La administración de Donald Trump ha reavivado uno de los aspectos más polémicos de su política migratoria: la desnacionalización de ciudadanos estadounidenses naturalizados. Un nuevo memorando del Departamento de Justicia (DOJ), publicado el 11 de junio, instruye a los fiscales a priorizar procesos civiles para revocar la ciudadanía de personas que la habrían obtenido de manera fraudulenta o que representen una amenaza a la seguridad pública.
El memorando establece diez categorías prioritarias de individuos que podrían estar en la mira, incluyendo personas vinculadas a crímenes violentos, terrorismo, pandillas, fraude financiero o médico, y otros delitos considerados graves. Según cálculos citados por defensores de derechos civiles, esta directriz podría afectar potencialmente a más de 25 millones de estadounidenses naturalizados, generando temor e incertidumbre en amplios sectores de la población inmigrante.
“La verdadera amenaza es que la administración está instruyendo al DOJ a ‘priorizar’ casos de desnacionalización. Esto inevitablemente llevará a que personas sean despojadas erróneamente de su ciudadanía”, alertó un abogado especializado en inmigración.
La desnaturalización se empleó en la década del 40 en la era McCarthy, en los años 50, durante la administración del expresidente Barack Obama y en el primer mandato de Donald Trump. La finalidad de esta estrategia es revocar la ciudadanía de aquellas personas que mintieron sobre sanciones penales anteriores o su participación en grupos comunistas o nazis.
«En el apogeo de la desnaturalización, se presentaban alrededor de 22.000 casos de desnaturalización al año, y esto era en una población más pequeña. Fue enorme», Cassandra Robertson, profesora de derecho en la Universidad Case Western Reserve.
«La División Civil priorizará y perseguirá al máximo los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por la evidencia», escribió en un memorándum el fiscal general adjunto Brett A. Shumate.
Procesos civiles: menos protecciones legales
Una de las mayores controversias radica en que estos casos se llevarán adelante como procesos civiles, no penales. Esto implica una menor carga probatoria: el gobierno solo necesita demostrar su caso bajo el estándar de “preponderancia de evidencia” —es decir, más probable que no— en lugar de “más allá de toda duda razonable”, como ocurre en el ámbito penal.
Además, las personas sometidas a estos procesos no tienen garantizado el derecho a un abogado público, lo que, para críticos, crea un sistema en el que la ciudadanía adquirida podría convertirse en una ciudadanía de segunda clase.
Hans von Spakovsky, de la conservadora Heritage Foundation está de acuerdo con esta medida del Departamento de Justicia. «No entiendo cómo alguien podría oponerse a que el Departamento de Justicia tome tales medidas para proteger a la nación de depredadores, criminales y terroristas obvios», dijo Spakovsky. Igualmente manifestó que esas personas tendrán el abogado que sean capaces de contratar, pero el gobierno de EE.UU y los contribuyentes no deben pagar ese abogado.
“Es profundamente inquietante que el gobierno pueda intentar arrebatar la ciudadanía a alguien sin las mismas garantías legales que existen en un proceso criminal”, Cassandra Robertson, profesora de derecho en la Universidad Case Western Reserve.
Casos concretos y precedentes históricos
Uno de los casos recientes que ilustra esta política es el de Elliott Duke, un veterano naturalizado originario del Reino Unido, condenado por distribución de pornografía infantil. Duke no reveló sus antecedentes criminales durante el proceso de naturalización, lo que llevó al DOJ a iniciar su desnacionalización. Si bien se trata de un caso con delitos graves, defensores de migrantes temen que este mecanismo pueda expandirse hacia personas que cometieron errores menores o que fueron mal asesoradas durante sus trámites migratorios.
«Mi corazón se rompió cuando leí las líneas [de la orden]. Mi mundo se desmoronó», dijo Duke en aquel momento.
Laura Bingham, directora ejecutiva del Instituto de Innovación y Tecnología de Derecho de la Universidad de Temple explicó que a pesar de los delitos que cometió Duke, su actuar es un antecedente peligroso. La ciudadanía «no se supone que sea algo que se pueda abrir continuamente para algunas personas, y no para otras», dijo Bingham.
Organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) han comparado esta ofensiva con episodios históricos como el macartismo, cuando ciudadanos estadounidenses fueron perseguidos o despojados de derechos por razones políticas o ideológicas. Advierten que estas políticas podrían utilizarse de manera arbitraria o selectiva para castigar disidencias o determinados grupos étnicos.
Temor en comunidades inmigrantes
El anuncio ha encendido alarmas en comunidades inmigrantes que, aunque hayan cumplido todos los requisitos para su naturalización, temen verse envueltas en procesos largos y costosos para defender su estatus de ciudadanos. Abogados especializados señalan que la sola amenaza de desnacionalización puede tener un efecto paralizante, desincentivando la participación cívica y fomentando la desconfianza hacia el gobierno.
“Esto crea un clima de miedo. Las personas naturalizadas siempre vivirán con la incertidumbre de que algún error del pasado pueda costarles la ciudadanía”, señaló un abogado de inmigración entrevistado por NPR.
Una estrategia política más amplia
La política de desnacionalización se enmarca en el enfoque más duro que Trump ha adoptado hacia la inmigración desde su regreso a la contienda política. Durante su segundo mandato, el expresidente ha buscado limitar tanto la inmigración legal como la irregular, incluyendo propuestas para restringir la ciudadanía por nacimiento en suelo estadounidense.
Para sus detractores, se trata de una estrategia política para enviar un mensaje de mano dura a su base electoral. Para sus partidarios, en cambio, es una medida legítima para proteger la seguridad nacional y la integridad del sistema migratorio.
Por el momento el Departamento de Justicia está incrementando los elementos sobre los delitos que pueden conllevar a la pérdida de este importante beneficio. Entre ellos pueden mencionarse violaciones de seguridad nacional, actividades de fraude en contra del gobierno que afectan por ejemplo al Medicare y Medicaid.
En ese sentido, Sameera Hafiz, directora de políticas del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, una organización que ofrece capacitación jurídica sobre las leyes de inmigración dijo: «Ver que esta administración está planeando cómo van a expandir su uso de maneras que no hemos visto antes es muy impactante y muy preocupante».
Steve Lubet, profesor emérito de la Facultad de Derecho Pritzker de la Universidad Northwestern mencionó que el memorándum parece posibilitar al gobierno a tomar decisiones a discreción.
El debate continúa
Mientras el DOJ comienza a aplicar esta nueva directriz, organizaciones de derechos civiles se preparan para litigios que podrían llegar hasta la Corte Suprema. El debate no solo gira en torno a la legalidad de los procesos, sino a una pregunta de fondo: ¿Puede la ciudadanía estadounidense dejar de ser definitiva, incluso décadas después de haber sido adquirida? Para millones de inmigrantes naturalizados, la respuesta a esa pregunta será crucial para su futuro en el país que consideran su hogar.
