Juez federal bloquea restricción de asilo en la frontera sur de EE.UU que promueve el presidente Donald Trump

La política migratoria del presidente Donald Trump ha vuelto a colocarse en el centro del debate público y judicial durante su segundo mandato iniciado en enero de este año. Fiel al enfoque que marcó su primera administración, Trump ha recurrido de forma reiterada a instrumentos legales —órdenes ejecutivas, decretos y regulaciones— para restringir la inmigración hacia Estados Unidos, especialmente en lo referido al acceso al asilo en la frontera sur.

Esta semana, un juez federal bloqueó la más reciente de esas iniciativas, al dictaminar que la nueva orden presidencial que limitaba el derecho de solicitar asilo es contraria a la legislación vigente. El fallo fue emitido por el juez Randolph Moss, quien sostuvo que ni la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) ni la Constitución otorgan al presidente la facultad de reescribir de forma unilateral las normas que regulan el asilo.


“Las dificultades administrativas no autorizan al presidente a ignorar el marco legal establecido por el Congreso”, señaló el magistrado en su resolución.

Estrategia legal repetida

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump ya había hecho de las acciones legales una herramienta fundamental para limitar la inmigración. Entre las medidas más emblemáticas se encontraron el veto migratorio a ciudadanos de países mayoritariamente musulmanes, la política de “tolerancia cero” que derivó en la separación de miles de familias en la frontera, y la cancelación del programa DACA, que protege de la deportación a jóvenes migrantes conocidos como “dreamers”.

Varias de estas políticas fueron impugnadas en tribunales federales, generando múltiples reveses judiciales para la Casa Blanca. No obstante, Trump ha mantenido su estrategia en su segundo mandato, impulsando nuevamente cambios normativos que afectan el sistema migratorio.

Nueva restricción al asilo

La orden ejecutiva ahora bloqueada establecía que ningún migrante que llegara a la frontera sur podría solicitar asilo si no había pedido protección previamente en otro país por el que hubiera transitado. Según la administración, la medida buscaba reducir la presión sobre un sistema de asilo que, argumentan, se encuentra desbordado.

Organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes sostuvieron, en cambio, que la norma vulneraba derechos fundamentales y exponía a miles de personas a situaciones de violencia en terceros países. Trece solicitantes de asilo y tres entidades defensoras de inmigrantes interpusieron la demanda que finalmente derivó en el fallo del juez Moss.


El magistrado, además, permitió certificar la demanda como colectiva, lo que amplía el alcance de su decisión a otras personas en situaciones similares a las de los demandantes originales.

Camino legal pendiente

El gobierno dispone ahora de un plazo de 14 días para interponer un recurso ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. La Casa Blanca indicó que está evaluando todas las vías legales para defender la medida.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), organización que lidera varias de estas causas, calificó la decisión judicial como “histórica” y recordó que “ni siquiera el presidente está por encima de las leyes aprobadas por el Congreso”.

Impacto humano y político

El fallo representa un nuevo freno judicial a las políticas migratorias de Trump y prolonga el pulso que, desde 2017, enfrenta a la Casa Blanca con organizaciones defensoras de migrantes, cortes federales y gobiernos locales.

Mientras tanto, miles de solicitantes de asilo permanecen en situación de incertidumbre a lo largo de la frontera sur, a la espera de definiciones políticas y judiciales que determinarán su futuro en Estados Unidos.



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