Fernando Fuertes Muñoz, un cubano de 33 años, permanece detenido en el Centro de Detención del Condado de Glades desde el 4 de agosto, después de que un juez desestimara su solicitud de asilo y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) decidieran que no tiene un “miedo creíble” de regresar a Cuba. Mientras tanto, su familia en La Habana busca apoyo económico para contratar un abogado que pueda revertir la situación.
Según explicó su hermana Milena Fuertes Muñoz, en conversación desde La Habana con CiberCuba, Fernando tuvo que enfrentar la entrevista de miedo creíble, pero el oficial de ICE que lo evaluó decidió rechazarla. No obstante, al día siguiente, su defensa presentó un recurso para que se revise la decisión. Aún permanecen a la espera de una respuesta.
Agregó que su familiar salió huyendo de Cuba por presentar problemas con el régimen y ahora está expuesto a que cuando lo deporten enfrenta sanciones penales por ello. Según explica su hermano salió rumbo a Nicaragua en 2022 y logró ingresar a Estados Unidos con formulario I-220A, al momento de su detención se desempeñaba como soldador.
¿Qué es la I-220A y por qué complica a tantos cubanos?
El formulario I‑220A es una orden de libertad bajo palabra emitida a personas detenidas que luego fueron liberadas por ICE mientras esperan su proceso migratorio. Este documento obliga al beneficiario a cumplir una serie de condiciones, como presentarse a citas (“check‑ins”) y audiencias con ICE y con la corte de inmigración.
A diferencia del parole humanitario, que permite el acceso a la Ley de Ajuste Cubano (CAA) y facilita la residencia permanente, la I‑220A no confiere estatus legal ni elegibilidad para ajuste migratorio bajo esta ley.
Sin embargo, un fallo reciente de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), emitido el 15 de mayo de 2025, reconoció que algunas liberaciones bajo I‑220A podrían equipararse a una admisión bajo sección 235(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Esto podría abrir vías legales para que estas personas soliciten parole y eventualmente acceder a la residencia permanente bajo la CAA.
La decisión final está cada vez más cerca, aunque el reloj corre en contra de Fernando Fuentes. Por eso, su hermana hizo un ruego desesperado de ayuda, afirmando en el video: “No importa si es un peso, todo lo vamos a agradecer por igual”.
Contexto más amplio: ataques migratorios y pérdida de privilegios históricos
En Florida y otras regiones, una ofensiva migratoria liderada por ICE —que incluye arrestos incluso frente a cortes de inmigración— ha encendido el pánico entre comunidades hispanas, incluidas personas con I‑220A, que hasta ahora no habían sido foco directo de deportación.
Por otro lado, la nueva administración ha puesto fin a décadas de privilegios migratorios específicos para cubanos. Más de 550.000 migrantes cubanos que llegaron entre 2021 y 2024, la mayoría con documentos como I‑220A, enfrentan ahora un “limbo migratorio”, sin acceso claro a la ciudadanía o residencia legal mediante la CAA.
Esta erosión del histórico trato especial hacia la comunidad cubana comenzó con el fin de la política “pies secos, pies mojados” y se consolidó durante los gobiernos recientes, reduciendo significativamente sus opciones migratorias especiales.
¿Cuáles son las vías legales disponibles?
- Parole humanitario o fallo favorable. Si la liberación bajo I‑220A fuera reconocida como equivalente a una admisión, Fernando podría solicitar parole y posiblemente ajustar su estatus migratorio bajo la CAA.
- Asilo bien fundamentado. La defensa busca demostrar un “miedo creíble” de persecución política en Cuba —un argumento clave legalmente y presentado desde La Habana por su hermana Milena, quien asegura que Fernando abandonó el país por conflictos con el régimen.
- Petición familiar o laboral. Aunque menos común, existen alternativas como peticiones bajo familiares o empleo, con tiempos de espera significativos (varios años) para la residencia permanente.
- Demanda colectiva. La oficina Legal en USA está preparando una demanda colectiva (“class action”) para que autoridades reconozcan la I‑220A como una forma de admisión válida y permitan ajustar estatus conforme a la CAA.
- Propuesta legislativa. La reciente “Ley Dignidad”, presentada por las congresistas María Elvira Salazar y Verónica Escobar, contempla caminos humanitarios para legalizar ciertos migrantes presentes más de cinco años, aunque sin acceso a ciudadanía o programas federales
Entre la desesperanza y la acción legal
El caso de Fernando no es aislado. La combinación de documentos migratorios limitados como la I‑220A, el endurecimiento de políticas migratorias, y el deterioro del acceso a la CAA han sumido a muchos cubanos en una situación de precariedad jurídica. En palabras de la socióloga Elaine Acosta, lo que antes era un privilegio histórico para cubanos ahora se iguala con las condiciones enfrentadas por otros migrantes latinoamericanos.
Su familia, desde La Habana, está movilizando apoyo mediante recaudación de fondos para contratar una defensa legal especializada que pueda revertir la negación del «miedo creíble» e ingresar los recursos necesarios ante las autoridades migratorias.
El caso de Fernando Fuertes Muñoz refleja la colisión entre un sistema migratorio cada vez más restrictivo y la resistencia de las familias frente a decisiones legales adversas. En un ambiente donde el estatus I-220A ya no garantiza protección ni acceso a la CAA, la lucha legal, social y legislativa se vuelve clave. Mientras tanto, muchos permanecen en espera, atrapados en un limbo sin salida clara.
