La hija del exministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, rompió el silencio tras conocerse que su padre enfrenta una acusación formal de espionaje y otros delitos graves presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) ante los tribunales de la isla.
En un mensaje difundido en redes sociales, Laura María Gil González exigió que el proceso judicial contra su padre sea público y transparente, transmitido por los medios nacionales o internacionales, para que los cubanos puedan conocer “la verdad completa” sobre el caso.
“Exijo un juicio público, televisado y transparente. Que se presenten las pruebas, los hechos y las fechas. Que se explique a quién se entregó información, qué información era y en qué contexto ocurrió”, declaró la hija del exministro, insistiendo en que su padre “no reconocerá ningún delito que no le sea debidamente verificado”.
Acusaciones de espionaje y corrupción
La Fiscalía cubana confirmó el pasado 31 de octubre que ejerció acción penal pública contra Gil Fernández, quien se desempeñó como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación hasta su destitución en marzo pasado.
El comunicado oficial —publicado sin mayores detalles— incluye una lista de delitos de alto impacto político y económico, entre ellos:
- Espionaje,
- Malversación,
- Cohecho,
- Falsificación de documentos públicos,
- Evasión fiscal,
- Tráfico de influencias,
- Lavado de activos,
- Infracción de normas de protección de documentos clasificados, y
- Sustracción y daño de documentos oficiales.
La Fiscalía indicó que las actuaciones fueron presentadas ante el tribunal correspondiente y que se solicitaron sanciones privativas de libertad para los imputados, aunque no precisó las penas ni la fecha del juicio.
Un silencio oficial y una denuncia familiar
El caso de Alejandro Gil ha generado una ola de interrogantes dentro y fuera de Cuba. Hasta ahora, el régimen no ha ofrecido evidencia concreta sobre las supuestas actividades de espionaje ni ha revelado si existe un vínculo con potencias extranjeras.
La declaración de su hija, difundida desde el exterior, ha cobrado relevancia porque cuestiona directamente la opacidad del proceso judicial, en un momento en que el gobierno enfrenta una profunda crisis económica y política.
“Si realmente hubo espionaje, que se pruebe. Pero que no se convierta en un juicio secreto ni en una excusa política”, escribió Laura María Gil.
Contexto político y repercusiones
Gil Fernández fue uno de los rostros más visibles del gabinete cubano durante los años recientes. Se mantuvo al frente de la política económica en medio de la crisis del sistema socialista, la inflación desbordada y el colapso del peso cubano. Su caída marcó un golpe interno dentro del régimen, especialmente en el entorno de Miguel Díaz-Canel.
La inclusión del delito de espionaje —inusual en casos de corrupción interna— abre un nuevo capítulo de tensión dentro del aparato del Estado, con implicaciones que podrían trascender las fronteras de la isla.
Mientras la Fiscalía avanza sin ofrecer detalles y la prensa oficial mantiene silencio, la petición de la hija de Gil se ha viralizado entre cubanos dentro y fuera del país, que reclaman transparencia y justicia real.
Por ahora, el futuro del exministro acusado de espionaje permanece en la sombra, y la presión internacional podría aumentar si el régimen decide mantener el proceso en secreto.
