Una demanda federal presentada en Estados Unidos busca frenar lo que defensores de los derechos de los inmigrantes califican como una de las acciones más amplias y abruptas contra el parole humanitario en la historia reciente del país.
La Asociación Venezolana de Massachusetts y tres ciudadanos de Cuba, Haití y Venezuela presentaron la querella que impugna la decisión de la administración Trump de revocar de forma masiva el estatus legal temporal a cientos de miles de migrantes que ingresaron legalmente bajo programas creados en la era Biden, a través de la aplicación CBP One.
De la promesa humanitaria al riesgo de deportación
El parole humanitario ha sido, durante décadas, una herramienta que permite al gobierno autorizar la entrada temporal a personas que enfrentan situaciones excepcionales, ya sea por persecución política, crisis humanitaria o desastres naturales. Durante el gobierno de Joe Biden, esta figura cobró un nuevo protagonismo con la implementación del programa CHNV, diseñado para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes podían solicitar su entrada a través de la aplicación móvil CBP One y recibir autorización para vivir y trabajar legalmente mientras se procesaban sus casos.
Entre 2023 y 2024, decenas de miles de personas ingresaron con esta vía, muchas de ellas huyendo de regímenes autoritarios, violencia de pandillas o colapsos económicos. Los beneficiarios tenían citas programadas, pasaban controles de seguridad y contaban con permisos de trabajo que en muchos casos eran la base de su sustento y de la integración de sus familias en comunidades estadounidenses.
Cambio de política y polémica
A inicios de 2025, con el cambio de administración, el gobierno de Donald Trump adoptó una postura radicalmente distinta. Alegando que el programa CHNV y el uso de CBP One fomentaban un “flujo descontrolado” de migrantes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a enviar notificaciones de revocación de parole a cientos de miles de beneficiarios para que abandonaran el territorio estadounidense.
Los avisos —en muchos casos enviados por correo electrónico— ordenaban a los migrantes abandonar el país en un plazo breve, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, serían arrestados y deportados. Entre los casos documentados, se han reportado errores graves: ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes recibieron la orden por equivocación, e incluso abogados de inmigración fueron notificados erróneamente.
La demanda: defensa del debido proceso
Frente a esta ola de revocaciones, organizaciones defensoras de migrantes y varios de los afectados presentaron una demanda federal argumentando que la medida viola el derecho constitucional al debido proceso. El documento legal sostiene que:
- Las revocaciones se están aplicando de manera masiva, sin evaluaciones individuales.
- No se brinda a los migrantes la oportunidad de exponer su situación ante un juez de inmigración.
- La falta de notificación clara y precisa vulnera principios básicos de justicia administrativa.
Según los demandantes, la política impulsada bajo la administración Trump contraviene la normativa federal, que estipula que debe evaluarse cada caso de manera individual para determinar si el objetivo de la libertad condicional ha sido alcanzado antes de darla por concluida.
A su juicio, esta práctica desatiende las garantías legales de los no ciudadanos y trastoca de forma significativa su día a día, ocasionándoles la pérdida de sus fuentes de ingresos y de sus hogares, restringiendo su acceso a la atención médica y colocándolos en una situación de mayor vulnerabilidad frente a una posible deportación.
Escenario judicial dividido
El conflicto ya ha llegado a las más altas instancias judiciales.
- Mayo de 2025: una Corte Federal de Apelaciones rechazó la solicitud del gobierno de revocar el estatus legal de alrededor de 400 000 migrantes sin revisión individual, respaldando el criterio de que cada caso debía analizarse por separado.
- Finales de mayo de 2025: la Corte Suprema emitió un fallo provisional que permite al gobierno continuar con la revocación del parole para aproximadamente 530 000 beneficiarios del programa CHNV mientras se resuelve la disputa de fondo.
Este panorama ha creado un escenario de incertidumbre, donde algunos migrantes aún mantienen su estatus protegido gracias a medidas cautelares, mientras otros ya han recibido órdenes firmes de salida.
Impacto social y humano
La medida golpea especialmente a comunidades de exiliados y solicitantes de asilo que habían logrado cierta estabilidad. Muchos beneficiarios del parole han firmado contratos de trabajo, inscrito a sus hijos en escuelas y arrendado viviendas. La posibilidad de una deportación inminente no solo amenaza su permanencia, sino que también desestabiliza a las ciudades y condados donde se habían asentado.
El recurso legal busca detener y revertir las terminaciones laborales y la anulación de permisos de trabajo, así como restablecer el estatus migratorio y todos los beneficios asociados, manteniéndolos vigentes hasta que concluya el plazo inicial establecido para la libertad condicional.
En ciudades como Miami, Houston y Nueva York, líderes comunitarios han advertido que la revocación masiva podría generar un “vacío social” y alimentar el temor en barrios con alta concentración de migrantes.
María González, una abogada de inmigración en Florida que representa a varios afectados, asegura que “la gente está en shock; llegaron siguiendo las reglas, con permisos aprobados por el propio gobierno, y ahora les dicen que todo eso ya no vale”.
Repercusiones políticas
Este caso también se ha convertido en un punto de fricción en el debate nacional sobre inmigración. Para la administración Trump, la medida es una forma de “restaurar el control” en la frontera y evitar que el parole se utilice como un atajo al asilo. Para los defensores de derechos humanos, se trata de una “purga migratoria” que erosiona la confianza en el sistema legal y desincentiva el uso de canales seguros.
En el Congreso, legisladores demócratas han pedido audiencias para investigar los errores en el envío de notificaciones, mientras que algunos republicanos han celebrado la medida como una victoria para “la seguridad y la soberanía”.
Lo que viene
El futuro del parole humanitario y de los beneficiarios del programa CHNV dependerá en gran parte de la resolución de esta demanda y de otros litigios similares en curso. Expertos en derecho migratorio advierten que el fallo final podría sentar un precedente duradero sobre el alcance de las facultades del Ejecutivo en materia migratoria.
Mientras tanto, para miles de familias, cada día que pasa significa vivir con la maleta lista, sin saber si mañana podrán seguir trabajando, pagando su renta o enviando a sus hijos a la escuela.
