La Corte de Apelaciones del Primer Distrito de Florida declaró inconstitucional la prohibición estatal que impedía portar armas de fuego de manera visible en espacios públicos. El fallo, emitido este 11 de septiembre, se ampara en la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho de los ciudadanos a poseer y portar armas, y en la tradición histórica de la regulación armamentista en el país.
Con esta decisión, Florida se suma al bloque mayoritario de estados que permiten el porte abierto, marcando un viraje en su marco legal y alimentando un debate nacional sobre seguridad pública, libertades individuales y violencia armada.
El caso McDaniels: origen de la controversia
La sentencia se deriva del arresto de Stanley Victor McDaniels, ocurrido en 2022 en Pensacola. McDaniels fue detenido tras transmitir en vivo en redes sociales mientras caminaba con una pistola visible en la cintura. Su defensa alegó que la ley violaba derechos constitucionales, y la Corte coincidió, sentando un precedente que desmantela décadas de prohibición en el estado.
El fallo no solo benefició a McDaniels, sino que abrió un nuevo escenario jurídico donde los ciudadanos ya no podrán ser procesados penalmente por portar armas a la vista.
Reacciones de autoridades y líderes políticos
La decisión fue celebrada por las principales figuras republicanas en Florida. El fiscal general James Uthmeier subrayó que “el derecho a la defensa personal es indispensable para la libertad de los ciudadanos”.
El gobernador Ron DeSantis, firme defensor de la ampliación de derechos vinculados a las armas destacó que había pedido al legislativo aprobar una ley que formalizara el porte abierto y recordó que su administración ya había impulsado incentivos fiscales para la compra de armas, incluyendo una exención de impuestos para pistolas y municiones.
Sin embargo, el panorama no es uniforme: la propuesta legislativa está estancada en el Senado estatal, donde su presidente, Ben Albritton, y la Asociación de Alguaciles de Florida expresaron reservas. Estos últimos temen que la medida incremente los riesgos para las fuerzas del orden y complique la seguridad en lugares públicos.
Contexto: Florida y el derecho a portar armas
Florida ha experimentado en los últimos años un giro hacia la flexibilización de su legislación armamentista. En 2023 la Cámara de Representantes del estado dio luz verde al proyecto de ley HB 543 que elimina la necesidad de licencia y entrenamiento para portar armas ocultas, uniéndose a la tendencia del “constitutional carry” (porte constitucional), vigente en más de 25 estados.
Aun así, 2.4 millones de residentes en Florida mantienen licencias para portar armas ocultas, lo que refleja una coexistencia entre el marco legal formal y prácticas de responsabilidad personal, Miami-Dade, por ejemplo, cuenta con más de 186 mil registros activos de acuerdo con el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor. Al mismo tiempo, los cursos de seguridad con armas han disminuido, lo que preocupa a sectores que abogan por una cultura de portación responsable.
De acuerdo con cifras citadas por Florida Politics, la reducción del 64 % en las peticiones de permisos que incluyen capacitación ha encendido las alarmas, ante el temor de que menos formación derive en un repunte de incidentes con armas de fuego.
Comparación con otros estados
Antes de este fallo, Florida figuraba entre los pocos estados con restricciones casi absolutas al porte abierto, junto con California, Connecticut e Illinois. Tras la decisión, se alinea con una mayoría que permite a los ciudadanos exhibir armas en público, lo que podría presionar a otros estados con regulaciones estrictas a revisar sus políticas.
En estados como Texas o Arizona, donde el porte abierto ya está normalizado, los defensores señalan que la medida funciona como disuasión contra la delincuencia. En cambio, los críticos advierten que genera más riesgos de violencia impulsiva en espacios cotidianos, desde parques hasta centros comerciales.
Implicaciones sociales y de seguridad
El fallo podría transformar la vida pública en Florida: ciudadanos portando armas de forma visible en calles, playas o centros urbanos. Para los defensores, esto refuerza el derecho a la autodefensa y la libertad individual. Para los opositores, supone un desafío directo a la seguridad, en un estado que ya registra altos niveles de violencia armada y donde las tensiones sociales pueden escalar rápidamente en presencia de armas.
Además, el cambio plantea interrogantes para el turismo, uno de los motores económicos de Florida. Sectores empresariales temen que la imagen de visitantes cruzándose con civiles armados en lugares concurridos pueda impactar negativamente la percepción del estado como destino seguro.
Un laboratorio para el debate nacional
La decisión coloca a Florida como un laboratorio político y social dentro del debate más amplio sobre el control de armas en Estados Unidos. Mientras la Corte Suprema federal ha ratificado en los últimos años una interpretación expansiva de la Segunda Enmienda, los estados siguen siendo los escenarios donde se definen los límites prácticos de ese derecho.
El fallo en Florida, respaldado por la administración DeSantis, podría inspirar demandas similares en otras jurisdicciones con restricciones. A la vez, podría intensificar los esfuerzos de organizaciones que buscan regular más estrictamente la posesión de armas, en un país donde cada año se registran más de 40.000 muertes relacionadas con armas de fuego.
