esencial
El SNAP, conocido históricamente como el programa de cupones de alimentos, beneficia a más de 40 millones de familias de bajos ingresos en todo el país. De acuerdo con el Departamento de Agricultura (USDA), más del 65% de los beneficiarios son niños, ancianos o personas con discapacidad, y el programa es responsable de evitar la pobreza extrema en más de 3 millones de hogares cada año.
Sin este apoyo, miles de familias no tendrían cómo adquirir alimentos básicos, y la demanda en bancos de comida y organizaciones caritativas se dispararía a niveles insostenibles.
Impacto en comunidades latinas y afroamericanas
El restablecimiento del SNAP ofrece un respiro temporal, especialmente en comunidades latinas y afroamericanas, que constituyen un alto porcentaje de los beneficiarios. En estados como Florida, Texas y California, más de uno de cada seis hogares latinos depende de esta ayuda federal para mantener una dieta mínima.
Activistas comunitarios advirtieron que cualquier interrupción del programa podría agravar las desigualdades raciales y económicas, ya amplificadas por la inflación y el costo de vida.
El cierre federal y la pugna política
La crisis del SNAP es solo una de las múltiples consecuencias del cierre federal, que ya se extiende por más de un mes. El estancamiento entre republicanos y demócratas ha paralizado agencias gubernamentales, retrasado salarios y congelado fondos para programas sociales y educativos.
Mientras tanto, la Casa Blanca insiste en que la responsabilidad recae en el Congreso, incapaz de aprobar un nuevo paquete presupuestario. Sin embargo, analistas políticos coinciden en que el cumplimiento de las órdenes judiciales representa una derrota temporal para el Ejecutivo, que intentaba limitar el uso de fondos mientras continúa el pulso político por el gasto público.
Advertencia de las organizaciones humanitarias
Organizaciones como Feeding America y el Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) celebraron la decisión judicial, calificándola de “vital para la supervivencia de millones de personas”. “El cierre del gobierno no puede ser excusa para dejar a los estadounidenses con hambre. La justicia actuó con sensatez y humanidad”, señaló el CBPP en un comunicado. Aun así, advierten que el fallo no resuelve el problema de fondo, ya que los fondos de contingencia podrían agotarse rápidamente si el Congreso no aprueba una ley de financiamiento permanente.
Un alivio temporal con final incierto
Mientras millones de beneficiarios comienzan a recibir nuevamente los depósitos del SNAP, la incertidumbre persiste. Sin una solución política en Washington, el riesgo de una nueva suspensión de la ayuda alimentaria sigue latente. El fallo judicial ofrece apenas un respiro, en un contexto de creciente tensión social y política.
					



