Jueces federales dictaminaron utilizar fondos de contingencia para pagos de SNAP mientras se mantenga el cierre del gobierno

Dos jueces federales se preparan para emitir decisiones clave que podrían definir el futuro del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), el mayor programa de asistencia alimentaria en Estados Unidos. En medio de una creciente crisis de financiamiento, la administración federal enfrenta la presión de múltiples estados y organizaciones sociales que advierten que millones de familias vulnerables podrían quedarse sin apoyo si no se activan los fondos de contingencia.

Los jueces de Massachusetts y Rhode Island otorgaron un respiro a la administración federal, permitiéndole decidir si mantener el financiamiento del programa, ya sea de manera total o parcial, durante el mes de noviembre.

Las decisiones judiciales se conocieron apenas un día antes de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos advirtiera que se vería obligado a suspender los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Según el organismo, el cierre del gobierno había dejado sin fondos a una de las ayudas más esenciales para millones de familias en el país.

Un fallo con consecuencias nacionales

El SNAP, conocido popularmente como food stamps, ayuda a más de 40 millones de estadounidenses a acceder a alimentos básicos cada mes. Sin embargo, la falta de un presupuesto aprobado a tiempo y los límites de gasto impuestos por el Congreso amenazan con interrumpir el flujo de recursos que sostiene este sistema.

Una de las juezas encargadas del caso ordenó al Departamento de Agricultura (USDA) que informe si utilizará los fondos de emergencia disponibles para evitar una paralización del programa. La dependencia tiene la responsabilidad directa de administrar los beneficios, pero su capacidad de respuesta depende del marco legal y del presupuesto autorizado por el Congreso.

“Estamos ante un posible colapso de uno de los programas más esenciales del país”, advirtió un abogado de los estados demandantes, citado por el medio. “Si no se actúa, millones de familias podrían enfrentarse a la inseguridad alimentaria en cuestión de días”.

Estados y organizaciones se enfrentan al USDA

Más de 24 estados han presentado demandas contra el gobierno federal, argumentando que la inacción del USDA viola derechos constitucionales y pone en peligro la seguridad alimentaria nacional. Entre los estados firmantes hay tanto gobiernos demócratas como republicanos, lo que demuestra el carácter bipartidista de la preocupación.

Las demandas buscan que los tribunales obliguen a la administración a liberar fondos de contingencia para garantizar la continuidad del SNAP, incluso si el presupuesto regular se agota. Esta medida ya ha sido aplicada en ocasiones anteriores, durante cierres parciales del gobierno (shutdowns) o disputas fiscales.

Organizaciones como Feeding America y el Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) han alertado que la interrupción del programa sería “catastrófica” y afectaría principalmente a niños, adultos mayores y trabajadores de bajos ingresos.

En Providence, Rhode Island, el juez federal John J. McConnell ordenó desde el estrado que el programa continúe recibiendo financiamiento, al menos mediante los fondos de contingencia disponibles. El fallo surgió tras una demanda presentada por varias ciudades y organizaciones sin fines de lucro, y el magistrado solicitó que se le informe sobre los avances del cumplimiento de su decisión a más tardar el próximo lunes.

Además de instruir al gobierno federal a utilizar los fondos de emergencia para mantener los beneficios del programa SNAP, el juez McConnell dispuso que se mantengan vigentes todas las exenciones laborales previamente aprobadas. Durante el cierre gubernamental, el USDA había eliminado dichas exenciones, que permitían a adultos mayores, veteranos y otros grupos vulnerables conservar la ayuda sin cumplir los requisitos de trabajo.

«El fallo de la corte protege a millones de familias, personas mayores y veteranos de ser utilizados como palanca en una lucha política y defiende el principio de que nadie en Estados Unidos debe pasar hambre», dijo la presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward,  Skye Perryman.

En el caso de Boston el panorama fue similar, la jueza Indira Talwani ordenó que USDA tiene que asumir el pago de SNAP. Asimismo, ordenó al gobierno federal que, antes del lunes, informe a la corte si recurrirá a los fondos de contingencia para entregar beneficios de SNAP reducidos en noviembre o si, por el contrario, garantizará la cobertura total del programa mediante fondos de contingencia y cualquier otro recurso disponible.

Acompañada por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en el Capitolio, Brooke Rollins, secretaria de Agricultura responsabilizó a los demócratas de lo que calificó como un “repugnante abandono del deber”, acusándolos de bloquear deliberadamente las negociaciones en el Senado mientras insisten en una extensión de los fondos destinados a la atención médica.

Lo que está en juego: seguridad alimentaria y estabilidad social

El impacto de una posible suspensión del SNAP se extendería mucho más allá de los hogares directamente beneficiados. Según estimaciones del CBPP, cada dólar invertido en el programa genera alrededor de 1,5 dólares en actividad económica, beneficiando a supermercados, pequeños comercios y productores agrícolas locales.

“Una interrupción en el SNAP no solo privaría de comida a millones de personas, sino que también desestabilizaría economías locales enteras”, explicó un experto en política alimentaria consultado por el medio.

En varios estados, los bancos de alimentos ya reportan un aumento en la demanda, anticipando posibles recortes o retrasos en la distribución de los beneficios federales.

Un dilema político y moral

El debate sobre el SNAP también refleja las divisiones ideológicas dentro del Congreso. Algunos legisladores conservadores han propuesto limitar el programa o endurecer los requisitos para acceder a los beneficios, mientras que sectores progresistas exigen aumentar el financiamiento y ampliar la cobertura, argumentando que la inseguridad alimentaria se ha agravado tras la pandemia y el alza de los precios de los alimentos.

La Casa Blanca ha evitado pronunciarse directamente sobre las demandas, pero funcionarios del USDA aseguran que están evaluando todas las opciones legales disponibles para proteger a los beneficiarios.

Decisiones inminentes y un clima de incertidumbre

Los fallos judiciales se esperan en los próximos días o semanas, y podrían determinar si el gobierno federal está obligado a utilizar fondos de emergencia o si el Congreso deberá aprobar una resolución presupuestaria urgente.

Si los jueces fallan a favor de los estados, el USDA tendría que recurrir a sus reservas para mantener los pagos de SNAP. Pero si fallan en contra, millones de beneficiarios podrían perder temporalmente la ayuda hasta que se aprueben nuevos fondos.

La incertidumbre ha generado alarma entre grupos comunitarios, funcionarios locales y beneficiarios. En redes sociales, varios usuarios han expresado su temor a que “la ayuda que mantiene a sus familias a flote” se vea interrumpida por disputas políticas en Washington.

El futuro del SNAP no solo se juega en los tribunales, sino también en el debate nacional sobre la equidad, la pobreza y la responsabilidad del Estado frente a sus ciudadanos más vulnerables. Lo que está en discusión no es solo un programa de asistencia, sino la capacidad del gobierno estadounidense de garantizar el derecho básico a la alimentación en tiempos de crisis fiscal y polarización política.