Una corte federal en New Hampshire ha propinado un revés significativo a los esfuerzos del presidente Donald Trump por suprimir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. El juez Joseph LaPlante bloqueó de manera preliminar la orden ejecutiva de Trump que buscaba negar la ciudadanía automática a hijos nacidos en territorio estadounidense de padres indocumentados o con estatus migratorio temporal, reavivando así el encendido debate sobre el alcance de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.
Una Demanda de Alcance Nacional
La decisión surge en el marco de una demanda colectiva certificada en New Hampshire, que abarca a todos los niños nacidos o por nacer en Estados Unidos cuyos padres se encuentran sin estatus legal o bajo permisos temporales. Según el juez LaPlante, la orden ejecutiva provocaría un daño “inmediato e irreparable” y vulneraría el texto claro de la Constitución, el cual establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos… son ciudadanos de Estados Unidos”.
“El argumento de que los hijos de inmigrantes indocumentados no están ‘sujetos a la jurisdicción’ de Estados Unidos carece de base legal suficiente para justificar la privación de su ciudadanía”, señaló el juez en su fallo.
Contexto Constitucional y Político
La disputa se centra en la interpretación de la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda. Mientras el gobierno de Trump sostiene que la frase “sujeto a la jurisdicción” excluye a hijos de migrantes sin estatus legal, numerosos expertos y tribunales han ratificado que el principio de ius soli (derecho de suelo) protege la ciudadanía de cualquier persona nacida en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha impulsado una agenda migratoria más restrictiva. Su orden ejecutiva, firmada a principios de este año, ha provocado una oleada de demandas en distintas jurisdicciones, incluidos estados como Maryland y Washington.
Un Debate con Efectos Nacionales
El fallo en New Hampshire adquiere relevancia nacional, especialmente tras la decisión reciente de la Corte Suprema de limitar el alcance de las órdenes judiciales de efecto nacional. No obstante, la alta corte dejó abierta la puerta para demandas colectivas como la que se desarrolla en este caso.
Organizaciones defensoras de derechos civiles, como la ACLU, han celebrado el fallo, subrayando que ofrece “una importante capa de protección y seguridad jurídica a miles de familias que viven bajo incertidumbre.”
“El derecho a la ciudadanía por nacimiento es uno de los pilares más sólidos de nuestra democracia. Esta decisión reafirma que nadie está por encima de la Constitución”, declaró un portavoz de la organización.
Próximos Pasos Legales
Aunque el juez LaPlante impuso una suspensión inicial, otorgó siete días al gobierno federal para presentar una apelación. Se anticipa que el equipo legal de Trump lleve el caso ante la Corte de Apelaciones, lo que podría escalar eventualmente hasta la Corte Suprema.
Mientras tanto, la orden ejecutiva permanece bloqueada, y los niños nacidos en suelo estadounidense continúan siendo considerados ciudadanos, tal como lo estipula la Constitución.
«La Constitución no alberga una cláusula de golpe de suerte que otorgue la ciudadanía estadounidense a… los hijos de aquellos que han eludido (o desafiado abiertamente) las leyes de inmigración federales», refiere la defensa del gobierno de Trump.
Implicaciones Humanas y Políticas
Más allá de las implicaciones legales, el caso tiene un fuerte impacto humano y político. De prosperar la iniciativa de Trump, miles de niños podrían quedar en un limbo migratorio, sin ciudadanía y sin protección legal, lo que generaría consecuencias devastadoras para familias enteras.
Para muchos expertos, este es uno de los litigios más trascendentales en materia de inmigración en la historia reciente de Estados Unidos, pues pone en juego no solo la interpretación constitucional, sino también el futuro de millones de personas cuya vida está entrelazada con el suelo estadounidense. La batalla legal está lejos de terminar, y el país sigue expectante ante un debate que podría redefinir el concepto mismo de ciudadanía en Estados Unidos.
Para las familias inmigrantes, este derecho representa mucho más que un documento legal. Significa seguridad y estabilidad para sus hijos, quienes al ser ciudadanos disfrutan de protección constitucional, acceso a educación, salud y servicios sociales, además de la libertad de trabajar legalmente y viajar con pasaporte estadounidense.
Uno de los beneficios más significativos surge cuando estos niños alcanzan la mayoría de edad: pueden solicitar la residencia legal para sus padres, abriendo puertas a la reunificación familiar y a la legalización de situaciones migratorias irregulares. Además, al ser ciudadanos, estos jóvenes tienen el derecho de participar políticamente, votar y formar parte activa de la sociedad, lo que fortalece la democracia y la integración social.
