La administración del expresidente Donald Trump continúa marcando su agenda en materia migratoria, esta vez con el endurecimiento de las regulaciones que rigen el acceso de inmigrantes al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como “cupones de alimentos” o “food stamps”.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), liderado por la secretaria Brooke L. Rollins, anunció que ningún inmigrante indocumentado podrá acceder a estos beneficios, reforzando controles de verificación de identidad y estatus migratorio. Aunque la restricción ya existía desde la Ley de Reforma de Bienestar de 1996, la actual administración decidió intensificar los mecanismos de supervisión, alegando la existencia de fraudes detectados en distintos estados.
«La generosidad del contribuyente estadounidense ha sido mal utilizada durante demasiado tiempo por interpretaciones erróneas de la ley de reforma de la asistencia social de 1996», dijo Rollins quien añadió que la medida tiene como objetivo acabar con el fraude y el despilfarro a través de programas gubernamentales que financia USDA.
La medida, además, cuenta con el respaldo de otros departamentos federales, incluidos Salud, Trabajo, Justicia y Educación, en un esfuerzo interinstitucional por redefinir qué se considera un “beneficio público federal”. Esto busca impedir el acceso a programas de ayuda social a personas cuyo estatus migratorio no cumpla con las exigencias legales vigentes.
Un proceso gradual de restricciones
El reforzamiento de las reglas sobre el uso de SNAP no es un hecho aislado. Desde principios de este año, la administración Trump ha aplicado varias medidas dirigidas a restringir los beneficios alimentarios.
- Febrero 2025: Prohibición del uso de SNAP para la compra de alimentos considerados “chatarra”, entre ellos refrescos, dulces, entre otros.
- Abril 2025: Estados obligados a implementar sistemas de verificación más estrictos para identificar beneficiarios.
- Mayo 2025: Implementación de intercambios de información en tiempo real entre las bases de datos estatales y el gobierno federal, facilitando cruces de datos migratorios.
Todos estos elementos fueron promovidos por el partido republicano en la Cámara de Representantes en apoyo a las promesas de campaña del actual mandatario estadounidense.
Inmigrantes legales también afectados
Aunque la atención se ha centrado en los inmigrantes indocumentados, las nuevas disposiciones también impactarán a inmigrantes con estatus migratorio legal limitado, como los acogidos a programas de asilo o bajo parole humanitario. En estos casos, la caducidad de su estatus implicaría la pérdida automática del acceso a SNAP, lo que amenaza con agravar su ya precaria situación económica.
Consecuencias para comunidades vulnerables
Organizaciones defensoras de derechos de los migrantes han advertido sobre las graves consecuencias sociales que podrían derivarse de estas políticas. La eliminación o restricción del acceso a cupones de alimentos podría profundizar la inseguridad alimentaria en comunidades vulnerables, especialmente entre inmigrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, quienes en su mayoría dependen de estos beneficios para cubrir necesidades básicas.
Asimismo, algunos expertos temen que el endurecimiento de estas políticas empuje a ciertos inmigrantes a abandonar el país o a recurrir a redes de ayuda informal, lo cual podría tener efectos negativos en la salud pública y en la economía local, especialmente en estados con alta densidad de población migrante.
Mientras tanto, sectores conservadores han respaldado la medida, argumentando que es necesaria para proteger los recursos públicos y garantizar que los beneficios sociales lleguen únicamente a quienes tienen derecho legal a recibirlos.
Debate encendido
El reforzamiento de las restricciones sobre SNAP se inserta en el amplio debate sobre la inmigración y los beneficios sociales en Estados Unidos, tema que ha cobrado aún mayor protagonismo de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
Para muchos inmigrantes, esta nueva ofensiva representa una amenaza directa a su seguridad alimentaria y estabilidad, mientras que para la administración Trump y sus aliados constituye un paso más en la consolidación de una política migratoria más estricta, centrada en la contención de los flujos migratorios y la reducción del gasto social.
