En distintas ciudades de Estados Unidos se están registrando detenciones de ciudadanos cubanos con estatus migratorio I-220A, incluso en circunstancias en las que han cumplido con todas sus obligaciones legales. Los casos recientes muestran un patrón que inquieta a la comunidad: arrestos en los tribunales justo después de audiencias, en oficinas de inmigración tras citas programadas e incluso a la salida del trabajo.
Uno de los ejemplos más impactantes es el de Rogelio Lázaro González Moya, arrestado en Miami el 12 de septiembre, poco después de que un juez desestimara su caso. Pese a esa decisión favorable, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo puso bajo custodia del. González tiene hasta el 15 de octubre para apelar, de lo contrario enfrentará deportación inmediata.
En su perfil de Facebook el periodista cubano Javier Díaz explicó que el antillano se encuentra detenido por ICE esperando que se defina su futuro, ya sea dentro o fuera de Estados Unidos.
«Hay gente buena, trabajadora y honesta que se está llevando la peor parte de estas medidas migratorias que aplica Estados Unidos. Sin embargo, lo más decepcionante es cómo otros latinos que también llegaron un día a este país y hasta cubanos se alegran de estas detenciones y piden que los deporten a todos por igual», lamentó el reportero.
Otros casos que reflejan un patrón
Lo ocurrido forma parte de un fenómeno más amplio. Cada vez son más los cubanos con I-220A detenidos en distintas ciudades, a pesar de tratarse en su mayoría de personas que trabajan, carecen de antecedentes penales y esperan definiciones en sus casos legales. El incremento de estos arrestos ha sembrado temor e incertidumbre en la comunidad migrante.
El pastor Michel Roque Armas, natural de Pinar del Río, fue detenido en San Antonio, Texas, cuando acudió a una cita rutinaria con ICE. Según su esposa no cuenta con antecedentes penales, lo que ha llevado a denunciar la arbitrariedad de la detención.
En Georgetown, Texas, el cubano Yasmani Guía Pablo, conductor de Lyft, también terminó preso. Las autoridades alegaron que manejaba intoxicado, pero su esposa niega esa versión y sostiene que fue víctima de discriminación racial. Actualmente enfrenta un proceso de deportación pese a que reside y trabaja legalmente con un I-220A.
En Phoenix, Arizona, una cubana con permiso laboral vigente terminó arrestada al salir de su empleo. Pasó un mes encarcelada y posteriormente la liberaron con un grillete electrónico, una medida que simboliza el limbo legal de cientos de migrantes en igual situación.
El I-220A: un permiso temporal, no un estatus seguro
El documento I-220A, conocido como “Orden de Liberación bajo Supervisión”, se otorga a muchos migrantes cubanos a su llegada a Estados Unidos. Les permite permanecer de forma temporal en el país mientras tramitan un estatus migratorio más estable, pero no equivale a asilo, residencia ni parole humanitario.
Abogados especializados explican que el I-220A coloca a los migrantes en una condición ambigua: legalmente presentes pero sin una garantía de permanencia a largo plazo. Esto los hace vulnerables a decisiones administrativas y políticas, que en muchos casos resultan en detenciones inesperadas y procesos de deportación.
Endurecimiento bajo la administración Trump
Los arrestos ocurren en el marco de un endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. Su gobierno ha priorizado la deportación de migrantes con procesos pendientes y ha reactivado prácticas de arresto en cortes y oficinas de inmigración, una estrategia que genera temor entre comunidades que tradicionalmente han visto en EE.UU. un refugio.
Organizaciones proinmigrantes denuncian que estas acciones crean un “efecto paralizante”: muchos cubanos temen asistir a sus audiencias o citas, lo que podría dejarlos en una situación aún más precaria al considerarse fugitivos por no presentarse.
Impacto social y emocional
Las detenciones no solo afectan a los migrantes, sino también a sus familias. Esposas, hijos y padres quedan en la incertidumbre, enfrentando separaciones traumáticas y la amenaza constante de perder a sus seres queridos. Además, en muchos casos los detenidos son el sostén económico de sus hogares, lo que agrava la vulnerabilidad financiera de las familias cubanas en EE.UU.
La comunidad ha respondido con manifestaciones en redes sociales y campañas de apoyo legal, pero aún existe un gran desconocimiento sobre los límites y riesgos del I-220A. Activistas señalan la necesidad urgente de que se establezcan reglas claras que brinden seguridad a quienes están en proceso de regularización.
Un drama en evolución
Con cientos de cubanos bajo este mismo estatus, la situación podría replicarse en más casos en los próximos meses. Cada detención alimenta la sensación de que el I-220A no protege realmente a quienes lo poseen, y que la permanencia en el país depende más del clima político que de un proceso justo.
El drama migratorio de los cubanos en Estados Unidos se intensifica, mostrando que la lucha no termina al cruzar la frontera o recibir un documento temporal, sino que continúa en un terreno incierto donde la política migratoria y la realidad familiar se entrelazan en un juego de supervivencia.
