La Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida ha confirmado esta semana que el gobierno municipal de Miami no tiene la facultad de modificar por sí solo la fecha de sus elecciones. En un fallo categórico, el tribunal ratificó que cualquier cambio en el calendario electoral debe contar con la aprobación de los votantes a través de un referéndum, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica de la ciudad y del Condado Miami-Dade.
«Sostenemos que la Ciudad no puede promulgar una ordenanza que en efecto modifique su Carta Orgánica sin someter el asunto a la voluntad y voto de sus constituyentes mediante referéndum, como lo requieren tanto la Carta Orgánica de la Ciudad como la del Condado de Miami-Dade. Por lo tanto, como declaró correctamente el tribunal de primera instancia, la Ordenanza es inconstitucional”, advierte el fallo del tribunal.
La decisión judicial representa un duro revés para el grupo de comisionados que, en junio de este año, aprobó —con una votación dividida de tres contra dos— una ordenanza para posponer las elecciones municipales de noviembre de 2025 hasta noviembre de 2026. La medida, que habría tenido como consecuencia directa la extensión de los mandatos de varios funcionarios electos, incluyendo al actual alcalde Francis Suárez, generó amplias críticas por parte de la ciudadanía, expertos legales y figuras políticas de la propia ciudad.
Un cambio inconstitucional
El fallo de la corte de apelaciones respalda la resolución previa de un juez de circuito del condado, quien el pasado 21 de julio declaró inconstitucional la ordenanza. La demanda fue interpuesta por el actual comisionado Joe Carollo y el candidato a la alcaldía Emilio González, quienes argumentaron que el cambio representaba una violación directa al derecho del electorado de elegir a sus representantes en los plazos previamente fijados por la ley.
Los demandantes denunciaron que la ordenanza aprobada por el Concejo pretendía extender los periodos en el poder de los actuales funcionarios sin el consentimiento de los votantes, un acto que consideraron antidemocrático. “Es un intento de manipular el proceso electoral para beneficio personal”, afirmó González tras la resolución.
La corte coincidió con ese argumento y determinó que la modificación del calendario electoral constituye una alteración sustancial de la Carta Orgánica de Miami, que no puede ser ejecutada sin someterse a la voluntad popular. El tribunal dejó claro que los gobiernos municipales están obligados a respetar los procedimientos establecidos para reformas de esta naturaleza, que incluyen necesariamente un referéndum.
“La autoridad exclusiva en virtud de la Constitución de Florida y la Carta de Miami-Dade requiere un referéndum para que la ciudad de Miami modifique su Carta y cambie la fecha de sus elecciones”, destacó la jueza el pasado 21 de julio.
La controversia política
Los comisionados que apoyaron la medida defendieron su decisión bajo el argumento de que las elecciones en años pares, como 2026, tienden a tener una mayor participación del electorado y representan un ahorro económico para la ciudad al coincidir con comicios estatales y federales. No obstante, la oposición sostuvo que esas justificaciones no pueden ser utilizadas para extender sin votación los mandatos de quienes hoy ocupan cargos públicos.
“Los ciudadanos deben tener la última palabra sobre cambios tan importantes como el momento en que ejercen su derecho al voto”, declaró el abogado de los demandantes. “El fallo reafirma un principio básico de la democracia: los elegidos no pueden decidir cuándo serán reelegidos sin pasar por las urnas.”
En contraste, Damián Pardo quien es uno de los defensores de la propuesta de pasar las elecciones para el próximo año arremetió contra la decisión judicial. «La ciudad apelará la decisión judicial de hoy, y esperaré para comentar una vez que el asunto se resuelva por completo», afirmó.
Implicaciones futuras
Aunque la ciudad aún podría intentar recurrir la decisión o buscar alternativas legales, lo cierto es que el fallo del tribunal establece un precedente claro y contundente: ningún órgano legislativo local puede alterar el calendario electoral de manera unilateral, sin el respaldo explícito de los votantes.
Con esta resolución, las elecciones municipales de Miami seguirán programadas para noviembre de 2025, como estaba originalmente previsto. La única vía posible para modificar esa fecha en el futuro será convocar un referéndum ciudadano, lo cual requeriría un proceso más amplio de consulta pública y aprobación legal.
Además de resolver la controversia local, el caso podría influir en otras ciudades de Florida y del país que consideren medidas similares. Expertos en derecho constitucional destacan que este tipo de decisiones fortalecen los mecanismos de control sobre los poderes locales y protegen los derechos electorales de los ciudadanos frente a intentos de manipulación institucional.
La sentencia representa, en última instancia, una victoria para la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder público. Como expresaron algunos analistas políticos, “el mensaje del tribunal es claro: la democracia no se puede aplazar por conveniencia política”.
En respuesta la ciudad de Miami presentó oficialmente un recurso de apelación ante el Tercer Distrito de Apelaciones con el objetivo de revertir un fallo judicial que bloquea su intento de extender un periodo administrativo hasta el año 2026. La medida refleja un nuevo capítulo en una creciente disputa entre las autoridades municipales y el sistema judicial sobre los límites del poder local para modificar calendarios institucionales.
Según la argumentación municipal, la extensión del periodo permitiría consolidar proyectos en marcha y asegurar estabilidad institucional en una etapa crítica para el desarrollo local. Sin embargo, los críticos sostienen que la maniobra puede interpretarse como una forma de evitar la supervisión democrática y alterar el equilibrio de poder previsto por la ley.
La apelación será ahora evaluada por el Tercer Distrito de Apelaciones, instancia que deberá decidir si la ciudad actuó dentro de los márgenes legales o si, por el contrario, incurrió en un exceso de autoridad. Este caso podría sentar un precedente para otras jurisdicciones que busquen modificar plazos administrativos o electorales sin pasar por mecanismos de consulta popular o legislativa. El fallo final marcará no solo el rumbo político inmediato de la ciudad, sino también el alcance del poder local frente a los controles del sistema judicial.
“Miami no debería celebrar elecciones cuando tan poca gente vota. Es costoso, obsoleto y genera resultados que no reflejan a la ciudad. Las elecciones en años pares permiten mayor participación y gobiernos más fuertes», dijo el alcalde de Miami, Francis Suarez quien también defiende el aplazamiento de las elecciones.
