
La Corte de Inmigración de Miami negó esta semana la solicitud de asilo político presentada por el activista cubano Joel Pérez, de 44 años, quien argumentaba haber sido víctima de persecución sistemática por parte del régimen castrista. La decisión, emitida durante una audiencia celebrada el martes 15 de julio, ha desatado preocupación entre defensores de derechos humanos y miembros de la comunidad exiliada cubana en Estados Unidos, al considerar que este fallo podría establecer un precedente negativo para decenas de casos similares.
Joel Pérez, natural de Villa Clara, es un opositor con antecedentes de militancia en el Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, una organización disidente que agrupa a activistas de diversas regiones del país. Según su testimonio, desde el año 2010 fue objeto de hostigamiento, múltiples detenciones arbitrarias, acoso domiciliario, vigilancia constante e incluso un secuestro a manos de agentes de la Seguridad del Estado. Pérez logró salir de Cuba y cruzar la frontera sur de Estados Unidos en 2023, obteniendo libertad condicional migratoria mediante el formulario I-220A, un documento que ha sido objeto de intensa controversia legal en los últimos años.
“Lo que hago diariamente, para ella, no bastó. Dijo que como opositor no tengo ni un 10% de posibilidad de ganar el caso”, manifestó el opositor cubano. Durante la audiencia, Pérez presentó ante la jueza de inmigración un extenso dossier con pruebas que incluían citaciones policiales, informes de detención, imágenes de manifestaciones y cartas de apoyo de otros activistas y organizaciones en el exilio.
No obstante, la jueza expresó dudas sobre la autenticidad y actualidad de la documentación. En su dictamen verbal, afirmó que las pruebas presentadas no eran suficientes para demostrar que Pérez enfrentaría un riesgo creíble de persecución si fuera devuelto a Cuba, y estimó que su solicitud tenía “menos de un 10 % de posibilidad de ser aprobada”.
La defensa del opositor, integrada por abogados especializados en inmigración y activistas del sur de Florida como Rosaly Chaviano, reaccionaron con consternación a la decisión. “Los fiscales tienden a desconfiar de los documentos emitidos por el propio régimen, como las citaciones oficiales, y descartan evidencias por ser ‘muy antiguas’, como si eso las invalidara”. «Esta negativa pone en peligro no solo a Joel, sino a otros solicitantes con casos similares que podrían ser devueltos a un país donde sus vidas corren peligro”, denunció un miembro de su equipo legal.
Los abogados anunciaron que apelarán la decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), y que reforzarán el expediente con nuevas evidencias, entre ellas testimonios presenciales, declaraciones juradas de otros opositores y documentación oficial que demuestre la participación activa de Pérez en actos de protesta. También se prevé acudir a tribunales federales si fuera necesario, dada la gravedad del caso.
Un caso parecido al de Joel es el del bioquímico cubano Oscar Casanella quien estuvo por más de seis horas en una corte de inmigración en Miami y así todo desestimaron su caso y ahora se enfrenta a una posible deportación a Cuba.
El fallo ocurre en medio de un ambiente cada vez más restrictivo para los solicitantes de asilo político en Estados Unidos, especialmente para los migrantes cubanos que ingresaron con documentos I-220A, los cuales no son reconocidos formalmente como “parole” migratorio por muchas cortes de inmigración. Esta situación ha generado un limbo legal para miles de personas que no pueden acceder a beneficios migratorios ni regularizar su estatus, y que al mismo tiempo enfrentan procesos de deportación sin una garantía clara de protección internacional.
Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de que opositores cubanos sean devueltos a la isla, donde podrían ser encarcelados o sufrir represalias por haber huido del país y haber denunciado públicamente al régimen. Casos como el de Joel Pérez reflejan los obstáculos crecientes que enfrentan quienes buscan refugio en suelo estadounidense y evidencian una tendencia hacia el endurecimiento de las políticas migratorias, incluso frente a situaciones de persecución política reconocida internacionalmente.
Por ahora, Joel Pérez permanece en libertad bajo supervisión mientras se procesa la apelación. Su caso será seguido de cerca por la comunidad exiliada y defensores de los derechos humanos, que temen que un fallo desfavorable definitivo no solo termine con la esperanza de este activista, sino que se convierta en una señal de advertencia para otros opositores cubanos que han llegado a Estados Unidos en busca de asilo.