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Una nueva medida impulsada por la administración del presidente Donald Trump podría dejar sin parte de sus ingresos a casi 400,000 beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), un programa federal que desde hace más de cinco décadas ha servido como salvavidas económico para las personas más vulnerables de Estados Unidos.
La propuesta ha despertado críticas de defensores de los derechos de las personas mayores, discapacitadas y de bajos recursos, quienes advierten que el cambio no solo recortará prestaciones, sino que profundizará la pobreza y la inseguridad alimentaria.
Entre los más golpeados por la medida se encuentran adultos mayores con recursos escasos, personas con discapacidades profundas —incluidos niños— y ciudadanos con pérdida total de la visión. Para muchos de ellos, ese cheque mensual representa la única vía para asegurar un techo, llevar comida a la mesa, vestirse con lo indispensable o acceder a los medicamentos que les permiten sobrellevar su día a día.
“Casi 400,000 beneficiarios del SSI que viven con familiares o amigos que atraviesan sus propios problemas financieros probablemente verían recortadas sus prestaciones -normalmente en cientos de dólares al mes- o perderían por completo su elegibilidad», dice un informe del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP).
Nearly 400,000 low-income older adults and disabled people could lose or see cuts to critical SSI benefits under a rule the Trump Administration is preparing to propose. Policymakers should protect access, not add new barriers. https://t.co/DOgGPisc0H
El SSI fue creado en 1972 para proporcionar ayuda económica a personas de bajos ingresos que son mayores de 65 años, tienen discapacidades graves o son ciegas. Estos pagos, que promedian unos 943 dólares al mes para un individuo, son utilizados para costear lo más básico: el alquiler, la comida, la ropa y medicamentos. En muchos casos, este ingreso representa la única fuente de sustento. Por ello, expertos señalan que cualquier recorte puede tener un impacto inmediato y devastador.
Los más afectados: quienes comparten vivienda
El Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) advierte que la nueva normativa afectará con especial dureza a las personas que viven con familiares o amigos que también atraviesan dificultades económicas, por ejemplo, adultos mayores sin recursos suficientes para mantener una vivienda independiente, que optan por residir con hijos, nietos o hermanos a fin de repartir y reducir los gastos del hogar.
Asimismo, perjudica a personas adultas con discapacidades físicas o intelectuales que requieren atención y asistencia cotidiana, brindada principalmente por sus familiares y en tercer lugar a niños y adolescentes menores de 18 años con alguna discapacidad, cuyos padres son beneficiarios del programa SNAP y cuyos ingresos podrían ser contabilizados parcialmente para disminuir el pago mensual destinado al menor.
El cambio contempla reducciones de cientos de dólares mensuales para quienes comparten hogar, argumentando que el gasto de vida se distribuye entre más personas. Sin embargo, organizaciones sociales sostienen que esta lógica ignora la realidad de miles de hogares donde varios miembros dependen de ayudas públicas para sobrevivir.
De acuerdo con estimaciones del CBPP, la aprobación de esta norma afectaría a más de 275,000 beneficiarios, que verían reducido su pago mensual, y dejaría sin ese ingreso vital a unas 100,000 personas.
El papel de SNAP y la reforma de 2024
El origen de esta nueva política se remonta a octubre de 2024, cuando la Administración del Seguro Social (SSA) modificó la manera en que se calculan los pagos del SSI. Desde entonces, los beneficios del programa de cupones de alimentos SNAP se incluyen como parte de la “asistencia pública” que se considera al evaluar los ingresos del beneficiario.
Esto significa que, si una persona con SSI vive con alguien que recibe SNAP, el valor de esa ayuda alimentaria se deduce de su cheque mensual, incluso si ambos tienen recursos muy limitados. Antes de este cambio, SNAP no se contabilizaba, lo que permitía a muchos hogares recibir el pago íntegro del SSI.
“Eso permite que más personas cualifiquen al SSI y, en algunos casos, que su pago del SSI sea mayor», destaca CCBP.
Críticas y advertencias
Defensores de derechos sociales sostienen que esta modificación es una penalización indirecta a la vida en familia o en comunidad, una estrategia común para reducir gastos en vivienda y cuidados. “Esta medida castiga la solidaridad”, denuncia un portavoz del CBPP, “y empuja a muchas personas a vivir solas para no perder el beneficio, lo que puede ser incluso más costoso para el sistema público a largo plazo”.
Entre los riesgos más señalados están:
Aumento de la inseguridad alimentaria: al reducirse simultáneamente el SSI y contar con menos fondos para comprar alimentos.
Riesgo de desalojo: al disminuir la capacidad de pagar alquileres en un mercado inmobiliario ya elevado.
Impacto en la salud: menos dinero disponible para medicamentos y atención médica.
Testimonios de incertidumbre
En Florida, uno de los estados con mayor costo habitacional y una amplia población inscrita en el programa SNAP, se calcula que alrededor de 30,800 beneficiarios del SSI resultarían impactados por la medida.
En numerosos casos, son personas que dependen de hogares multigeneracionales como estrategia para afrontar el peso de los elevados alquileres y el creciente costo de vida. Tal es el caso de María González, de 72 años y con discapacidad visual, teme que el recorte la obligue a abandonar el apartamento que comparte con su hermana. “Entre las dos juntamos lo justo para pagar la renta y comer. Si me quitan parte del cheque, no sé cómo vamos a seguir”, relató. Historias como la suya se repiten en comunidades latinas, afroamericanas y rurales, donde el SSI es una herramienta esencial contra la pobreza extrema.
El CBPP alerta que la modificación traería consigo una mayor carga burocrática y un aumento en el margen de error. Los beneficiarios tendrían que informar de forma continua su situación habitacional, especificar quién cubre cada gasto del hogar y reportar de inmediato cualquier cambio en la composición familiar.
Este procedimiento añadiría presión a una Administración del Seguro Social ya afectada por la escasez de personal, lo que podría derivar en errores que se traduzcan en pagos indebidos o en montos inferiores a los que corresponden.
Asimismo, existe el riesgo de que desincentive a las familias a brindar alojamiento o cuidados a sus parientes, por temor a que ello repercuta negativamente en sus beneficios, aumentando así las probabilidades de que estas personas terminen en instituciones.
Justificación del Gobierno
La Casa Blanca defiende la medida argumentando que busca “mejorar la eficiencia” del programa y “evitar pagos excesivos a quienes comparten gastos de vida”. Sin embargo, no ha presentado un plan complementario para compensar a quienes quedarán desprotegidos.
Organizaciones civiles y algunos legisladores ya preparan demandas y proyectos de ley para frenar la implementación, alegando que se trata de un ataque directo a la red de seguridad social construida durante décadas.
Un debate que recién comienza
El futuro del SSI bajo esta administración sigue siendo incierto. Mientras defensores y opositores se preparan para una batalla legal y política, los beneficiarios aguardan con ansiedad la fecha de entrada en vigor de la medida, temiendo que su ya frágil estabilidad económica se derrumbe.
Lo que está en juego, advierten expertos, no son simples cifras presupuestarias, sino la dignidad y supervivencia de cientos de miles de estadounidenses que dependen de este programa para vivir.
