Dos migrantes cubanos, Maikel Gallo Surera y Ernesto Martínez, denunciaron públicamente que agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) intentaron deportarlos hacia México tras trasladarlos desde un centro de detención en El Paso, Texas, hasta el cruce fronterizo de Ciudad Juárez.
Durante el trayecto en el que iban otros dos cubanos y un hondureño, ambos se comunicaron con medios hispanos para documentar en vivo lo que estaba ocurriendo, asegurando que las autoridades les notificaron sobre una “orden final de deportación” en su contra.
Una familia en riesgo de separación
El caso de Maikel Gallo, de especial sensibilidad en la comunidad, evidencia los efectos humanos de estas medidas. Gallo lleva más de veinte años en Estados Unidos, está casado con una ciudadana estadounidense y es padre de cuatro hijos nacidos en territorio norteamericano.
“No nos pueden bajar, no nos pueden bajar a la fuerza, yo soy preso político”, se oye decir a Gallo. “A mí de hijos no me pueden separar, me tienen que matar”, declaró entre lágrimas, reflejando el temor de miles de migrantes con familias mixtas que enfrentan procesos de deportación.
La separación familiar es uno de los puntos más polémicos en la política migratoria estadounidense, pues pone en tensión derechos constitucionales, compromisos internacionales y la estabilidad emocional de los menores involucrados.
Mientras narraba en directo su recorrido, el cubano habló con su mujer poco antes de alcanzar la frontera y no pudo contener las lágrimas al encontrarse con sus pequeños reflejándose más sensibilidad en el video.
Presión psicológica en la frontera
Según denunciaron, al llegar al cruce fronterizo en Ciudad Juárez, los oficiales estadounidenses ejercieron presión sobre ellos con frases como: “Esta es su última oportunidad de ser libres, si van a México pueden ser libres, si no seguirán detenidos con nosotros. O los podemos deportar a Cuba, El Salvador o África. Ustedes escogen”, dice uno de los agentes de inmigración.
La tensión se agravó cuando los agentes les retiraron los teléfonos en plena transmisión, cortando la comunicación y dejando en la incertidumbre a sus familiares y a la comunidad que seguía el caso en vivo.
Casos paralelos en la comunidad cubana
El caso de Gallo y Martínez no es un hecho atípico, en meses recientes, otros cubanos reportaron experiencias similares. Uno de ellos fue Ángel Luis Meléndez, deportado por ICE y entregado a las autoridades mexicanas, donde quedó en condición irregular.
Otra experiencia es la de Lisandra y Wilson, una pareja cubana que ahora sobrevive en México con recursos limitados, pero que agradece la “nueva oportunidad” de rehacer su vida. Estos testimonios reflejan un patrón de deportaciones indirectas que crece en paralelo al endurecimiento de los operativos de ICE.
Acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y México
El intento de traslado a México se sustenta en acuerdos bilaterales entre ambos países. Desde enero de 2025, México se comprometió a recibir a migrantes de origen cubano, nicaragüense, haitiano y hondureño que son expulsados por Estados Unidos, bajo la lógica de “tercer país seguro” de facto, aunque sin que exista un tratado formal en esos términos.
Este mecanismo ha sido cuestionado por organismos defensores de derechos humanos, ya que deja a miles de migrantes en una situación de limbo legal: sin un estatus definido en México, expuestos a la vulnerabilidad social, y sin acceso inmediato a vías de regularización.
La titular de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua, Zaira Carrasco Flores, aseguró que hay acuerdos bilaterales para la recepción de migrantes, sin ofrecer detalles sobre las cantidades.
Opciones legales y asesoría limitada
Juristas especializados en inmigración como la abogada mexicana Irene Pascual señalan que los afectados pueden apelar a varias vías de protección entre ellas la regularización por vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses., solicitudes humanitarias o de asilo en México.
También tienen la posibilidad de revalidar los documentos obtenidos durante el tránsito migratorio, así como recursos de última hora para frenar deportaciones en cortes migratorias. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los migrantes desconoce sus derechos, carece de asesoría legal adecuada y enfrenta procesos burocráticos prolongados.
Reacciones en la comunidad y debate político
El caso ha generado preocupación en la comunidad cubana de Estados Unidos, que denuncia un trato desigual hacia los migrantes de la isla en comparación con otros grupos. Líderes comunitarios y defensores de derechos migratorios advierten que las deportaciones hacia terceros países contradicen la promesa histórica de protección que ha tenido la diáspora cubana en EE. UU.
En el plano político, mientras la administración federal busca reducir la presión migratoria en la frontera sur con medidas rápidas, organizaciones humanitarias reclaman un enfoque más respetuoso de los compromisos internacionales en materia de refugio y asilo.
Una incertidumbre que se repite
La situación de Gallo y Martínez es un reflejo de la encrucijada que viven miles de migrantes cubanos en Estados Unidos: enfrentan la posibilidad de terminar deportados a México sin un estatus legal claro, la amenaza de separación familiar y la falta de garantías jurídicas en un proceso marcado por la urgencia política.
En medio de esta crisis, la comunidad cubana en el exilio vuelve a plantearse preguntas de fondo: ¿qué futuro tienen quienes llevan años en EE. UU. y han formado familias allí? ¿Qué papel deben jugar México y los acuerdos bilaterales en este proceso? Y, sobre todo, ¿quién protege los derechos fundamentales de los migrantes en tránsito?
