El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, ha confirmado un cambio drástico en la estrategia migratoria de la agencia, advirtiendo que todos los inmigrantes que se encuentren en Estados Unidos sin autorización legal serán arrestados, sin importar si tienen o no antecedentes penales. Esta nueva política marca un retorno a los operativos masivos de la era Trump y promete amplias repercusiones sociales, políticas y legales.
Durante una entrevista reciente, Lyons explicó que ICE “ha abierto completamente la ventana” para que sus agentes actúen sin restricciones. «Lo que es, de nuevo, frustrante para mí es el hecho de que nos encantaría centrarnos en estos extranjeros criminales que están dentro de una cárcel. Una agencia policial local, una agencia estatal ya consideró a esa persona una amenaza para la seguridad pública y la arrestó y está detenida», aseguró en una entrevista a Face the Nation with Margaret Brennan. Aunque dijo que se dará prioridad a aquellos con antecedentes criminales graves, dejó claro que los arrestos colaterales —que incluyen a inmigrantes sin historial delictivo— serán inevitables y se permitirán como parte de operativos más amplios.
Un cambio con respaldo político y presupuesto reforzado
Este endurecimiento en las operaciones de ICE coincide con un clima político cada vez más hostil hacia los inmigrantes, alimentado por los discursos del expresidente Donald Trump, quien ha prometido una “operación de deportación a gran escala” si regresa al poder en 2025. Bajo su influencia, el Congreso aprobó un presupuesto sin precedentes para ICE: más de 28.000 millones de dólares, comparado con los cerca de 8.000 millones durante los primeros años de la administración Biden.
Con estos recursos, ICE está ampliando su presencia en todo el país, incluyendo zonas tradicionalmente menos afectadas por redadas migratorias. Los agentes tienen ahora más autonomía, apoyo logístico y herramientas legales para detener a personas en escuelas, hospitales, lugares de trabajo y espacios públicos, incluso sin órdenes judiciales previas.
Lyons afirmó que, con la nueva asignación de fondos, “es posible” alcanzar la meta del gobierno de realizar un millón de deportaciones en un año. De acuerdo con datos internos del gobierno obtenidos por CBS News, ICE ha efectuado cerca de 150.000 deportaciones durante los primeros seis meses de Trump en la presidencia.
Entre el 1 de enero y el 24 de junio, ICE expulsó a aproximadamente 70,000 personas con antecedentes penales; sin embargo, muchos de los delitos registrados estaban relacionados con infracciones migratorias o de tránsito, según información obtenida por CBS News.
Una política clave que ICE ha retomado durante el segundo mandato de Trump es la eliminación de la moratoria impuesta en la era Biden sobre las redadas masivas en lugares de trabajo.
En las últimas semanas, las autoridades migratorias federales han detenido a cientos de presuntos trabajadores indocumentados en diversos operativos, incluyendo una planta procesadora de carne en Nebraska, un hipódromo en Luisiana y plantaciones de cannabis en el sur de California. En estas últimas, más de 300 inmigrantes fueron arrestados, entre ellos 10 menores de edad.
«No solo nos enfocamos en esas personas que trabajan aquí ilegalmente, sino que también nos enfocamos en estas empresas estadounidenses que realmente están explotando a estos trabajadores, a estas personas que vinieron aquí en busca de una vida mejor», dijo Lyons.
Frente a la preocupación del sector empresarial por los efectos negativos de esta ofensiva en sus operaciones, ICE ordenó en junio la suspensión temporal de las redadas en granjas, hoteles y restaurantes. Sin embargo, dicha medida solo estuvo vigente por unos pocos días. Posteriormente, el presidente ha mencionado la posibilidad de otorgar una especie de “pase” a los agricultores que emplean a personas sin estatus legal, aunque su gobierno no ha ofrecido detalles concretos sobre cómo se implementaría esta propuesta.
Las ciudades santuario en la mira
Lyons también criticó duramente a las llamadas “ciudades santuario”, aquellas que limitan la cooperación de sus agencias locales con ICE. Según el funcionario, estas jurisdicciones están “forzando” a la agencia federal a llevar a cabo operativos en las comunidades, en lugar de simplemente recoger a los inmigrantes en las cárceles locales. Esto, advirtió, incrementará la presencia visible de ICE en las calles y barrios, y podría elevar la tensión social en diversas regiones.
Reacciones y críticas generalizadas
La nueva política ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos civiles, abogados de inmigración, iglesias, sindicatos y gobiernos locales. Muchos temen que el enfoque represente un regreso a las políticas de deportación masiva de la década pasada, que resultaron en miles de familias separadas, niños detenidos, y deportaciones de personas con décadas de vida en EE.UU., sin historial criminal.
Activistas advierten también que este tipo de medidas abre la puerta a detenciones injustificadas, perfiles raciales y errores graves, como los ya documentados casos de ciudadanos estadounidenses arrestados por error y puestos en proceso de deportación. Además, alertan sobre el impacto económico negativo en sectores clave como la agricultura, la construcción y los servicios, que dependen en gran parte de la fuerza laboral migrante.
El efecto en la comunidad migrante
El anuncio ya ha generado un clima de miedo e incertidumbre en muchas comunidades inmigrantes. En ciudades como Houston, Los Ángeles, Chicago o Miami, se reporta una disminución en la asistencia a escuelas, hospitales y actividades comunitarias por temor a encuentros con agentes de ICE. Abogados de inmigración han visto un aumento en las consultas sobre derechos, alternativas legales y protección ante detenciones inesperadas.
Los centros de detención también se están expandiendo para acoger a más detenidos, muchos de los cuales podrían enfrentar procesos de deportación acelerados bajo las nuevas directrices. Además, la reciente política del Departamento de Seguridad Nacional permite expulsiones en menos de seis horas en casos determinados, lo que agrava aún más la situación de quienes son arrestados.
Una batalla legal y moral en desarrollo
Diversos grupos ya se preparan para impugnar esta política ante las cortes. Argumentan que contradice principios constitucionales de debido proceso, vulnera tratados internacionales y puede generar una crisis humanitaria. Paralelamente, algunos congresistas han pedido supervisión legislativa sobre las nuevas prácticas de ICE, temiendo abusos de poder.
Mientras tanto, desde la agencia federal insisten en que están “cumpliendo la ley” y respondiendo a un mandato popular que exige control migratorio más estricto. Todd Lyons concluyó su mensaje con una advertencia: “Estar en el país ilegalmente es una violación de la ley. Y nosotros haremos cumplir esa ley”.
Con esta política de “tolerancia cero”, ICE redefine el mapa migratorio de Estados Unidos y anuncia una nueva etapa de confrontación, no solo con los inmigrantes, sino también con gobiernos locales, defensores de derechos humanos y amplios sectores de la sociedad civil. Las próximas semanas serán clave para observar su alcance real y las reacciones que desatará dentro y fuera del país.
