El Régimen de Cuba sacrifica a su ex ministro Alejandro Gil y lo acusa de espionaje y malversación

La Fiscalía General de la República de Cuba anunció este viernes que ha presentado cargos formales contra Alejandro Gil Fernández, ex viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación del régimen de Miguel Díaz-Canel, acusado de una larga lista de delitos que incluyen espionaje, malversación, lavado de activos y tráfico de influencias, entre otros.

Según el comunicado oficial, la investigación fue “controlada” por los órganos del Ministerio del Interior, una institución directamente subordinada al poder político, lo que despierta serias dudas sobre la transparencia y la independencia judicial en el proceso.

Un chivo expiatorio del fracaso económico

Gil Fernández, quien fue durante años la cara visible de la desastrosa política económica del régimen, podría estar pagando ahora el precio de convertirse en el rostro del colapso financiero que vive la isla. Bajo su mandato, el país enfrentó la peor inflación en décadas, un desplome del peso cubano y un crecimiento acelerado de la miseria y la escasez.

Analistas coinciden en que el gobierno busca un culpable visible para desviar la atención del verdadero problema: la inviabilidad del modelo económico comunista, el control absoluto del Estado sobre los recursos y la falta de libertades para emprender o invertir.

Acusaciones de espionaje: ¿realidad o montaje político?

Entre los delitos mencionados, el de espionaje ha llamado poderosamente la atención. En un sistema donde el secretismo y la paranoia son parte del día a día del poder, muchos observadores consideran que estas acusaciones podrían ser una herramienta política para desacreditar y silenciar a un funcionario caído en desgracia o que pudo haber mostrado diferencias internas.

El régimen ha utilizado en el pasado este tipo de cargos para ajustar cuentas internas o enviar mensajes de lealtad a otros cuadros gubernamentales. La lista de delitos es tan extensa que parece diseñada para destruir completamente la reputación del exministro, más que para impartir justicia.

Justicia controlada por el poder

El propio comunicado de la Fiscalía menciona que “se garantizó el debido proceso”, pero sin permitir el acceso independiente de abogados, medios ni observadores internacionales. En Cuba, donde los juicios políticos se celebran sin transparencia y bajo control absoluto del Partido Comunista, resulta difícil creer en un proceso justo.

La ironía es evidente: quienes hoy acusan a Gil de corrupción son parte del mismo sistema que durante años ocultó cifras, manipuló estadísticas y reprimió a todo el que denunciaba la crisis económica.

Un síntoma del derrumbe del sistema

El caso Alejandro Gil es, en última instancia, una muestra más de la podredumbre interna del régimen cubano, un sistema que se devora a sí mismo cuando necesita sobrevivir.
Mientras el pueblo sigue sumido en la pobreza, sin acceso a medicinas ni alimentos, los jerarcas del poder se enfrentan entre sí en una lucha por el control y la supervivencia política.