Bajo el abrasador sol del verano floridano, más de 700 inmigrantes se encuentran detenidos en un complejo improvisado conocido como “Alligator Alcatraz”, una de las más controvertidas apuestas de la administración Trump para endurecer el control migratorio en Estados Unidos. Sin embargo, lo que más ha despertado indignación pública y política es que al menos 250 de esos internos no tienen antecedentes penales ni cargos criminales en el país. Su único delito: haber ingresado o permanecido en territorio estadounidense en situación irregular.
Un escenario improvisado en medio de los Everglades
Inaugurado el 1 de julio de 2025, Alligator Alcatraz se levanta sobre una antigua pista de aterrizaje abandonada en los Everglades, rodeada de fauna salvaje y vegetación densa. El lugar, que recibe su nombre por estar literalmente ubicado en un entorno plagado de caimanes, fue concebido bajo la idea de servir como un espacio seguro y aislado para alojar a inmigrantes a la espera de procesos de deportación.
En lugar de instalaciones convencionales, el centro está compuesto por carpas militares y estructuras modulares, con literas metálicas y espacios comunes mínimos. Las temperaturas en el interior pueden superar los 30 grados Celsius, exacerbadas por el plástico y la lona que componen gran parte de las cubiertas. Las autoridades describen el lugar como seguro y “provisional”, pero para quienes han logrado visitarlo, las condiciones rayan en lo inhumano.
Un perfil migratorio que enciende el debate
La mayoría de los internos provienen de México, Guatemala y Cuba, y muchos ingresaron legalmente bajo programas como el parole humanitario, habilitados en los últimos años para atender crisis migratorias y humanitarias. Pese a no contar con antecedentes criminales, han sido recluidos mientras esperan una respuesta a sus solicitudes de asilo o resolución de sus procesos migratorios.
Para activistas y abogados migratorios, resulta alarmante que personas sin historial delictivo estén siendo tratadas con la misma severidad que individuos acusados de delitos graves. “Estamos criminalizando la migración administrativa”, denuncian.
Sin embargo, la vocera Tricia McLaughlin considera que muchos de los detenidos pueden ser terroristas o pandilleros que no tienen antecedentes penales registrados en el país, pero al entrar a Estados Unidos de una forma u otra violaron las leyes estadounidenses y con esta medida de expulsión el pueblo es el más beneficiado.
Condiciones deplorables: denuncias de violaciones a derechos humanos
La situación dentro de Alligator Alcatraz ha sido calificada por legisladores demócratas como un “campo de internamiento”. Una delegación conformada por Debbie Wasserman Schultz, Carlos Smith, Anna Eskamani, Maxwell Frost y Darren Soto visitó el lugar y describió escenas preocupantes:
- Insectos en colchones y duchas, lo que ha derivado en brotes de sarpullidos y alergias entre los internos.
- Falta de privacidad, con áreas de aseo colectivo y separaciones improvisadas.
- Alimentación insuficiente, con raciones mínimas que no cumplen los estándares calóricos recomendados.
- Agua escasa y compartida, generando temores de contagios y problemas de higiene.
Además, se han reportado problemas graves de salud entre los detenidos. Varias personas sufren enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y asma, y no estarían recibiendo el tratamiento médico adecuado. Algunas versiones no oficiales apuntan incluso a fallecimientos ocurridos dentro del centro, aunque las autoridades no han confirmado públicamente ninguna muerte relacionada con las condiciones del lugar.
Una infraestructura construida bajo controversia
Alligator Alcatraz no solo ha despertado críticas por sus condiciones internas. Su misma construcción está bajo la lupa legal y ambiental. Según han revelado medios locales, el centro fue edificado sin cumplir procesos de licitación pública ni estudios de impacto ambiental. Organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas han interpuesto demandas judiciales, argumentando que la instalación amenaza la delicada biodiversidad de los Everglades, declarados Patrimonio de la Humanidad.
El gobernador Ron DeSantis, junto con el fiscal estatal James Uthmeier, han defendido la iniciativa, argumentando que el proyecto es esencial para proteger la frontera y mantener bajo control el flujo migratorio, al tiempo que descongestiona otras cárceles federales ya saturadas.
Un proyecto político bajo fuego
Detrás de Alligator Alcatraz se encuentra una fuerte carga política. Para la administración Trump y líderes republicanos locales, el centro representa una herramienta legítima para combatir lo que describen como una “crisis migratoria sin precedentes”. Desde su visión, mantener a los inmigrantes en un lugar remoto y controlado permite acelerar procesos de deportación y reducir la presión sobre recursos estatales y federales.
Sin embargo, para demócratas y defensores de derechos humanos, Alligator Alcatraz es un símbolo del trato inhumano que se le está dando a personas cuyo único delito ha sido buscar refugio o mejores oportunidades en Estados Unidos. “Es un montaje político que atenta contra los derechos humanos más básicos”, afirmó la congresista Debbie Wasserman Schultz durante su visita.
División política y social
Mientras la administración republicana insiste en que las condiciones del centro son “adecuadas” y que los internos están recibiendo trato digno, los legisladores demócratas han exigido su cierre inmediato. “Nadie, y mucho menos personas sin antecedentes criminales, merece vivir bajo esas condiciones”, sostuvo el congresista Darren Soto.
Por su parte, sectores conservadores defienden el aislamiento geográfico del centro, señalando que la presencia de caimanes y pantanos actúa como una barrera natural que desincentiva cualquier intento de fuga. “La seguridad natural del entorno es una ventaja, y no hemos visto incidentes de escape”, manifestó un portavoz estatal.
¿Qué sigue para Alligator Alcatraz?
El futuro de Alligator Alcatraz sigue siendo incierto. Sobre la mesa hay demandas legales, presiones políticas y crecientes denuncias de organizaciones nacionales e internacionales. Lo que sí está claro es que el centro ha pasado a ser un símbolo de la batalla ideológica en torno a la migración en Estados Unidos.
Mientras tanto, las más de 250 personas detenidas sin historial criminal siguen en el limbo, a la espera de definiciones migratorias que podrían significar la libertad, la deportación o, en el peor de los casos, la prolongación de su estadía en un lugar que para muchos se ha convertido en una prisión a cielo abierto.